Fernando Álvarez

Etólogo. Profesor de Investigación del CSIC, Estación Biológica de Doñana

A los partidarios de la fiesta de los toros les quedan ya pocos argumentos para defender su continuidad en España. Los heterogéneos toros de lidia no merecen siquiera para la genética la consideración de raza. Es falsa la pretendida protección de la dehesa que podría hacer la exigua ubicación de las ganaderías bravas en este hábitat. La Antropología ha reducido la lidia a un resto de antiguos juegos populares de destreza (en lugar del rito sacrificial con que se pretende revestir su verdadera y prosaica naturaleza). Además, la defensa del espectáculo desde la opción filosófica del egoísmo moral no casa con la creciente sensibilidad de la sociedad española hacia el sufrimiento de los animales.

El falaz argumento según el cual el toro no sufre en el ruedo, apoyado en un “estudio” que no merece tal nombre, produce sonrojo, y los partidarios de las corridas ya no acuden a él.

A los defensores de la fiesta tan sólo les queda la defensa a ultranza de la tradición (cualquier tradición, por dañina que esta sea) y los beneficios económicos que de las corridas se derivan (consistentes, en gran parte, en subsidios estatales), y defendidos, naturalmente, por sus perceptores.

Queda un último argumento, y es que cualquiera debe tener libertad para hacer cuanto le plazca: por ejemplo, torturar y matar a un animal en un espectáculo público. Aunque parezca mentira, se ha llegado a evocar esta coartada hasta por el presidente de un minoritario partido político.

En la historia de España, el rechazo a las corridas ha existido siempre, y personas de mayor o menor influencia han mostrado su repudio desde la época medieval, incluyendo personalidades de la Iglesia y la cultura, e incluso reyes (de los siglos XV al XIX, de Isabel la Católica a Carlos IV), de modo que las corridas han sido prohibidas en varias ocasiones, aunque, desde su restauración por José Bonaparte (y su ratificación por Fernando VII), la lidia se mantiene. Con el apoyo prestado a las corridas por el régimen franquista, estas cobraron relieve, aunque, con la modernización de España a la llegada de la democracia, la ciudadanía pierde interés.

El descenso de la atracción de la población española hacia los toros queda de manifiesto en los resultados de las encuestas de la empresa Gallup, en los que el porcentaje del 55% de aficionados en los años setenta, desciende al 50% en los ochenta, y a niveles del 30% en los noventa. Finalmente, la misma empresa muestra un resultado en cuanto a no mostrar ningún interés por las corridas del 69, 72 y 67% en 2002, 2006 y 2008 respectivamente. Este desinterés es especialmente importante en las mujeres (79%) y en los jóvenes (82%), y parece ser más un reducto de hombres con edades superiores a 65 años. El hecho de que tan sólo el 0,2% de los encuestados se abstenga de responder indica que la población tiene bien formada la opinión al respecto.

A pesar de que el público está muy poco interesado en las corridas, la fiesta se mantiene artificialmente gracias a los subsidios a las ganaderías y a las corridas. Las primeras, asimiladas burocráticamente a las explotaciones extensivas de carne, llegan a recibir de la Unión Europea y del Estado español más del 40% de sus ingresos (sin los cuales desaparecerían). El propio espectáculo percibe también pingües beneficios estatales en muy diversas formas, desde la promoción monetaria a diversas actividades taurinas por parte de la Comunidad de Madrid o el fuerte desembolso hacia las escuelas taurinas por parte de la Junta de Andalucía, o la compra y posterior regalo de localidades para asistir a las corridas por diversos ayuntamientos, que también suelen subvencionar las corridas que se realizan en su entorno municipal. El paso de la tauromaquia de depender del Ministerio de Interior al de Cultura el pasado mes de julio y la intención de la titular de este último de solicitar a Hacienda la modificación, en estos tiempos de crisis, del impuesto del IVA del 18% al 8% para los eventos taurinos, denota tanto irresponsabilidad como ausencia de valores.

La propia ministra del ramo ha jugado a la confusión ante las cámaras con los dos significados del término “cultura”, afirmando que los toros lo son, e implícitamente suponiendo que cualquier elemento cultural debe ser apoyado (afortunadamente hemos desechado otros igualmente deleznables).

Finalmente, a la vista de que los jóvenes pierden interés por la lidia, el fuerte grupo de presión de ganaderos y empresarios viene realizando en los últimos años una agresiva campaña para atraer a adolescentes e incluso niños hacia el mundo del toreo, y así impedir la quiebra generacional que daría al traste con el negocio taurino. Aunque, de acuerdo con la estadística, a los españoles apenas les interesan los toros, el lobby taurino ha alcanzado cierto éxito en su acercamiento a las instituciones, y estas (municipios, autonomías, Estado central) vienen colaborando a la empresa. Así lo evidencia la ley de 1992 que levantó la prohibición (vigente desde 1929, con la dictadura de Primo de Rivera) de que los niños asistieran a las corridas, o que empresas de cosos taurinos regalen entradas a la plaza a escolares, con sus profesores. El colmo lo exhibe una escuela infantil de Extremadura, con un torero impartiendo charlas y clases prácticas de toreo a niños de 4 y 5 años, que escuchan al matador con monteras de juguete en sus cabecitas.