El último caso en el tiempo con sentencia en firme de la justicia española por torturas en Euskadi fue, precisamente, la que condenó al actual jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí. El teniente coronel fue condenado el 7 de noviembre de 1997 por la Audiencia de Vizcaya a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por torturar al etarra Kepa Urra en un descampado en 1992. El Supremo le redujo posteriormente la condena a un año de prisión aunque mantuvo la inhabilitación por seis años. Apenas un año, en 1999, después el Gobierno de Aznar le indultó.

El guardia civil Corbi continuó, no obstante, su imparable ascenso hasta coronel jefe de la UCO. Nunca pagó por violar los derechos fundamentales de un detenido. Muy al contrario, fue promocionado... y galardonado. El Estado francés, de hecho, le entregó en 2015 su más alta condecoración, la Legión de Honor. La impunidad de Corbi llega al punto de que hoy día concede entrevistas a diferentes medios de comunicación en las que presume de la lucha antiterrorista y, curiosamente, nadie le pregunta por esa condena por la que fue indultado.

No ha habido más condenas en firme por nuestros tribunales por torturas en Euskadi en el marco de la lucha antiterrorista. Es decir, en la práctica, la última vez que se torturó fue en 1992. Eso sí, entre tanto hubo muchos indultos. El Partido Popular y el Partido Socialista indultaron a al menos 39 policías, mossos y guardias civiles condenados por torturas desde el año 1991, tal y como recogimos en esta información de Público. También hubo hasta 9 condenas del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar las denuncias de torturas. Nueve. Se dice pronto. ¿Os acordáis del caso del periodista Martxelo Otamendi?

Hasta que el martes el TEDH fue un poco más lejos y acreditó que la Guardia Civil infligió un trato inhumano y degradante a dos detenidos, que posteriormente fueron condenados por terrorismo. Por aquellos hechos hubo cuatro guardias civiles condenados por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por torturas graves. El Supremo dudó del trabajo de la Audiencia y absolvió a los guardias y el Constitucional ni siquiera dio amparo a los recursos de Igor Portu y Mattin Sarasola.

El tema se acababa ahí en las estructuras españolas. Al fin y al cabo, los torturados eran dos etarras. Como si su condición de condenados por terrorismo les despojara de sus derechos más fundamentales. O como si este país no supiera ya lo que es que unos guardias civiles confundan a jóvenes inocentes con sospechosos miembros de ETA y los torture hasta la muerte.

Pero la relevancia de la sentencia del TEDH es aún mayor que la confirmación de que en España se ha infligido trato degradante a dos prisioneros y, además, no se han investigado suficientemente sus denuncias. El Tribunal enmienda la plana al Supremo, como bien explica en este artículo de recomendable lectura la periodista Elisa Beni.

No obstante, lo más grave del asunto aún está por llegar. Se trata de la ausencia absoluta de asunción de responsabilidades por todas y cada una de las partes implicadas en este asunto. El ministro de Interior de aquel entonces, Alfredo Pérez Rubalcaba, guarda silencio. Nada que aportar. Del mismo modo que el ministro del Interior actual, Juan Ignacio Zoido. Es más, este periódico contactó el miércoles con Interior para conocer su valoración de la sentencia y si piensa tomar medidas disciplinarias contra los cuatro agentes que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por torturas graves. Cero respuesta.

Nos gustaría saber si los cuatro agentes que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por torturas y absueltos por el Supremo en una sentencia ahora desechada por el TEDH siguen trabajando con el objetivo de defender nuestros derechos fundamentales. Esto es, nos gustaría saber si los agentes Juan Jesús Casas García, José Manuel Escamilla Martín, Sergio García Andrade Macdonal y Sergio Martínez Tomé siguen teniendo el deber y la responsabilidad de velar por nuestra seguridad. Para el ministro del Interior debe ser demasiado querer saber si la violación fragante del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ha tenido alguna repercusión en las carreras carreras de estos guardias civiles.

También debería explicar muchas más cosas el ministro de Justicia, Rafael Catalá. En primer lugar, debería explicarnos cómo es posible que el Supremo anulara una sentencia por torturas cuando el TEDH, con las mismas pruebas, sí que da por acredito esa violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En segundo lugar, también debería explicarnos qué falló para que el mismísimo Tribunal Constitucional no admitiera a trámite el recurso de amparo de los dos miembros de ETA que habían denunciado torturas. ¿O es que no falló nada? ¿Todo funcionó bien?

Sin embargo, Rafael Catalá se limitó en declaraciones a los medios a resaltar que la sentencia del TEDH habla de "malos tratos" y no de "torturas". Como si los hechos descritos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa en los que los guardias civiles se llevan a dos detenidos al monte con el objetivo de castigarlos y golpearlos no fueran suficientemente graves. Para que se hagan una idea, esta es solo una frase de la sentencia de la Audiencia que describe esos malos tratos:

"Le colocaron una pistola en la sien, le dijeron que le iban a hacer como a Mikel Zabalza, le empujaron, le tiraron cuesta abajo y, cuando estaba en el suelo, le endilgaron una serie de patadas en los costados y en las piernas, así como un elenco de puñetazos por todo el cuerpo, llegando a colocarle una bota del pie en la cabeza".

Pero Catalá siempre va un poco más lejos en sus declaraciones y en este caso no iba a ser menos. El ministro de Justicia considera que esta sentencia contra el Estado español supone "un fortalecimiento de la esfera de los derechos de todos los ciudadanos". Humildemente me pregunto que dónde está el fortalecimiento. Sobre todo si se tiene en cuenta que el Estado no ha atendido ni ha modificado ninguna de las estructuras y defectos sistémicos que han permitido que se dieran estos casos y que desde organismos internacionales y ONG's como Amnistía Internacional nos han ido señalando año a año. Por ejemplo, ¿puede explicar el ministro por qué España sigue manteniendo la detención incomunicada? ¿Puede explicar qué sentido tiene si no es para extraer autoinculpaciones?

También llama poderosamente la atención la actitud acrítica de la inmensa mayoría de los medios de comunicación en una condena por violación de derechos humanos. O que la reacción de medios como ABC, la prensa seria, haya sido señalar directamente a los magistrados del TEDH, incluido al magistrado español que consideró que España había violado los derechos humanos de los dos presos. Ninguna reflexión. Ninguna enmienda. Cierre de filas del presunto cuarto poder con el Gobierno.

Más sorprendente es aún leer a la eurodiputada ex de UPyD y vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, preguntarse que a qué quién lleva España a este tribunal "para defenderse de estas actuaciones". Como si el trabajo de los jueces fuese defender a sus países y no a los ciudadanos.

Aunque, a decir verdad y por desgracia, el respeto de los derechos de los ciudadanos nunca ha sido una prioridad. Al menos en Euskadi. Así lo pone de manifiesto el informe que el médico forense Francisco Extebarría presentó hace apenas unos meses, financiado por el Gobierno vasco, en el que documenta que en Euskadi se produjeron entre 1960-2013 más de 4.000 casos de torturas. Nadie desmintió este informe y a nadie se le cayó la cara de vergüenza en el Estado. Por supuesto, nadie dimitió ni nadie investigó si se habían modificado las estructuras que habían permitido la impunidad para esos casos. Es la lucha antiterrorista, amigo.

España ha vulnerado derechos fundamentales de cientos de ciudadanos del Estado y parece que a nadie le importa. Parece que lo sucede en Euskadi no tiene lugar en el resto del Estado. Vivimos, una vez más, un cierre de filas en torno al Estado de derecho, o, mejor dicho, al derecho de Estado. Da igual que se torture, se maltrate o se vulneren derechos fundamentales de inocentes o de ciudadanos condenados por terrorismo. Me da igual. Lo que precisamente nos da legitimidad para exigir la convivencia pacífica es la lucha contra todo tipo de violencia. También contra la del Estado.

Pero en España ha dado igual que nos condene Estrasburgo, una ONG de reconocido prestigio como Amnistía Internacional o Rita la cantaora. La reacción es la misma. Cierre de filas. Y el que levante la voz es antiespañol o filoetarra. Una vez más Spain is different y la tortura, en este país, sigue saliendo gratis. A nuestros agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, pero también a nuestros políticos.