Dice la activista feminista Amelia Tiganus que “ser puta es una prisión con barrotes”. En su libro “La revuelta de las putas” habla sobre su experiencia vital en el mundo de los prostíbulos en España y expone sus reflexiones sobre la necesidad de abolir la prostitución.

Y es que esta semana en el Congreso hemos vivido en la Comisión de Igualdad un duro debate sobre la prostitución en el que las socialistas nos hemos quedado solas defendiendo lo obvio: no hay relaciones laborales en la violación de las mujeres, no es un trabajo ser prostituida.

Y nos hemos quedado solas por querer definir el proxenetismo como “el lucro de la prostitución ajena”. Sin condiciones ni matices.

Porque defendimos, defendemos y defenderemos que la explotación sexual es una de las peores formas de la violencia contra las mujeres. Un atentado contra la dignidad y seguridad de las mujeres que no es compatible con un país democrático como España en el que cuatro de cada diez hombres consumen prostitución. Y que la enmarcan en el ocio y la diversión. Banalización pura de la dignidad de las mujeres. Los que hacen negocio con ellas, y mucho negocio, y los que las “consumen”.

Esto del consumo es la clave. Oferta y demanda. Neoliberalismo en estado puro. Mercancías cambiantes en los prostíbulos españoles al aire libre o en espacios cerrados.

Un neoliberalismo que nos quiere hacer creer en el mito de “la puta feliz”. Esa mujer que “empoderada y libre” decide ofrecer su cuerpo a hombres- puteros- que lo consumen previo pago. Que negocian con ellas o las usan como meros instrumentos. Que tienen la capacidad de desconectar moral y empáticamente para utilizar a una mujer como mercancía que se consume para eyacular y esos, como dice Tiganus “no pueden ser ni buenos compañeros de vida, ni buenos padres, ni buenos amigos”. Esa hipocresía social es la que hay desenmascarar.

No hay libertad de ningún tipo en la explotación sexual. No la hay.

La mercancía, porque así la consideran los proxenetas y los puteros, proviene en su gran mayoría de la trata, las migraciones y contextos de pobreza y vulnerabilidad. Traficadas y prostituidas. Mujeres invisibles y vulnerables. Mujeres de muchas partes del mundo, donde las desigualdades y la falta de oportunidades marcan para siempre su vida.

Y por eso tienen que ser protegidas ante su falta de consentimiento y de libertad. Protegidas y acompañadas en su salida. El Estado y el Código Penal las debe proteger y acompañar. Y el feminismo debe estar ahí, con los derechos humanos de todas estas mujeres. Sin matices.

Y como parece que para algunos grupos políticos nunca es un buen momento para abordar este asunto, el Grupo Socialista -después de quedarnos solas defendiendo la abolición de la prostitución en la Ley de Libertad Sexual- hemos presentado una Proposición de Ley para tipificar el proxenetismo en el Código Penal, perseguir la tercería locativa, que es lucrarse por alquilar un espacio donde se prostituye a las mujeres y sancionar a los hombres que recurran a la prostitución. Los demás grupos tendrán que posicionarse.

Ni un paso atrás. La violación y explotación de las mujeres prostituidas no es un trabajo. Jamás.