Un método infalible para comprobar la cercanía de un período electoral consiste en observar los anuncios grandilocuentes de la Consejería de Educación. El último ha sido el cheque de bachillerato con el que el Gobierno de Ángel Garrido pretende gastar ocho millones de euros para financiar con dinero público el bachillerato en centros privados concertados durante el próximo curso escolar. Se trata de una maniobra cicatera que recuerda al conocido refrán del perro del hortelano, que ni come ni deja comer, pues por un lado sustrae una ayuda pública a quienes más lo necesitan y, por otro, beneficia a muchos menos de lo que se pretende publicitar.

Mientras decenas de centros públicos han comenzado el curso envueltos en obras y desperfectos, mientras la masificación en las aulas públicas dificulta el día a día de alumnado y profesorado, mientras las escuelas públicas a duras penas pueden asumir la gran demanda de estudiantes, el Gobierno regional vuelve a evidenciar que su prioridad es alimentar la privatización de la enseñanza.

Se trata de una ocurrencia que no solo es irresponsable, sino que también tiene tintes delirantes. Sobre todo si se tiene en cuenta que, en los últimos años, el alumnado de Bachillerato en los centros públicos ha crecido un 14,7% y en torno a 1.500 estudiantes no encuentran plaza en la región, mientras que la concertada ha aumentado a un ritmo mucho más sostenido, de un 10,2%. Dado que la labor de cualquier gestor público debería consistir en garantizar la igualdad de oportunidades, la solución parece simple: invertir en la pública para asegurar que cualquier joven madrileño pueda optar a una enseñanza digna y de calidad.

Sin embargo, el Ejecutivo regional ha visto en el abandono de la educación pública una oportunidad para engrasar la maquinaria electoral y prefiere redistribuir a la inversa. No le tiembla el pulso al anunciar que utilizará el dinero de todos para entregárselo a quienes más tienen, aunque sea a costa de arrebatárselo a los que más lo necesitan.

No es sorprendente, dado que esta línea ha sido una constante en las políticas educativas del Partido Popular en Madrid. Los precedentes son numerosos. En 2003, el Gobierno regional implantó el cheque guardería, que otorga una ayuda mensual de hasta 160 euros a aquellas familias que inscriban a sus bebés en guarderías privadas. Solo este año, ha destinado 36,6 millones de euros a este concepto. Mención aparte merece el crecimiento de la Formación Profesional en centros privados y concertados. La apuesta por el modelo privado ha provocado que, en los últimos 8 años, el alumnado haya crecido un 449% en los ciclos de Grado Medio y un 370% en los de Grado Superior.

Con estas medidas, la educación deja de ser un derecho y se convierte así en una golosa oportunidad de negocio. Poco importa que por el camino se agrande la brecha de la desigualdad. El Gobierno regional sigue enarbolando la bandera de la libertad de elección para justificar su blindaje a la concertada, que recibe una inyección de dinero público muy superior a la media nacional. Pero lo cierto es que, paradójicamente, la libertad de elección es lo que no tienen las miles de familias que se ven obligadas a matricular a sus hijos en escuelas concertadas ante la falta de plazas en la pública.

Es una urgencia para la calidad democrática de Madrid que el Gobierno de Garrido deje los cálculos electoralistas para series de televisión como House of Cards y se centre en resolver las necesidades de la mayoría, y en particular de las escuelas públicas, que no son pocas. En los centros públicos hacen falta al menos 91 unidades más y ampliar la plantilla en 150 cupos para asumir el aumento de estudiantes en Bachillerato y no dejar a ningún alumno ni alumna fuera de las aulas.

Estamos ante un nuevo anuncio trampa, el cheque bachillerato, que se promociona agitando la bandera de la libertad de elección como una medida estrella. Pero ni libertad, ni igualdad ni fraternidad; y ni siquiera serán 3.000 los estudiantes beneficiados. Con la calculadora en la mano, las cuentas no fallan: apenas cubriría a 2.000 alumnos y alumnas. No obstante, el objetivo simbólico y publicitario –parece pensar el Gobierno de Garrido– estaría conseguido y las consecuencias directas, es decir, menos libertad y más desigualdad para la mayoría, no importan si hay rédito electoral.

En definitiva, se añadiría otro elemento de quiebra de la fraternidad entre los madrileños, porque este cheque para unos pocos aumentaría los privilegios de los que ya disfrutan los que más tienen a costa de dar la espalda a los que más lo necesitan y de que siga creciendo el número de los que se quedan en el camino por no tener oportunidades ni posibilidad de ejercer su derecho a la educación. Ni más ni menos que una catástrofe en términos de democracia real. Exactamente es eso.