PERE ORTEGA

A propósito del gasto militar existen dos grandes tópicos. Uno, el utilizado por los estados para justificar la inevitable, dicen, existencia de los ejércitos. El cual se basa en la creencia de que los ejércitos ofrecen seguridad a los ciudadanos, cuando lo cierto es que los conflictos armados y guerras no han amainado en el planeta.

El segundo tópico, este extendido entre la población, es el de rechazo al gasto militar por considerarlo improductivo por superfluo. Para contrarrestar esa opinión pública desfavorable, los gobiernos recurren a minimizar al máximo el gasto militar e ingeniárselas para camuflarlo mediante fórmulas de contabilidad creativa dentro de los Presupuestos del Estado. Ello no tiene excesivas dificultades pues, consignando en menor cuantía algunas partidas militares, para después, en el transcurso del ejercicio, complementar, zanja el asunto. También se pueden asignar partidas militares a otros ministerios que no son el de Defensa. Este es un caso muy extendido tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos, y en el caso particular de España que he estudiado.

Esto viene a cuento del artículo Gasto militar y otros tópicos, de Jesús Cuadrado (Público, 12-11-08), en el que sostiene que España, según la OTAN, mantiene un gasto que representa el 1,2% del PIB. Esto es cierto si se circunscribe exclusivamente al gasto del Ministerio de Defensa. Pero si se tiene en cuenta lo que la misma OTAN recomienda a los estados –que deben incluir como gasto militar todas aquellas partidas relacionadas con la defensa–, entonces, en el caso español, nos encontramos que diversos gastos de defensa se encuentran repartidos entre otros ministerios. Tales son el I+D militar, las contribuciones a organismos internacionales militares, las pensiones y mutuas militares, o la Guardia Civil, un cuerpo que debería ser civil, como reclaman sus integrantes, pero que en cambio se rige por el código militar. Entonces, el porcentaje aumenta y se sitúa en el 1,7% del PIB este año 2008.

Pero aún hay más. Este cálculo se establece sobre los presupuestos iniciales, cuando se aprueban en el Congreso de Diputados. Pero si se observa la liquidación del presupuesto al finalizar el ejercicio, entonces encontramos que sobre el presupuesto inicial existen desviaciones que oscilan, según los años, entre un 15% y un 20%. En 2007 la desviación ha ascendido a 1.500 millones de euros, con lo que el porcentaje respecto al PIB aumenta otro poco más, hasta situarse en torno al 2%.

Pongamos algunos ejemplos. Las misiones militares en el exterior han sido presupuestadas este 2008 en 17,36 millones de euros. Según declaró ante la Comisión de Defensa el secretario de Estado para la Defensa, en lo que va de año se llevan gastados 688 millones de euros.

El I+D militar es otra de las trampas presupuestarias: cada año se otorgan desde el Ministerio de Industria créditos a las industrias militares para llevar a cabo nuevos prototipos de armamentos. Como se trata de créditos iniciados en 1997, han acumulado una deuda con el Ministerio de Defensa de 13.254 millones de euros. Este año 2008 se han otorgado 1.308 millones. A una pregunta parlamentaria de IC-EUiA, se le respondió, el 23 de junio pasado, que se han retornado 81,45 millones desde 1997. ¿Cabe la esperanza de recobrar esos créditos? ¿O se trata de un gasto militar camuflado? Yo me temo que, más temprano que tarde, esa deuda será condonada, convirtiéndose en gasto militar.

Otros casos son las pensiones de los militares jubilados o en la reserva, que son abonados desde la Seguridad Social; las contribuciones a organismos internacionales en asuntos militares (tratados de desarme y OTAN) que surgen del Ministerio de Exteriores; o la parte de los intereses de la deuda del Estado, que, en el caso de las inversiones militares, alcanzaron el 16% del total de todas las inversiones de España.

Por último, Jesús Cuadrado acusa de pereza intelectual y moral a las gentes de izquierda que cuestionan los ejércitos, las intervenciones militares en el exterior y el gasto militar. Yo iría más lejos y extendería esa acusación de pereza a la derecha y al centro del arco político. Pues la mayoría de la clase política se sitúa en la inercia de mantener la seguridad a través de los ejércitos, cuando estos no parecen haber hecho disminuir los conflictos armados en el planeta. Así, hoy tenemos 25 millones de soldados repartidos por todo el globo, dos millones en la UE, mientras sigue sin llegar el necesario gobierno mundial que pudiera regir mediante un contrato de mínimos la salvaguarda de la paz.

Es decir, la ONU sigue sin disponer de recursos, entre otros, unos cuerpos propios para el mantenimiento de la paz, cuerpos que hoy (cascos azules) son cedidos en función de los intereses particulares de los estados.

Pero es que la ONU continúa prisionera de la banda de los cinco (EEUU, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña), que, mediante el derecho de veto, impiden cualquier intento de democratización del organismo. Ojalá dispusiera de esos recursos, pues indicaría más salud democrática, mayor autonomía política y mejor disposición para hacer frente a catástrofes humanitarias, naturales y crímenes de lesa humanidad.

Entonces podríamos empezar a disminuir o eliminar esos 25 millones de soldados nacionales, pues su misión quedaría reducida a asegurar la paz interior de los estados, pues de la exterior ya se encargaría la ONU. Y, de paso, reduciríamos el gasto militar que, según datos oficiales de los gobiernos, es de 1.350 billones de dólares al año, el 2,5% del PIB mundial.

Pere Ortega es investigador en paz y desarme del Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs (Justicia i Pau)

Ilustración de Mikel Jaso