Pere Ortega, Centre d’Estudis per la Pau

La aritmética es una ciencia exacta, pero los números cada uno los hace bailar a su manera. Esto es lo que pasa con las cuentas del presupuesto de Defensa: en los últimos cuatro años, el Gobierno nos ha presentado un presupuesto con unos números que representan un descenso respecto al año anterior. Luego, en el transcurso del ejercicio, esas cifras se han visto ampliadas con aportaciones extraordinarias, y al finalizar el ejercicio, acaban con un incremento que, según el año, oscila entre un 15% y un 20%, y que en el último decenio han supuesto un promedio de 1.400 millones de euros anuales.

Este mismo año 2012 se han superado todos los récords, se ha concedido un crédito extraordinario de 1.827,7 millones para pagar los Programas Especiales de Armamentos (PEAs), los cazas Eurofigther, los blindados Leopardo y Pizarro, los diversos buques militares, los helicópteros Tigre y NH-90, y así hasta 19 programas de armas. Pero, además, se han suplementado otras partidas, como es el caso de las operaciones militares en el exterior, denominadas de manera eufemística “de mantenimiento de la paz”, cuando lo que están llevando a cabo en Afganistán es apoyo a una de las partes en una guerra civil; o en el océano Índico, donde protegen a los atuneros que expolian los caladeros frente a Somalia. Una partida a la que cada año se le asignan unos insuficientes 14,36 millones, que acaba el año superando los 850 millones y que es suplementada desde los Fondos de Contingencia, un cajón de sastre de donde se echa mano para ese pago. Otra fuente de ingresos es la generada por la venta de patrimonio público en manos de Defensa, que es uno de los mayores propietarios de patrimonio del Estado: cuarteles, viviendas, campos de tiro, bases e instalaciones diversas. En los últimos años se ha permitido la enajenación de dichas propiedades, lo que este año ha aportado 243 millones a las arcas de Defensa. Una cuantía que se destina, mayoritariamente, al pago de armamentos.

Estas modificaciones, que han suplementado el presupuesto de Defensa en 2.826,7 millones han supuesto un incremento, hasta septiembre de 2012, de un 27% respecto al presupuesto inicial, cuando, en boca del Gobierno, se había anunciado que disminuía un 8,8%. Una rebaja que se ha convertido en una estrepitoso engaño, pues hay recursos para suplementar el gasto de las fuerzas armadas pero no para gasto social o para el desarrollo de la economía productiva.

La previsión de pago del Ministerio de Defensa para el próximo año respecto de los controvertidos PEAs, de los cuales se adeudan nada más y nada menos que 32.000 millones, es de 6,84 millones. ¿Ocurrirá lo mismo que en 2012 y, avanzada la legislatura, se volverán a proporcionar más créditos extraordinarios para pagar las armas? La respuesta la ha dado el secretario de Defensa, Pedro Argüelles, ante la Comisión de Defensa del 8 de octubre, donde afirmó que no descartaba recurrir de nuevo a créditos para hacer frente al pago de esas armas. Se puede afirmar, por tanto, que la propuesta de disminuir un 6,7% el presupuesto de Defensa para el próximo 2013 (hasta 6.913,6 millones) es, sin ningún género de dudas, una falsedad.

Pero también hay una segunda cuestión que tiene que ver con la manera de contabilizar el gasto militar. La OTAN expone unos criterios sobre cómo los estados miembros deben presentar las cuentas. Y, siguiendo esos criterios, se debería tener presentes todos los gastos militares repartidos por otros ministerios, como las clases pasivas militares, la mutua militar, las contribuciones a organismos militares internacionales, el cuerpo militar de la GuardiaCivil y las ayudas en I+D militar del Ministerio de Industria. Entonces la cuantía se dobla y asciende a 13.708,3 millones. Si a ello se añade la parte proporcional de los intereses de la deuda de Defensa -que en su conjunto, y debido a la mala salud de la economía, aumentan de manera considerable- y se tienen en cuentas las aportaciones extraordinarias que se suman durante el ejercicio, el gasto militar para el año 2013 superará los 16.000 millones de euros.

Los apologetas de la defensa armada esgrimen, como principal argumento del gasto militar, los enormes beneficios que reporta a la economía nacional la producción de armamentos por los efectos del trasvase de tecnologías en I+D a la producción de bienes civiles. Una especulación demostrada en contadísimos casos, cuando, al contrario, está demostrado que el gasto militar entorpece el crecimiento de la economía productiva, pues, como demuestran esos PEAs, genera endeudamiento y déficit público.

Los enormes recursos que absorben esos costosísimos programas de armamentos en la España del 25% de la población activa en paro no responden a las necesidades reales de seguridad de los españoles, sino al contrario, contribuyen a la inseguridad, destruyendo la economía real.