Para lograr una justicia igualitaria necesitamos leyes feministas. Cada vez más leyes lo son, pero existen todavía en vigor algunas figuras claramente inspiradas en el patriarcado. Nuestras primeras regulaciones se crearon por y a la medida de los hombres (y no de cualquier hombre, sino del hombre blanco europeo heterosexual). Ejemplo de ello es “el buen padre de familia” de nuestro Código Civil, que se refiere a la diligencia que debe tener una persona para considerar que ha actuado correctamente, aunque se haya producido un daño.

Nuestras normas más recientes tampoco han tenido en cuenta a las mujeres. La Constitución Española, nada sospechosa de antidemocrática –aunque la jefatura del Estado se adquiera por nacimiento– solo se acuerda de nosotras para decirnos que el hombre es preferido a la mujer para ser Rey (art. 57) y que las mujeres tenemos derecho a contraer matrimonio (art. 32). Se supone que tenemos también todos los demás derechos (menos mal), aunque no nos nombran expresamente. Y ya se sabe que lo que no se nombra no existe, aunque la RAE insista en que nos sintamos incluidas en el masculino genérico.

En segundo lugar, por muchas leyes feministas que tengamos si las personas que las aplicamos no lo somos jamás conseguiremos una justicia igualitaria. Para ello tenemos que transformar el Poder Judicial desde su raíz. Como las leyes que mencionaba antes, nuestras instituciones fueron también creadas por y para hombres. Durante años hemos oído que cuantas más mujeres hubiera en el Poder Judicial, más justo y democrático sería. Pues bien, ese momento ha llegado. A día de hoy las juezas ya representamos más del 50% en la carrera, en las últimas promociones incluso más del 70%. Pese a ello, seguimos sin estar representadas en los altos tribunales y puestos de gobierno. Nos hemos esforzado por formar parte de este “club” creado por y para hombres, pero no somos suficientemente buenas como para dirigirlo.

Quiero destacar el informe de la Asamblea General de la ONU del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica en España de 17 de junio de 2015 que de forma expresa instó al Estado español a que “aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la administración pública, en particular en los niveles más altos de la judicatura”. Estamos en 2023 y no consta que se haya aplicado ninguna medida efectiva. La foto de hombres al inicio de cada año judicial sigue repitiéndose. Se ha aprobado un plan de igualdad en el Consejo General del Poder Judicial que no se está cumpliendo. Sigue existiendo brecha salarial, pues, aunque formalmente cobramos lo mismo, hay otros emolumentos (como direcciones de cursos, conferencias, preparación de oposiciones, etc.) a los que no tenemos acceso en la misma medida que los hombres. Seguimos faltando en los altos Tribunales.

Las normas que distinguen qué es un mérito y qué no lo es son discriminatorias en la práctica. Entre otras cosas, para conseguir llegar a esos puestos de responsabilidad se nos exige ser UNO más, adaptarnos de lleno a este sistema que se creó sin tenernos en cuenta. Pero las mujeres -las juezas también- ni queremos ni podemos ser uno más. Si no cambiamos el Poder Judicial desde dentro, por muchas mujeres que seamos, no va a mejorar la situación.

Este cambio no debe ser solo hacia dentro, sino también -y fundamentalmente- hacia fuera. Esto no va a ser fácil. Debemos tener en cuenta que quienes ejercemos la judicatura nos hemos socializado en un sistema patriarcal, racista y machista que tenemos muy interiorizado. Esos sesgos que tenemos, muchas veces inconscientes, son difíciles de detectar sin un buen trabajo interno previo. Por eso para lograr una justicia feminista es fundamental la formación, que debería ser periódica y obligatoria. Una justicia feminista pasa por ser consciente de nuestros propios prejuicios, apartarlos cuando tengamos un caso de género delante, y tratar de forma adecuada a todas las personas que acuden a nosotras.

Las mujeres que denuncian alguno de los llamados “delitos de género” (aquellos que afectan proporcionalmente más a mujeres y se cometen mayoritariamente por hombres) se enfrentan a una cantidad de prejuicios increíble. En el Juzgado de Violencia sobre la Mujer me piden a veces informes psiquiátricos para acreditar que la mujer que ha puesto la denuncia es una “loca mentirosa” (me imagino que si me los piden es porque hay quien los acuerda). Dicen que lo que pasa es que están dolidas porque el hombre ha encontrado una nueva pareja (esto lo escucho casi cada día). Que la denuncia es para cobrar “la paguita”. Que les salió mal el divorcio y ahora quieren venganza. La versión más dura de los prejuicios hechos injusticia es el llamado “síndrome de alienación parental”.

Mujeres cuyos hijos e hijas sufren si ven a sus padres se enfrentan a un sistema que, incapaz de entender que para un niño sea perjudicial estar con su padre, la única explicación que encuentra es que ha sido manipulado por su madre. En vez de buscar si hay algo en la conducta del padre que justifique ese rechazo, investigan a las madres e imponen regímenes de visita a esos niños, obligándolos a ver a la persona que más temen, incluso retirando la custodia a la madre a modo de “terapia de choque”.

Una justicia basada en estos estereotipos no es justa, los jueces y juezas tenemos que estar a la altura de nuestras leyes y obligaciones internacionales. Creo que es necesario empezar a reconocer que cuando no se cumplen estamos ante violencia institucional de género y que existe una obligación de reparar a las mujeres que han sufrido esta violencia.

Sé que hacen falta muchos cambios, pero tengo esperanza en lograr esta justicia de la que hablo, que solo puede existir en una sociedad feminista. Cada vez somos más, en más espacios, luchando por ello. Os animo a todas y todos a formar parte del cambio que necesitamos.