JOAN HERRERA Y RAÚL ROMEVA

Cuando en el año 2004 se produjo el cambio de Gobierno en España, eran muchas las expectativas que se despertaron en distintos ámbitos ante la posibilidad de que se produjera un cambio de modelo, una transformación social ecológica y democrática. En el sector agrícola, organizaciones agrarias y especialmente entre los productores ecológicos y movimientos ecologistas, eran muchas las esperanzas de desterrar el uso de los transgénicos en España, el país de la UE con mayor implantación gracias a las políticas del PP.

Bien, cuatro años después de que el PSOE llegara al poder la situación es, si cabe, peor. Aunque el Gobierno no ha hecho pública la cifra de superficie cultivada de maíz transgénico en el año 2007 (a pesar de la obligación legal de la Unión Europea al respecto), según las estimaciones realizadas por Greenpeace este año serán sembradas en España entre 65.000 y 70.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente. Esta cifra representa el 20% del total del maíz cultivado en España y la cifra más alta alcanzada en la última década.

Estas cifras son todavía más graves si nos centramos en Catalunya y Aragón. En Catalunya se concentran 20.000 hectáreas de maíz transgénico, lo que representa el 50% del total del maíz sembrado.

Desde que finalizó la moratoria aplicada por la UE para la autorización de nuevas variedades de maíz transgénico, el Gobierno español, a través del Ministerio de Agricultura, ha tenido un papel activo en la aprobación de nuevos organismos modificados genéticamente (OGM). La prueba más reciente es el Consejo de Ministros de Agricultura del pasado 26 de septiembre, donde España votó a favor de tres nuevos productos transgénicos en los que existen serias dudas sobre su seguridad general.

Esta situación no es de recibo. La proliferación de los transgénicos para uso comercial tiene un importante impacto a tres niveles.

En primer lugar el impacto sobre el consumidor, que carece de una información real sobre lo que está comiendo. Debemos implementar normativas que permitan una trazabilidad real en la cadena alimentaria y un etiquetado que permita a la población el derecho real a escoger qué quiere comer. Aquí la Comisión Europea juega en nuestra contra, ya que sólo obliga a etiquetar un producto como transgénico cuando contiene más de un 0,9% de organismos modificados genéticamente en su composición. Hoy es técnicamente posible detectar transgénicos en un alimento hasta en un 0,01%. A pesar de las continuas reivindicaciones de los agricultores y movimientos ecologistas, y de nuestras demandas, la Comisión sigue mirando hacia otro lado.

En segundo lugar sobre el medio ambiente y sobre la agricultura. El maíz transgénico ha contaminado ya cultivos de maíz convencional y ecológico (por ejemplo en Catalunya, Aragón y Castilla-La Mancha). Esto tiene un fuerte impacto sobre la biodiversidad y pone en riesgo las variedades de maíz autóctono. Durante mucho tiempo, la coexistencia de los distintos cultivos ha sido presentada como la gran solución. Los hechos están demostrando que hoy la convivencia de los OGM con los productos sin transgénicos a lo largo de la cadena alimentaria es una quimera.

Al mismo tiempo, el propio Gobierno reconocía que en el año 2005 en España se sembraban variedades de maíz transgénico (Bt176) cuya comercialización está prohibida por la UE desde diciembre de 2004, por tener genes que permiten generar resistencia a antibióticos como la ampicilina.

Finalmente, los transgénicos tienen un fuerte impacto económico. Dichos cultivos benefician a grandes multinacionales que los desarrollan y comercializan. Esto tiene graves consecuencias sobre los agricultores, que pierden el control sobre sus cosechas, e impone un modelo agrícola basado en el monocultivo. Tenemos ya experiencia de los estragos que esto está causando entre los agricultores de los países del sur.

España es hoy el granero de maíz transgénico de toda Europa, y puede ser el único país de la UE donde se permita el cultivo de variedades transgénicas para uso comercial, después del compromiso del Gobierno de Rumanía con las organizaciones ecologistas para acabar con esta situación en su país. Hoy, en toda Europa, numerosas regiones se han declarado libres de transgénicos y algunos gobiernos han aprobado medidas legislativas que dificultan en gran medida la siembra de cultivos transgénicos (por ejemplo en Alemania, cuando los Verdes gestionaban las políticas agrarias y medioambientales en este país).

Todo este escenario dibuja un negro panorama para la agricultura española. Si queremos ser económicamente competitivos y dar una opción de futuro al campo y a nuestros agricultores, el objetivo debe ser la calidad. Los transgénicos no tienen cabida en esta apuesta por la calidad. Sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de la población del Estado, según el Eurobarómetro, rechaza su uso para la alimentación.

No sirven recetas antiguas, hoy producir más no es necesariamente ser mejor. Producir productos ecológicos, que tienen un alto valor añadido en el mercado interior y exterior, a la vez que son respetuosos con el medio y la biodiversidad, es la mejor estrategia para relanzar nuestra agricultura.

Por ello, en las próximas semanas nuestro grupo parlamentario en el Congreso (IU-ICV) presentará una propuesta para que el Estado español tome la senda hacia un nuevo modelo agrícola y apueste por una agricultura sin transgénicos.

Si no prosperamos en nuestro empeño antes de finalizar la presente legislatura, esperamos que las próximas elecciones alumbren un nuevo escenario y nuevas sensibilidades que permitan un cambio de modelo. Nosotros trabajaremos para ello.

Joan Herrera es Diputado de ICV

Raúl Romeva es Eurodiputado por ICV