VICENÇ NAVARRO

Existe una percepción generalizada en los establishments políticos y mediáticos españoles de que la Transición de la dictadura a la democracia que tuvo lugar en la segunda mitad de los años setenta fue modélica; es decir, ejemplar. Quisiera exponer en este artículo mi desacuerdo con esta percepción, subrayando que la continua promoción de tal lectura de nuestra realidad favorece a las fuerzas conservadoras, que continúan teniendo un enorme poder en nuestro país. En realidad, la Transición se hizo en términos muy favorables a estas fuerzas conservadoras, herederas de aquellas que en su día fueron responsables del golpe militar de 1936 y que, 40 años más tarde, dirigieron aquel proceso de transición. Me estoy refiriendo a la banca, a la patronal y a la Iglesia, defendidas por el Ejército y por la Monarquía, que representa el símbolo y continuidad de este dominio.

Este enorme bloque de poder se vio forzado a realizar cambios significativos en respuesta a grandes movilizaciones populares. La imagen tan promovida por el establishment mediático y político del país de que el rey nos trajo la democracia es una burda manipulación del análisis histórico. La mejor prueba de la escasa sensibilidad democrática del monarca fueron los borradores del cambio propuesto por los primeros gobiernos monárquicos, en los que la representatividad y diversidad política estaban sumamente limitadas. Fue la presión de las clases populares y, muy en particular, de las huelgas obreras de claro carácter político (ignoradas y ocultadas en la historiografía oficial) las que forzaron los cambios en aquellos borradores.

En aquellos años tuvieron lugar las movilizaciones de la clase trabajadora más intensas que se hubieran visto en Europa desde los años sesenta. En 1976, hubo 1.438 días de huelga al año por cada 1.000 trabajadores (la media en la Comunidad Europea era de 390 días) y en la metalurgia, 2.085 por cada 1.000 (el promedio en la Comunidad Europea fue de 595 días).

Un tanto semejante ocurrió en 1977. Tales movilizaciones forzaron los cambios, pero, debido a la enorme represión de la dictadura (por cada asesinato político que hizo Mussolini, Franco realizó 10.000) y al gran poder del bloque conservador, no consiguieron romper con el enorme dominio político que aquel bloque tuvo en configurar la Transición. No hubo rotura (como sostiene una interpretación sesgada de la Transición, promovida por el bloque conservador y con la complicidad de algunas voces de izquierda), sino una reforma dirigida por aquel bloque de poder y que dejó su imprimátur tanto en la Constitución (que iguala, por ejemplo, la escuela privada –gestionada en su mayoría por la Iglesia y que sirve a los grupos sociales más pudientes de la población– con la escuela pública, a la que asisten los niños de las clases populares), como en el sistema electoral que estableció (que discrimina a la clase trabajadora, hoy enormemente subrepresentada en uno de los sistemas electorales menos representativos de los regímenes electorales existentes).

Y este dominio de aquel bloque conservador continúa siendo enorme. Entre otros indicadores de tal poder cabe destacar que hoy, 33 años después de la Transición, España continúa siendo:

1. El país con el gasto público social por habitante más bajo de la UE, situándose a la cola de los países con semejante nivel de desarrollo económico; es decir, la Unión Europea de los Quince (UE-15).

2. El país de la UE-15 con mayor fraude fiscal, realizado en su mayoría por la banca, la patronal y los sectores más pudientes de la población. Según las propias cifras de los técnicos del Ministerio de Hacienda, tal fraude fiscal equivale a un 10% del PIB, por lo que España es el único país de la UE-15 donde, según las declaraciones de renta, un empresario ingresa menos al año que un trabajador.

3. El país con mayores desigualdades de renta (junto con Gran Bretaña, Grecia y Portugal) de la UE-15.

4. Uno de los países con uno de los Estados del bienestar más polarizados de Europa, con el 30% de renta superior del país cubierto por los servicios educativos (excepto los universitarios) y sanitarios privados, y el 70% restante (clases medias y clase trabajadora) por los servicios públicos.

5. El país de la UE-15 en el que mueren más trabajadores por enfermedades laborales sin que ello conste en su certificado de muerte, como consecuencia del enorme poder de la patronal y de las Mutuas Patronales Laborales que controlan.

6. El único país donde no se puede criticar al jefe del Estado (que no permite en su presencia denunciar al dictador que ha asesinado más españoles en el siglo XX, al cual su consorte, la reina, se ha referido como un dictador blando).

7. El país que aporta más fondos públicos a una de las jerarquías eclesiásticas católicas más retrógradas de las existentes en Europa.

8. El país donde un nacionalismo exacerbado central, heredado del franquismo, ahoga a las nacionalidades periféricas sin permitir el reconocimiento de un Estado auténticamente plurinacional.

9. El único país de Europa que ha padecido una dictadura donde las víctimas asesinadas por aquella continúan desaparecidas sin que el Estado se haya atrevido a desenterrarlas y darles el homenaje que se merecen.

Estos indicadores, entre otros muchos, deberían cuestionar la definición de aquella Transición como modélica. La insistencia en presentarla como tal fortalece a las fuerzas conservadoras que dominaron aquel proceso. Su constante reproducción en los medios tiene, además, el impacto de disminuir las expectativas de cambio entre la población, al reducir los objetivos a los que las fuerzas democráticas debieran aspirar, dificultando todavía más el muy necesario cambio que el país necesita para alcanzar la calidad de vida que su población se merece.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas

de la Universidad Pompeu Fabra.

Ilustración de Mandrake