En los últimos días hemos oído hablar mucho de sapos y cocodrilos en las aguas del Tribunal Constitucional con ocasión de la elección de un tercio de la institución compuesta por doce miembros. La diferencia con otros momentos de elección de miembros de instituciones públicas consiste en que ahora la heterocrítica ha ido acompañada de la autocrítica de algunos protagonistas, a lo que no nos tienen acostumbrados. Políticos y diputados del PSOE y de UP se han pronunciado públicamente quejándose de que se ven obligados a tener que tragarse el nombramiento de dos candidatos al Tribunal Constitucional, algunos sapos y cocodrilos en palabras expresas de ellos. Hasta el mismísimo Presidente del Gobierno ha dicho desde la tribuna del Parlamento que a él no le gustan algunos candidatos al alto Tribunal, pero que un Gobierno tiene que velar por la renovación de las instituciones. Al final se consumó lo previsto y los cuatro candidatos han sido elegidos por el Pleno del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, la autocrítica en nada compensa el tremendo daño producido a la credibilidad de uno de los más relevantes órganos constitucionales, porque la politización del órgano ha quedado claramente evidente ante los ciudadanos. En este caso el escenario de la politización adquiere un significado y una transcendencia singulares por varias razones. Primera, la politización del órgano de justicia de nuestro país más relevante junto con el Tribunal Supremo. La politización del Tribunal Constitucional es extrema, al mismo nivel que la de la Fiscalía General del Estado. Ocho de sus doce miembros son elegidos por el Parlamento; el máximo control in eligendo del legislador sobre el órgano que tiene como misión vigilarle para que sus leyes se ajusten a la Constitución. Y, por si fuera poco, además dos de los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos directamente por el Gobierno ¿Cabe mayor ataque a la proclamada independencia judicial? ¿Cómo puedes tú controlar a quien debes el cargo y te ha elegido entre miles de colegas tuyos?

Segunda, la politización del Tribunal Constitucional se produce ya en la propia Constitución. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Parlamento (8), el Gobierno (2) y el Consejo General del Poder Judicial (2), según el art. 159.1 de la CE. No tiene que ser así en el Consejo General del Poder Judicial, en el que doce de los veinte vocales son elegidos según disponga la ley, que puede ser reformada fácilmente para que sean los propios jueces quienes elijan a esos miembros salvando el principio de separación de poderes. De lo que resulta que el órgano de gobierno de los jueces, que cumple funciones básicamente administrativas, puede estar menos controlado por el legislador que el Tribunal Constitucional. Debiera ser al revés.

Tercera, la vinculación o connivencia partidistas. La connivencia de dos de los cuatro candidatos con el PP ha sido puesta de manifiesto y en el caso de uno de ellos con pruebas decisivas, como conversaciones telefónicas. La pregunta que se hace el ciudadano es elemental: ¿Acaso no hay entre los miles de jueces y magistrados de España dos que estén libres de connivencias con los partidos políticos? Preguntas como éstas producen una constante e intensa desafección de los ciudadanos respecto a sus instituciones democráticas, como demuestran todas las encuetas de opinión. Y mayor desafección hacia un tribunal, que tiene a su cargo resolver sobre el recurso de amparo de los ciudadanos por la violación de sus derechos y libertades (art. 161.1 b de la CE).

Cuarta, el fracaso del previo escrutinio de los candidatos al Tribunal Constitucional por el Parlamento. Se ha echado por tierra las buenas intenciones de una reforma reglamentaria del Congreso que tenía por objeto el examen de la idoneidad de los candidatos a las altas instituciones del Estado. Se ha visto con plena claridad que lo que importa y se aplica es el sistema de cooptación por cuotas de los partidos políticos, atendiendo a criterios políticos y no profesionales.

Quinta, la ausencia de libertad del representante en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Mal lo tenemos si nuestro representante, el diputado, que elige al Tribunal Constitucional, no tiene libertad para hacerlo. Si el Tribunal Constitucional es controlado por el legislador, también lo es el legislador por su partido político, que le exige a quién debe votar y cómo hacerlo. La representación política se apoya en una ficción, porque la Constitución y la jurisprudencia constitucional aseguran que nuestro representante está libre de mandato imperativo y actúa con plena independencia (art. 67.2 de la CE), pero la verdad es que interviene siguiendo las instrucciones de la dirección del partido, y si no lo hace acabará sancionado y habrá acabado su carrera política. En estos días oímos hablar constantemente de la disciplina de voto de los diputados (que es una parte de la disciplina de partido, que se extiende también a la ausencia de libertad de expresión del representante). Caso extremo es la violencia que sufre el representante a todos los niveles de los órganos de representación política (Estado, Comunidades autónomas, Provincias, Municipios), cuando tiene que optar por la fidelidad a su partido frente a la fidelidad a sus electores, contraviniendo por imposición del partido el programa político por el que alcanzó el escaño.

En resumen, la politización extrema del Tribunal Constitucional se filtra por todos los poros indicados.

Los hechos han demostrado que se ha producido una perversión del sentido y finalidad de los preceptos constitucionales, que exigen una mayoría cualificada para la elección de importantes cargos públicos. Porque esta mayoría persigue el máximo consenso posible de los partidos sobre los candidatos, que deberían suscitar ese alto consenso precisamente por sus cualidades personales. Pero los partidos sustituyen el consenso universal responsable por una serie de consensos parciales compartidos en la práctica política, al repartirse sin más y según su cuota de representación los cargos a proveer, en cuya selección cuentan las afinidades políticas y no los méritos propios de los designados. Es la política del pragmatismo, de la ayuda recíproca en la obtención de la prebenda sin reparar en los medios del vecino que coopta con nosotros. Yo no pongo obstáculos a los tuyos, si tú no te metes con los míos. "Hoy por ti y por mí".

La gran perversión se produce, porque la persecución de global consenso unitario se suplanta por consensos sectoriales partidistas. Se sustituye el consenso global hacia un mismo objeto estimable para todos -el conjunto de los candidatos seleccionados- por una pluralidad de consensos sobre objetos particulares -los candidatos de cada partido-. Se cambia el universalismo del mérito de los candidatos por el faccionalismo de las afinidades de los candidatos de cada partido. El faccionalismo se coloca en el lugar del pretendido universalismo y la afinidad en el del mérito del candidato.

La gran perversión se origina porque se emplea un principio político donde no corresponde. Se aplica el principio representativo a la institución de la justicia, que por su naturaleza no debe asumirlo. El poder judicial, víctima de las cuotas de los partidos políticos, no debería sufrir este principio representativo en su composición, sino gozar del único principio que le corresponde, el de la independencia; y el resto de los poderes públicos, comenzando por el legislativo, debería tener especial cuidado en proveer con sus normas las condiciones y medios para conseguir este único principio, en vez de doblegarle y ponerle a sus pies en el momento decisivo de la elección de sus miembros.

No correrá mejor suerte el Defensor del Pueblo, sometido al escrutinio parlamentario. Otra vez los cambios de canicas. Para mí, PSOE, el Defensor, y para ti, PP, el Adjunto al Defensor. “Hoy por ti y por mí”. Las minorías parlamentarias serán invitadas al festín –de nuevo- como convidados de piedra. No recibirán ni las migajas. Y los sapos y hasta los cocodrilos seguirán nadando entre las aguas de nuestras instituciones más relevantes.