Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona

Uno de los tratados internacionales que afectará más negativamente el bienestar y calidad de vida de las poblaciones que viven a los dos lados del Atlántico Norte será, en el caso (probable) de que sea aprobado por los gobiernos europeos y por el gobierno federal de EEUU, el mal llamado tratado de libre comercio denominado Acuerdo de Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión, conocido, por sus siglas en inglés, como TTIP. Tal como he indicado en artículos anteriores (ver mis artículos “El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea y sus posibles impactos en la sanidad española”, Gaceta Sanitaria, junio 2015, y “¿Qué se intenta con los tratados mal llamados de libre comercio?”, Público, 23.07.15), este tratado, negociado actualmente con un enorme secretismo, tiene muy poco que ver con el libre comercio y sí, en cambio, con medidas que protegerán todavía más a las grandes empresas multinacionales frente a los Estados donde tales empresas se ubiquen.

El objetivo de este tratado es ni más ni menos que desmantelar la protección que los Estados han ido aprobando –como resultado de las presiones sociales y laborales- para salvaguardar los derechos laborales y sociales conseguidos por los trabajadores, por los usuarios de servicios públicos, por asociaciones en defensa del consumidor, y por otras instituciones conocidas por su compromiso con la defensa de la calidad de vida de la ciudadanía a través del establecimiento de la legislación laboral, social y de defensa del consumidor, que ha contribuido en gran medida a mejorar el bienestar de las poblaciones.

¿Cómo se intervendrá para debilitar los derechos laborales, sociales y de protección del consumidor?

En dicho tratado, el TTIP, se constituirán unos tribunales internacionales que juzgarán el mérito de las demandas de las empresas transnacionales frente a los Estados, cuyas políticas públicas son consideradas por tales empresas como dañinas para sus intereses y beneficios económicos. Una empresa de energía nuclear sueca quiere llevar ante estos tribunales al Estado alemán para que se le compense por la reducción de sus beneficios como consecuencia de la decisión de ese Estado de priorizar las energías renovables sobre las no renovables, lo que le ha provocado tener que cerrar dos de sus plantas en aquel país. A pesar de que existe ya legislación en Alemania que regula cómo resolver conflictos que puedan generarse en estas situaciones, lo que la compañía sueca (Vattenfall) desearía es llevar el caso al tribunal llamado Investor-State Dispute Settlement (ISDS), cuyos asesores jurídicos son escogidos y financiados por las propias empresas demandantes, frente a los defensores del gobierno correspondiente. No hay posibilidad de que una vez el ISDS haya tomado una decisión, esta pueda ser apelada. Estos ISDS están muy influenciados por las empresas multinacionales.

La protesta frente a este nuevo diseño institucional ha sido tal que sus diseñadores (legisladores de los gobiernos participantes en el tratado) han sido forzados a realizar algunos cambios, como que puedan haber mecanismos y procesos de apelación, cambios que han dejado, sin embargo, la situación intacta en sus elementos más importantes.

Pero otra dimensión más que preocupante es que los Estados no podrán inhibir u obstaculizar la privatización de los servicios públicos como la sanidad y la educación, dos de las áreas donde las empresas privadas están más deseosas de penetrar en los países europeos. En realidad, el tratado favorece dicha privatización.

Y, como guinda especial, el tratado puede forzar a que los Estados eliminen legislación relacionada con la protección del trabajador, del usuario o del consumidor de bienes y servicios, que las empresas consideran perjudicial para sus intereses. Esta situación alcanza niveles extremos, como por ejemplo la demanda de la industria tabacalera de que se eliminen referencias públicas a los impactos negativos del tabaquismo, referencias que disminuyen sus beneficios.

El contexto político

Este tratado es la culminación de la expansión del neoliberalismo dominante desde los años ochenta como consecuencia del triunfo del mundo del capital sobre el mundo del trabajo. Y las propuestas extremas que están siendo consideradas son, en sí, un indicador de su arrogancia y prepotencia.

Ahora bien, la resistencia es tal que el tratado está hoy en peligro, y muy en especial en EEUU. Los sindicatos y las asociaciones en defensa del bienestar público y de los usuarios y consumidores, se han movilizado a los dos lados del Atlántico Norte. La federación sindical más importante de EEUU, AFL-CIO, y la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC), han publicado un excelente informe, sumamente crítico con el tratado, alertando a la población de su gran peligro si se aceptara en su narrativa actual.

Y la presión es tal que una de sus máximas defensoras, la Sra. Hillary Clinton, ha cambiado de opinión en su apoyo al Tratado del Pacífico –TPP– (que es la versión asiática del TTIP), oponiéndose ahora a aquel tratado. Mientras, en España, continúa un silencio ensordecedor en los medios. En realidad, en tales medios han aparecido más artículos a favor que en contra de dicho tratado. Y en la argumentación favorable al TTIP se enfatiza que este estimulará las economías y creará más riqueza, interpretando la oposición al tratado como una respuesta a intereses políticos de conducta “antisistema” (un término de moda entre los voceros neoliberales) y/o de “sentimientos antiamericanos”. Un ejemplo de estos artículos es el firmado por el Catedrático Emérito de la Universidad de Barcelona (y miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras), Francesc Granell, titulado “Barcelona, el TTIP y el TTP”, publicado en El Periódico, en el que critica al Ayuntamiento de Barcelona (al aprobar una declaración contraria a dicho tratado) por meterse donde no le corresponde, diciendo que “una institución que nos representa a todos se mete en cuestiones que no pertenecen a su ámbito competencial. Un ayuntamiento está para resolver servicios públicos municipales y las opciones de futuro de la ciudad, y no para pontificar sobre un acuerdo cuyos protagonistas son los Estados”. En su introducción al artículo, tal catedrático atribuye esta declaración al sentimiento antiamericano de aquellos que se oponen al tratado.

Cito este artículo por ser representativo del bajo nivel intelectual de tales argumentos pro TTIP. En primer lugar, llamar a los oponentes al TTIP “antiamericanos” es asumir que la candidata a la Presidencia de EEUU y los sindicatos estadounidenses son también antiamericanos por oponerse al Tratado de Libre Comercio del Pacífico, homologable al europeo, supuesto absurdo en extremo. Hace bien el ayuntamiento en oponerse a tal tratado (y hay que felicitar a Barcelona en Comú, ERC y la CUP, por rechazar el TTIP), pues su aprobación tendría un impacto muy negativo sobre los servicios públicos de los cuales el Municipio de Barcelona es hoy responsable. Que todo un miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras haga estas acusaciones y aseveraciones muestra al servicio de quién están estos personajes y estas academias. Sería de desear que este rechazo se extendiera a todos los ayuntamientos de España.