LUIS MATÍAS LÓPEZ

El golpe militar ha estado (y está) en el centro del debate político en Turquía del último medio siglo: por el peligro de que se produzca, porque se produce o porque se intenta superar. Como señalaba en 1983 C. H. Dodd en La crisis de la democracia turca, desde 1961 “la política ha estado bajo escrutinio militar”. Y precisaba que aquellos golpes (1960, 1971, 1980), no condujeron a regímenes autoritarios o totalitarios, sino a “dictaduras romanas” que restablecían “alguna forma modificada de sistema liberal y democrático”.

¿Son los golpes turcos diferentes? Este es precisamente el título de un análisis de USAK, influyente think tank con base en Ankara. Su conclusión es que la idea de que los militares sólo intervienen para proteger la democracia es un mito, ya que existe un “continuo, permanente e institucionalizado proceso golpista, un orden golpista”. El estudio refleja que los militares aprovechan sus intervenciones para imponer leyes y constituciones que garantizan su tutela sobre el Estado y consolidan y amplían privilegios económicos y de casta. Los generales no abandonan o comparten el poder, sólo

dejan espacio a los civiles para que crean que mandan.

Como señala el análisis de USAK, “ningún golpe, en Turquía o en el mundo, puede ser democrático”. No lo fue el del 27 de mayo de 1960 que, con la excusa de evitar una dictadura civil, derribó al Gobierno legítimo de Adnan Menderes, ejecutado con dos de sus ministros. Tampoco el del 12 de marzo de 1971, que expulsó a un desbordado e impotente

Suleimán Demirel. Y menos aún el del 12 de septiembre de 1980, acogido con alivio por una población harta de la inestabilidad política y terrorismos de todo signo que se cobraban 20 vidas diarias. Al horror siguió una represión feroz que convirtió a Turquía en socio maldito del Consejo de Europa (que le suspendió de militancia) y aliado incómodo en la OTAN. En los tres casos, se restableció cierta forma de democracia.

La Constitución que impusieron los generales de 1980 sigue vigente, e hizo posible el golpe de nuevo cuño que derribó en 1997 al primer gobierno islamista de Turquía, el de

Necmettin Erbakan, y los intentos de hacer otro tanto (en 2007 y 2008) con el segundo, el del actual primer ministro Recep Tayyip Erdogan, líder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). El pretexto fue la amenaza al laicismo que, con el nacionalismo, configuran el Estado turco moderno, del que las Fuerzas Armadas se proclaman garantes.

Las amenazas islamista y kurda a este modelo, reales o no, están en el origen del último ruido de sables. En el caso de la red Ergenekon, se ha interrogado o detenido a más de cien personas (incluidos oficiales en activo y generales retirados) por conspirar para cometer actos terroristas que provoquen el caos y justifiquen el derrocamiento de Erdogan. En cuanto al plan Mazo, destapado en enero por un pequeño periódico independiente, es tan sólo, según el Ejército, un “ejercicio de simulación”, pero con este escenario escalofriante: atentado contra dos mezquitas en Estambul, derribo de un avión turco en el Egeo para culpar a Grecia, guerra con el viejo vecino-enemigo-aliado, caos, desgobierno e intervención militar salvadora. Ayer mismo, se produjo en relación con este caso una redada en cuatro ciudades, con la detención, entre otros, de un ex jefe de la Marina y otro de la Fuerza Aérea.

Erdogan es un líder moderado, pragmático y prudente, al que no interesa provocar a los militares, europeísta convencido, aliado fiel de Occidente, y partidario de conciliar democracia, capitalismo e islam. No hay indicios de que tenga una agenda oculta para implantar una república teocrática, pero dirige un partido islamista y quiere dejar esa impronta. Algunos militares se mesan los cabellos al ver cómo su esposa y la del presidente utilizan el velo, pero los votantes, satisfechos con un Gobierno eficaz y honesto, van a lo práctico y otorgan amplias mayorías al AKP.

Erdogan no tiene los escaños necesarios para enmendar la Constitución, dificultar la ilegalización de partidos (como la reciente de la principal formación kurda) y someter a los militares a la justicia civil, pero sí para convocar un referéndum. De esa posibilidad, de las disputas entre partidos para consensuar un texto y, como no, de golpe, es de lo que más se habla en Turquía.

Pese al rumor de sables, no parecen darse las condiciones para otro golpe. A los militares turcos no les gusta intervenir sin tener claro que contarán con respaldo popular, algo muy improbable con la estabilidad política actual. Sólo ese caos que buscaban los conspiradores de Ergenekon o que estudiaban como hipótesis de trabajo los redactores del plan Mazo podría darles pie para salvar la república que Atatürk fundó para llevar a Turquía hacia la modernidad, que él identificaba con Occidente. El general Ilker Basbug, jefe del Estado Mayor, tan laico y nacionalista como el que más, sabe que un aspirante a la UE necesita una democracia homologable con la de sus futuros socios y, por tanto, sin tutela castrense. Es ese un factor que Sarkozy y Merkel deberían considerar antes de seguir dando con la puerta en las narices a un país en el que crece la amargura de los pretendientes desairados.

Lo ocurrido en los últimos 50 años hace dudar de que los militares se autoexcluyan del poder real y demuestren que defienden la democracia y nada tienen que ver con sus conmilitones golpistas de otras latitudes. Mucho dependerá de la habilidad de Erdogan para desarrollar un programa realista, que recorte pasito a pasito el poder a los uniformados, pero sin enfurecerles con una agenda islámica demasiado ambiciosa. Porque el golpismo podrá parecer adormecido, pero sigue al acecho.

Luis Matías López es periodista

Ilustración de Javier Olivares