JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA

En 1977 se estrenó la primera entrega de la serie La Guerra de las Galaxias titulada Una nueva esperanza. En aquel capítulo, los protagonistas viajan hasta Alderaan, el segundo planeta del sistema solar que lleva su mismo nombre. Al llegar descubren que algo no encaja, ellos están en las coordenadas del planeta, pero Alderaan no está. En su lugar hay un montón de cascotes y en las proximidades, algo que inicialmente confunden con un planeta pequeño, pero que resulta ser una nave imperial llamada Estrella de la Muerte. Es esa nave la que de un terrible disparo ha destruido el planeta, causando la muerte de todos sus habitantes y una fuerte conmoción en la fuerza que rige el Universo.

Por las mismas fechas que se estrenaba la película de George Lucas en todo el mundo, en España estrenábamos nuestro sistema democrático. Una democracia conformada por un sistema de partidos constituido por dos de mayor tamaño, Unión del Centro Democrático (UCD) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), situados en el eje de izquierda y derecha; otros cuatro de menor tamaño, dos de ellos también situados en el eje de izquierda-derecha, el Partido Comunista de España (PCE) y Alianza Popular (AP); y dos en el eje nacionalista, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Convergència i Unió (CiU), además de algunas otras representaciones minoritarias. Todos esos partidos plasmaron nuestro acuerdo de convivencia en el texto de la Constitución de 1978. Como todos los acuerdos políticos, aquel representaba un sofisticado conjunto de equilibrios, en el que cada partido aportaba su peso cuantitativo y cualitativo al diseño global del nuevo sistema. Es verdad que AP, el partido minoritario de la derecha, mantuvo una actitud muy reticente respecto al texto constitucional, especialmente en lo que al Título VIII –que trata de la organización territorial del Estado– se refiere y que una parte de sus diputados se opusieron al mismo.

Cuando la mayoría de los jóvenes de la época votábamos y nos afiliábamos a los partidos de izquierda con el espíritu inflamado de aquella nueva esperanza democrática, bajo la consigna de “libertad, amnistía y estatutos de autonomía”, Rajoy y Aznar, también jóvenes, se apuntaron no ya al partido mayoritario de la derecha, sino al minoritario y más alejado de la letra y el espíritu de la Constitución que nos rige. No era una decisión irrelevante. No se dejaron llevar irreflexivamente por una moda, optaron conscientemente por una posición muy ideologizada. Tomar la decisión de afiliarse a Alianza Popular en aquellos años era asumir una discrepancia algo más que de matices con la Transición y con la Constitución del 78, como dejó claro Aznar en sus artículos de La Nueva Rioja.

Ha pasado mucho tiempo y es verdad que todos hemos cambiado, pero no hemos cambiado en todo. Aznar y Rajoy optaron por refundar su partido, no por fundar otro distinto: prefirieron la renovación al cambio. Cuando Aznar y Rajoy se afiliaron a Alianza Popular, la influencia de su partido no era muy relevante en el sistema democrático, porque era UCD, el partido mayoritario de la derecha, quien sostenía desde esa órbita el pacto constitucional. Treinta años después, UCD ya no existe. En su lugar no hay nada, a una buena distancia está un nuevo partido de tamaño grande, construido con buena parte de los cascotes de UCD, pero estructurado con la ideología del aquel partido pequeño de la derecha, Alianza Popular.

En todo caso es obvio que ni el PP es UCD, ni su órbita es la misma, y eso da lugar a importantes desequilibrios en el sistema estelar de nuestra democracia. Aquellos jóvenes que se afiliaron a la minoritaria AP hace 30 años saben bien que no pueden volver a renegociar formalmente la Constitución a la baja, especialmente en lo que se refiere al Estado autonómico. Pero no deja de perturbarles el sentimiento de que con su fuerza de ahora y con su ideología de siempre la Transición hubiera dado un resultado muy distinto. Un sentimiento que la cúpula del PP comparte con una buena parte de las élites mediáticas conservadoras y de las tradicionales élites funcionariales, conservadoras o no, del Estado. Es ese disgusto del PP el que hace que incluso cuando gobiernan den la sensación de estar en la oposición. Pues, de hecho, son la oposición a una parte del sistema constitucional.

Con sus políticas centralistas y, sobre todo, con la renacionalización españolista del discurso político, los poderes políticos y mediáticos de la derecha han abierto un espacio en el eje nacionalista para que partidos con posiciones abiertamente independentistas cobren una fuerza gravitatoria que está sacando de sus órbitas a los partidos nacionalistas tradicionales. Cuando hace cuatro años el PP impugnó 125 artículos de los 245 del Estatuto catalán, muy similares a otros que no impugnó en los de otras comunidades autónomas, no actuaba como un partido constitucional preocupado por homogeneizar los derechos de todos los españoles, sino como el representante del nacionalismo español golpeando al nacionalismo catalán.

En su reciente sentencia, el Constitucional ha considerado que sólo uno de los artículos impugnados es inconstitucional y ha hecho algunas precisiones técnicas en otros 13. A la vista de dicha sentencia, cabe concluir que lo verdaderamente inconstitucional no es el Estatut, sino la concepción que tiene el PP del Estado autonómico. Con ella está conmocionando, como en la película de George Lucas, el sutil equilibrio del espíritu de nuestra convivencia.

José Andrés Torres Mora es diputado y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE

Ilustración de Federico Yanlelevich