Quizá cuando revisitemos la historia de España llegaremos a la conclusión de que Juan Carlos I ha sido el hombre clave en las dos transiciones imprescindibles para España. La primera de la dictadura a la democracia, la segunda hacia una república federal que reconozca la heterogeneidad de nuestros pueblos y naciones.

Y en todo ello Juan Carlos I habrá sido clave sin ningún mérito especial para ocupar ese lugar excepto ser hijo de su padre, un Borbón. Probablemente además de sin merecerlo habrá protagonizado estas transiciones también sin quererlo especialmente.

Sobre la primera transición mucho se ha hablado y escrito y tanto quienes cantan loas a su papel como quienes creemos que otros actores y dinámicas menos visibles que él son los verdaderos héroes y artífices de la transición, todos coincidimos en que ocupó un lugar clave.

Sobre la segunda transición apenas empezamos a hablar, pero quienes caminan dos pasos por delante del humor social ya se preparan para lo que inevitablemente está por venir, el fin de la monarquía. Es cuestión de tiempo. Sobre todo, porque como incluso la derecha mediática dice España no es monárquica, es -era- Juancarlista. Efectivamente, cuando se le dio la posibilidad de votar, en 1931, votó contra la monarquía, pero es que además la idiosincrasia de la derecha española no es monárquica, como se demostró con creces durante 40 años de dictadura sin rey. Los españoles hemos soportado una institución con la que no estamos de acuerdo sencillamente porque nos pareció un precio aceptable por pasar de la dictadura a la democracia. El 23-F hizo el resto.

Hoy, en 2020, ponzoña de corrupción mediante, ¿qué sostiene a la institución monárquica?

Lo cierto es que la única razón por la que ésta se sostiene es porque su eliminación o incluso su reforma requerirían la reforma integral de la Constitución de 1978. Cambiar la monarquía supone abrir la posibilidad de otros cambios y hay tres actores enormemente desgastados ante la opinión pública que no están dispuestos a perder las ventajas que les otorgó el régimen de 1978.

De un lado el centralismo madrileño, que centralizó todos los poderes del Estado en Madrid ejerciendo una brutal fuerza centrípeta sobre los poderes económicos y mediáticos, vaciando todos los rincones de España que no supieron o pudieron proteger su autonomía económica y mediática.

Del otro lado los aparatos de los partidos políticos centralistas que vaciaron de contenido la democracia parlamentaria hurtando la labor de representación de los diputados, coartando y penalizando la autonomía de los electos para centralizar su voz y su voto en los grupos parlamentarios, férreamente dirigidos por las cúpulas de los partidos simbolizadas por ese dedo que se alza al aire en el hemiciclo del Congreso para ordenar el sentido de su voto a los dóciles representantes del pueblo.

Finalmente el establishment empresarial beneficiado del franquismo, los Oriol y Urquijo, Villalonga, Villar Mir, Entrecanales, March, Muñoz Ramonet, Espinosa de los Monteros, Barrié de la Maza, Fierro, Sagnier, Muro, Domecq o Marsans que como apunta el periodista Antonio Maestre en su obra Franquismo S.A siguen conformando el núcleo del poder en la actualidad.

Los tres conforman el eje del desgaste de nuestra democracia.

El desgaste del centralismo madrileño lo ejemplifica la multiplicación de opciones nacionalistas/autonomistas como el PRC, Teruel Existe, Nafarroa Bai, Coalición y Nueva Canarias, Bildu, PNV, ERC, JxCat y Compromís ejemplifican este hartazgo a la perfección.

El desgaste de los partidos políticos ha quedado de manifiesto en las convulsiones tectónicas que ha sufrido el sistema de partidos desde 2014.

El desgaste de imagen de la economía financiarizada construida con los beneficios del franquismo quedaba de manifiesto en el grito que atravesó España en 2011: “nuestras vidas valen más que sus beneficios”.

Ante la debilidad y descrédito del resto del sistema la monarquía ha venido concentrando más y más presión como último sostén del sistema. Reformar la Constitución ha sido un anatema porque implicaba revisar la monarquía. Era too big to fall. Lo que no imaginaban los gestores y beneficiarios de la arquitectura del 78 es que concentrando en la monarquía toda la legitimidad del sistema fragilizaban enormemente el edificio construido en la transición. No hay piedra de bóveda que soporte la erosión corrosiva de la corrupción. Si el resto de elementos de nuestro sistema político y económico gozaran de buena salud la transición de la monarquía a la república sería indolora. Pero no es así, dejarla caer es exponer al escrutinio y revisión pública demasiados privilegios. Esa y no otra es la razón por la que liberales y republicanos defienden aún hoy una institución anacrónica y atávica.

Con el rey caerá el régimen del 78 y sus principales beneficiarios verán repartirse las cartas de nuevo. Tienen mucha ventaja acumulada, pero ¿quién sabe cómo vendrá la siguiente mano?