La Unión Europea y los residuos contaminantes

Augusto Klappenbach

Escritor y filósofo

La Unión Europea cada día se asemeja más a una burbuja excluyente que a un embrión de civilización universal, como algunos la consideramos ingenuamente en sus comienzos. Y no se trata solo del tema de los refugiados, aunque fue la gota que terminó de vaciar de contenido un proyecto que podría haber sido un paso hacia la superación de fronteras y que termina –esperemos que no- cultivando la xenofobia y la desigualdad. Con los refugiados se ha practicado el mismo procedimiento que se utiliza con los residuos contaminantes de la industria: se los envía a países del tercer mundo previo pago de importantes cantidades para que acepten recibirlos, tratando de no enterarse de los medios que utilizarán para conservarlos. Solo con sustituir un viejo televisor por un ciudadano sirio tenemos una imagen exacta del reciente acuerdo de la Unión. Con la única diferencia de que en el caso de los residuos contaminantes no es necesario utilizar la coacción ni la fuerza para expulsarlos.

Con frecuencia se ha presentado en los medios el problema de los refugiados como una cuestión humanitaria. Sin duda lo es, pero ante todo hay que recordar que quienes huyen de un país en guerra donde son perseguidos y corren peligro sus vidas tienen derecho, jurídicamente reconocido, a solicitar asilo en otra nación. Un derecho que no solo figura en la Declaración Universal de las Naciones Unidas sino que está reconocido en la misma Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero antes que exigir a todos los miembros de la Unión que acepten la parte de responsabilidad que les corresponde en su acogida y la gestión posterior de su inserción provisional en Europa, se prefiere negociar con un Estado como Turquía, en el que los derechos humanos brillan por su ausencia, para expulsarlos de nuestras fronteras sin pedirle a ese país ninguna garantía acerca de los métodos que utilizará para esa expulsión, y que podemos imaginar fácilmente. Es decir, el viejo sistema de contratar a un matón –carísimo en este caso- para que haga el trabajo sucio.

Por supuesto que no todos esos migrantes son titulares del derecho de asilo, pero la Unión Europea prefiere una ilegal expulsión masiva antes que tomarse el trabajo de repartir entre sus socios el trabajo de discriminar el origen de cada uno y otorgarles el trato que les corresponda. Mientras tanto, se amenaza a Grecia con sanciones por no controlar el flujo de solicitantes de asilo mientras ni se plantea sancionar la negativa de varios países a asumir su cuota de refugiados. Y mucho menos, por supuesto, cuestionar el empleo de gases lacrimógenos y cargas policiales contra ellos. O la decisión de Dinamarca de incautar los bienes de los refugiados para pagar una supuesta ayuda humanitaria. Con el agravante de que a favor del tratado con Turquía han votado incluso los gobiernos europeos a los que se supone una posición de izquierdas.

No es la primera vez que nuestra Unión legisla violando derechos de ciudadanos no comunitarios. En la Directiva del Retorno aprobada por el Parlamento Europeo en 2008 –con el apoyo del gobierno socialista español de entonces- se concede a los inmigrantes que carecen de papeles un curioso privilegio jurídico: es posible mantenerlos en la cárcel durante un año y medio sin que exista contra ellos ninguna acusación penal. Y a los menores cuya familia no es posible localizar la Directiva permite que se los entregue a los servicios sociales de un país que no necesariamente sea el país de origen del menor para que se encargue de ellos. Se supone que previo pago. Quien dude de esto puede leer los artículos 3, 10, 15 y 16 de esta normativa, disponible en internet.

Mientras tanto, los partidos políticos españoles están enfrascados en su juego de pactos, alianzas y vetos, que no les deja tiempo para organizar una protesta masiva contra una evidente violación de los derechos humanos en una Unión a la que pertenecemos. Y mucho menos para recordar que peor aún es la situación de los inmigrantes que no pueden acogerse al derecho de asilo, porque jurídicamente la miseria y los gobiernos que conculcan los derechos humanos no se consideran causas de persecución. No se realizan esfuerzos suficientes para defender una política internacional que se dirija a las causa de esas migraciones masivas, tanto las que provienen de países en guerra como de los que huyen de la miseria. De hecho, en los programas de los partidos políticos se echa de menos un enfoque racional de la cooperación internacional al desarrollo que no se limite al envío de fondos a que suele reducirse en la actualidad, pese a la retórica de declaraciones y normativas. Nadie recuerda, por ejemplo, que hace ya mucho tiempo se propuso establecer la llamada “tasa Tobin” a las transacciones financieras y la lucha contra los paraísos fiscales como manera de conseguir fondos para proyectos concretos dirigidos al tercer mundo. Ya nadie habla del famoso 0,7% acordado en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1980. Y me temo que la historia nos pasará factura: una civilización que permite el aumento incontrolado de la desigualdad, tanto en el interior de cada país –en España somos líderes en ello- como entre las distintas partes del mundo está creando las condiciones para conflictos mucho peores que los actuales.