Ángeles Álvarez

Política socialista y activista feminista

El 27 de mayo de 2016 se publica en el BOE una resolución por la que se revoca la “declaración de utilidad pública” a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE). El destrozo de una decisión de ese calado es mayúsculo y muestra el grado de deterioro moral de un PP que ha decidido colocarse al lado de lo más ultramontano.

Ser una “entidad de utilidad pública” supone una calificación especial, por la que “se reconoce el beneficio para toda la colectividad de los fines perseguidos por dicha asociación”. La FPFE tiene a sus espaldas una historia de compromiso riguroso con la salud. La componen profesionales de prestigio que trabajan y han construido la arquitectura de apoyo a la Planificación Familiar en este país.

Es una organización clave que trabaja en la promoción, la defensa y el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y que coordina a través de la secretaría técnica el Intergrupo Parlamentario Español sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva. Revocar la utilidad pública de una organización como la FPFE deja claro que el PP se suma a la estrategia de los anti-derechos que buscan obstaculizar el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones en relación con la planificación familiar y el libre uso de métodos anticonceptivos.

Tener “utilidad pública” supone gozar de beneficios fiscales, económicos, administrativos y procesales, de acuerdo con la normativa aplicable. Por eso, revocar esa calificación es un ataque a las políticas de prevención de embarazos no deseados y a toda la estrategia de Planificación Familiar en este país.

La decisión del Gobierno viene a satisfacer la demanda de un grupo ultra. El PP hace suyos todos los argumentos que la Asociación de Abogados Cristianos utiliza en una denuncia que acusa a la FPFE de “promover el aborto en clínicas privadas con ánimo de lucro y promocionar fármacos anticonceptivos contra las normas que regulan la publicidad de los medicamentos”.

El gobierno del PP debería saber que es la administración pública la que hace las derivaciones a las clínicas y que estas vienen a cubrir las prestaciones a que está obligada, por ley, la sanidad pública. ¿Se da cuenta el gobierno de que cualquier publicidad de un servicio legal es publicidad lícita?

El análisis detallado de la acusación de la Asociación de Abogados Cristianos no se sujeta seriamente ni tan siquiera utilizando el argumento peregrino de que la Comunidad de Madrid había procedido a una sanción administrativa a la FPFE por haber incluido, en una de sus publicaciones, un anuncio de un servicio sanitario que en su texto incluyó la palabra “viagra”. No hubo publicidad directa, de ese ni de ningún otro fármaco, y en todo caso, la cuestión no pasa de ser un desliz que ya había sido sancionado en via administrativa y no daba para más.

Atacar de forma tan desmedida, y con el BOE en la mano, a la principal organización de Planificación Familiar de España es una obscenidad que solo puede poner en práctica un gobierno reaccionario, antiguo y misógino. La FPFE promueve que mujeres, hombres y personas jóvenes tengan acceso a la información y servicios en materia de salud sexual y reproductiva y trabaja en formación, sensibilización, atención directa e investigación. ¿Acaso cree el gobierno que estas acciones y los estudios que realiza sobre el estado de la salud, de las prestaciones y de los servicios en el campo de la sexualidad y la reproducción, no son de utilidad pública?

¿Acaso cree el Gobierno del PP que los Centros Jóvenes de Anticoncepción y Sexualidad, que ha puesto en marcha la FPFE, dirigidos a menores de 29 años y que prestan servicio de información y asesoramiento para mujeres inmigrantes no son de utilidad pública?

Estos centros trabajan en el asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva, aconsejan sobre anticoncepción y prescripción de métodos anticonceptivos. También ofrecen servicios de prevención y detección precoz del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, dan atención médica, hacen terapia sexual y de pareja y talleres de educación sexual, y asesoran a profesionales y familias. Esto según el PP ¿no es de utilidad pública?

Lo ocurrido supone no reconocer el beneficio que tiene para toda la sociedad contar con una organización que promueve la salud sexual y reproductiva. Pero también supone estigmatizar a quienes son una pieza clave en el apoyo a la formación e intervención social preventiva en materia de sexualidad y reproducción.

Revocar la utilidad pública de la FPFE es colocarse contra la eficiencia, la rigurosidad, el buen hacer de quienes, desde hace décadas, vienen trabajando en España para educar en salud, para prevenir embarazos no deseados, para combatir las infecciones de transmisión sexual y en definitiva para ayudarnos a todos/as a cumplir con los objetivos que en esta materia se impone la OMS: “tener un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, y hacerlo placenteramente con seguridad y libres de toda coacción, discriminación y violencia”. ¿O quizás sea esto lo que el PP no considera de utilidad pública?

Cuando un gobierno hace suyas, y pretende imponer a todos/as, las premisas de organizaciones religiosas solo cabe que nos reafirmemos en la idea de que, para consolidar los derechos, es esencial (y urgente) habilitar principios constitucionales que hagan realidad que el Estado se libere de las influencias religiosas.