La vida de un trabajador vale menos que el salario que nos mata. Solo así se puede explicar que se asimile con naturalidad que cientos de personas mueran al año trabajando.

En tan solo 5 meses, desde enero hasta mayo de este año, han muerto 336 personas en su trabajo, es un 20% más que en el periodo del año anterior. Una tendencia que no deja de aumentar desde la vuelta a los centros de trabajo tras la pandemia. Casi 7.500 personas han muerto durante su jornada por accidente de trabajo en esta última década aún por concluir.

Que una persona con 60 años, con 40 grados en la calle desde hace más de una semana (la temperatura en suelo supera los 50 grados), esté trabajando a determinadas horas a pleno sol en la peor ola de calor de los últimos años, es algo más que una negligencia. Que otra persona con 62 años esté en la primera línea de extinción de incendios hasta quedar atrapado por un fuego que pudo prevenirse, trabajando en cuadrillas sin recursos, con condiciones y personal claramente insuficientes, es un atentado a la clase trabajadora.

En la estadística son un “accidente mortal” más, en el balance de cuentas de Urbaser o del gobierno ultra de la Junta de Castilla y León, un recurso humano y salario menos. Para muchas otras personas, Daniel y José Antonio, son un padre, una amiga, un hijo, una hermana, un compañero que ya no volverán. En momentos así se hacen insoportables la retahíla de falsas condolencias, escaqueo de culpas y promesas insuficientes de los responsables cuando uno de los nuestros muere. Estamos hartos.

Y es que somos los trabajadores y las trabajadoras quienes arriesgamos todo, tanto es así que nos dejamos hasta la vida. Sin embargo, no hay beneficios; para nosotros lo justito para pagar el alquiler, la comida y el transporte que nos permita llegar puntuales al trabajo y seguir así la cadena. Nos dirán que es el patrón quien arriesga el patrimonio, pero qué sucede cuando despiden a un trabajador, ¿acaso no pierde él o ella su sustento, incluso hasta su casa? En 2021, los desahucios aumentaron en más de un 40%, más de 41.000 familias fueron expulsadas de sus casas por la fuerza. Las personas atendidas por los Bancos de Alimentos vuelven a repuntar cerca de los valores más altos de la crisis anterior, en torno a un millar y medio de familias atendidas, ¿arriesgan o no arriesgan su patrimonio las familias trabajadoras?

Desafortunada fue la primera reacción de la Ministra de Trabajo en redes sociales, achacando a la crisis climática la muerte de un trabajador. Sin duda existe una emergencia medioambiental que debemos atender urgentemente, estamos viviendo frecuentes olas de calor, nuestras montañas y bosques arden como nunca antes, pero que estos compañeros estuvieran trabajando en esas condiciones, como muchos otros por todo el país, es porque hay un responsable que les obliga. Y es ahí donde un Ministerio de Trabajo debe centrarse, en prevenir esas muertes. En la lucha contra los abusos y presiones patronales cada vez más frecuentes. En definitiva, en desarrollar un marco de relaciones laborales que protejan al trabajador de tal manera que nadie se vea obligado a poner en riesgo su vida para poder ganársela. Los trabajadores y trabajadoras de este país sabemos bien que cuando aprieta un mareo, uno se aguanta no sea que le echen. Sabemos bien que, cuando el jefe dicta, nosotros cumplimos, que si no "ahí está la puerta que hay 200 como tú esperando". Sabemos bien que cuando la vida oprime, la libertad para elegir sale por la garganta.

Es una obviedad que la normativa española sobre salud laboral hace aguas. No en vano la última actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo vienen del Gobierno del Partido Popular, un gobierno que ha cometido las mayores agresiones a los derechos de los trabajadores en décadas. En este contexto es inconcebible que ni el gobierno actual, ni los sindicatos institucionales, hayan acometido reforma alguna. Es más, su esfuerzo ha sido el de obviar posibles cambios legislativos y firmar la prórroga de una Estrategia de Seguridad caducada y claramente ineficaz.

Cada crisis se resuelve con abusos contra nuestras condiciones de trabajo en forma de pérdida de poder adquisitivo, presión para aumentar los horarios, mayores cargas, evitar descansos, reducir los derechos de baja, escatimar los elementos y condiciones de seguridad... Una espiral hacía el fondo en el que “el progreso” prometido del neoliberalismo cada día se parece más a una vuelta al pasado que pauperiza nuestras condiciones de vida y nuestros derechos.

Qué tiempos estos en los que tenemos que pedir algo tan básico, volver sanas y salvos con nuestra gente cada vez que acabe nuestra jornada laboral. Y pensar que había algún dirigente sindical entretenido en decirnos “¡que se vaya a hacer puñetas, vamos a disfrutar del verano!”…