La verdad, la falsedad y la política

La verdad existe, no como una categoría absoluta que camufla la ficción con el disfraz del dogma, ni como un valor relativo que despoja a las personas de la capacidad de interpretar de manera veraz el mundo en el que viven e interpretarse en él, sino como un proceso social, dinámico y en permanente revisión, derivado de la acumulación histórica de saberes objetivos, aportados por la observación, la experiencia y la investigación libres de prejuicios. Así entendida, la verdad cimenta el pensamiento libre, enriquece la experiencia vital y constituye el núcleo vital de toda cultura emancipadora.

En la actualidad, vivimos un momento histórico en el que, desde las redes de poder plutocrático, representadas de manera natural, aunque no exclusiva, por los grupos políticos y gobiernos de derecha, ultra y no-ultra, se ha articulado un maridaje letal entre el interés en conservar y reproducir el modelo neoliberal dominante de subordinación de la vida a la maximización de ganancias privadas y el empeño en mutilar la verdad mediante la difusión planificada de falsedades y, en paralelo, la ocultación de informaciones ciertas y significativas, susceptibles de servir a la ciudadanía para actuar en consecuencia. Es la fórmula con que el establishment global lava sus culpas en la generación de injusticias y evade responsabilidades. En este engranaje, la cofradía ultraderechista, entronizada con la presidencia de Donald Trump en la Casa Blanca y con una fuerte presencia institucional en Europa y Latinoamérica y, por supuesto, en España, presta un encomiable servicio mediante la impúdica e impune difusión de miedos, fobias y odios irracionales, que se instalan en los ámbitos de convivencia de la sociedad contribuyendo a su fragmentación.

Esta operación global contra la verdad goza de la cobertura privilegiada de los grandes medios de comunicación de masas que, en vez de contribuir a la formación de una opinión pública libre y plural, fundamentada en el derecho de la ciudadanía a una información veraz y contrastada, tienen como principal función la de que los ciudadanos asuman como propios los valores en los que se funda el statu-quo neoliberal. Ello es el fruto del control que los grandes grupos financieros tienen sobre las líneas editoriales de las grandes corporaciones mediáticas, que ha conducido al progresivo declive del periodismo informativo en favor de un periodismo sensacionalista, donde se impone lo que es noticia y lo que no, donde los hechos no se verifican ni contextualizan, donde la realidad se construye de forma maniquea para despertar adhesiones o rechazos viscerales, donde se utiliza el formato aparentemente neutro y objetivo de la noticia para crear opiniones sesgadas, donde no hay reparo en subvertir los significados del lenguaje para utilizarlo como arma arrojadiza contra todo el que cuestione o denuncie la naturaleza real del orden establecido; en definitiva, donde se ha impuesto una nueva forma de “censura al revés”, no por prohibición directa del acceso a la información, sino por ocultamiento de lo que es necesario saber para la formación de una ciudadanía crítica. Es con esta censura al revés con la que los “dueños de la información” establecen su dominio sobre la opinión pública.

Los políticos de la derecha, ultra y no ultra, por ser los delegados naturales del modelo neoliberal, que pone las instituciones públicas al servicio del interés privado de las grandes corporaciones y grupos financieros, mantienen una relación cuasi-simbiótica con los patrocinadores y sicarios mediáticos de la falsedad y han trasladado a la política las miserias del periodismo-estafa-espectáculo. Lo hacen con declaraciones destinadas al ruido mediático o reproduciendo consignas y mensajes tóxicos con los que manipulan la realidad a la medida de sus intereses, sin pudor en mostrarse como lo que no son y acusar a los adversarios de lo que son. Es la manera en que suplen su desinterés e ineptitud en ofrecer respuestas y soluciones benéficas a los grandes problemas sociales que el propio modelo que defienden genera (desigualdades sociales, cambio climático, devaluación de la democracia). Está claro que el establishment ya no necesita estadistas en la primera línea política, sino mojigatos que sepan cacarear, eso sí, bien anclados en las redes de poder. El precio a pagar por la sociedad es la degradación que para la cultura de la verdad y el bien común supone que la labor política no se entienda como un servicio público sino como un instrumento para conceder al dinero la libertad que se niega a las personas.

Esta ofensiva estratégica contra la verdad, que desvirtúa la democracia al tiempo que utiliza sus formas como manto legitimador y absolutorio, se ha traducido en una escenografía político-mediática donde lo que es evidente, racional o realmente progresista “comparte plató” con los mensajes sesgados que adulteran la realidad para ajustarla a patrones ideológicos preestablecidos, los propios del establishment. En la práctica, ello supone la postergación del saludable pluralismo que la verdad contiene en beneficio de un simplismo banalizante en el que toda afirmación, reducida al ámbito subjetivo de la opinión, es válida, esté apoyada en la honestidad intelectual o en una intencionalidad destructiva. Es lo que ocurre en este país en la mayor parte de las tertulias políticas de las grandes cadenas generalistas, donde el debate de ideas, que debería ser expresión de salud democrática, queda adulterado por la imposición de un formato en el que la agenda temática viene marcada desde arriba y en el que los abanderados de la falsedad, consciente e interesada, disponen de barra libre para despotricar a sus anchas.

Conviene señalar, además, que lo que otorga un carácter singular a este momento histórico de entronización a gran escala del engaño es la colaboración abierta de un considerable sector del público en la difusión masiva por las redes sociales de los infundios que los agentes de este sistema fraudulento fabrican y lanzan al «ruedo virtual», donde operan, a fuerza de reenvíos, como elementos de intoxicación masiva. Son los mercenarios gratuitos de lo que se ha venido en llamar la “era de la posverdad”.

Esta operación global contra la verdad no es gratuita y persigue un doble objetivo: por una parte, la desactivación/destrucción de toda disidencia que ponga en tela de juicio, con garantías de éxito, las “reglas de juego” establecidas; por otra, extender, entre otras pasiones destructivas, la confusión en la población, altamente rentable en la medida en que «no entender de que va la cosa» pone a buen recaudo el statu-quo. Y ello en un marco en el que la mentira/espectáculo es también una mercancía que proporciona cuantiosos dividendos.

Unas cuestiones, a manera de conclusión: ¿No supone la nivelación equidistante de la verdad y la falsedad, como si fueran dos partes igualmente válidas de la realidad, una usurpación de la verdad? ¿No constituye el desprecio a la verdad una damnificación cultural de la que se deberían pedir responsabilidades? ¿No implica esta ofensiva de la falsedad un perjuicio para la salud democrática? ¿No hay que elevar el bien cultural de la verdad a la categoría de condición necesaria para el pleno desarrollo de la dignidad humana?

Y, en el terreno de la política: ¿No resulta necesario para el bien común romper con la idea establecida que reduce la política a una cuestión de partidos y de lucha por el poder y la asocia al constante ejercicio de la mentira por “intereses partidistas”? Si tenemos en cuenta que la política engloba las distintas maneras de entender la distribución del poder y los recursos en la sociedad, algo con lo que toda persona vive las 24 horas del día, ¿no ha llegado la hora de reivindicar la verdad como parte consustancial de todo proyecto político que ponga en el centro la vida y el bien común? ¿Qué soluciones aportan las elecciones cuando el establishment presiona abiertamente para que los resultados electorales y la formación de gobiernos se ajusten lo más posible a sus preferencias? ¿No tiene la verdad un valor constituyente?

PD.- No incluyo explícitamente en el análisis a la baronía socioliberal de los partidos socialdemócratas, enraizada en el establishment, no porque considere que andan absueltos de responsabilidad en la situación descrita, sino porque dicha inclusión obligaría a introducir muchos matices que desbordaría la extensión del artículo.