Este miércoles tenemos una cita con la memoria, la verdad y la justicia. Se presenta en Madrid la Plataforma Verdad y Justicia en la residencias de mayores con las voces de epidemiólogas, periodistas, familiares y trabajadores de residencias. Aunque parece lejano ya, no han pasado ni dos años desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid decidió abandonar a su pueblo y especialmente a sus mayores. Ya casi dos años desde que muchos ancianos morían solos y encerrados en sus residencias. Otros no morían, pero malvivían sin apenas tener comunicación con el mundo exterior.

Las familias se han cansado de esperar respuesta y se han unido para presionar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y buscan conocer qué pasó en las residencias de mayores en la primera ola de la pandemia, cuando murieron 7.291 personas en los propios centros sin ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Ahora que ya pasó (tocamos madera) la emergencia sanitaria y gozamos de una normalidad que permite hacer lo mismo de siempre es momento de reivindicar y exigir que se haga justicia con los que ya no están. Es momento de preguntarse también que habría pasado si la Comunidad de Madrid no hubiera concedido la gestión de hospitales públicos a ciertas empresas privadas que se han hecho de oro gracias al deterioro de la atención sanitaria que recibimos los madrileños.

Verdad y Justicia nace con el apoyo de Amnistía Internacional, que ya documentó en distintos informes la vulneración de los derechos de los mayores usuarios de residencias durante la primera ola. La ONG denunció en su momento que los ancianos vieron vulnerados su derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y a una muerte digna. En sus informes se dice, entre otras cosas que las residencias nunca pueden ser ‘aparcamientos’ de personas mayores y que la emergencia sanitaria no debió ser nunca una excusa para no asegurarles atención y protección. La organización también habló de la mala gestión durante el pico de la primera ola de la pandemia que tuvo como consecuencia la falta de los EPI en el personal, la exclusión generalizada y discriminatoria de la derivación hospitalaria y aislamiento de residentes durante semanas enteras sin apenas comunicación con sus familias ni con el mundo exterior.

Sin embargo y a pesar de la gravedad de los hechos, no se ha conseguido respuesta ni por la vía política ni por lo judicial (9 de cada diez investigaciones penales de la Fiscalía han sido archivadas) y por eso mismo la sociedad civil organizada ha decidido que si las instituciones les dan la espalda, serán ellos los que tomen las riendas y crearán si es preciso una comisión de investigación para averiguar lo ocurrido. En las investigaciones penales no se ha escuchado a los familiares, que son quienes tienen mucho que contar y de primera mano, y se han archivado nueve de cada diez casos. Se ha hecho caso omiso de los informes médicos que han aportado, en los que en muchos casos queda claro que se les abandonó y algunos de ellos murieron incluso de hambre o de sed.

La plataforma se presenta este miércoles 18 de mayo a las 11.00 horas en la librería Traficantes de Sueños, en Madrid, y el acto será presentado por Victoria Zunzunegui, epidemióloga; Manuel Rico, director de investigación de infoLibre y autor del libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias; Mercedes Huertas, familiar de una persona fallecida, y Rosa María García, trabajadora de una residencia.

Como en otros casos de la historia reciente de nuestro país, y de eso los republicanos sabemos un poco, se quiere pasar página sin hacer justicia, que la memoria se transforme en olvido y no existan responsabilidades de ningún tipo. Nos suena la historia en la que por desgracia, se abandona a los más desfavorecidos, a los nadies, los olvidados.

Para dar un paso hacia adelante es necesario poner el foco en los errores del pasado. Por ello, es fundamental que se aclare todo lo sucedido, porque si no hay cambios ni humanización en las residencias, nada cambiará. Y les diré más, jamás se podrá conseguir una atención humana y digna en las residencias mientras no se depuren responsabilidades.