Juan Torres López

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

Las autoridades europeas se empeñan en hacer creer que el principal problema que tienen que resolver es el de la deuda pública y afirman que ésta se ha generado por el excesivo gasto de los gobiernos en servicios públicos, y porque las personas normales y corrientes hemos vivido "por encima de nuestras posibilidades". Por eso dicen que su único remedio es aplicar las durísimas políticas de austeridad que proponen.

Se trata de un juicio que no responde a la verdad y que está llevando a los países europeos al desastre porque los efectos de los recortes de inversión pública y gasto social que aplican está destruyendo la capacidad de generar ingresos, no solo a corto sino a medio y largo plazo, y eso va a dar lugar, si no se cambia de rumbo urgentemente, a muchos años de penurias y grandes sufrimientos y convulsiones sociales.

Con independencia de que en la mayoría de los países el problema es la deuda privada y no la pública (un asunto que no voy a tratar ahora) la realidad es que las causas verdaderas de ésta última son otras distintas a las que proclaman las autoridades y, por tanto, requieren un tratamiento diferente. Las más importantes son la siguientes:

- En primer lugar, haber prohibido la financiación a los gobiernos por el banco central y obligar a que se financien por la banca privada. Eso ha producido un encarecimiento extraordinario de la deuda traducido, paralelamente, en enormes beneficios para los banqueros privados. Los economistas franceses Jacques Holbecq y Philippe Derudder han demostrado en su libro La dette publique, une affaire rentable: A qui profite le système? ( Ed. Yves Michel 2009) que Francia ha tenido que pagar 1,1 billones en intereses desde 1980 a 2006 para hacer frente a la deuda de 229.000 millones existente en ese primer año. Es decir, que si hubiera sido financiada por un banco central sin pagar intereses se hubiera ahorrado 914.000 millones de euros. Sabemos que España ha pagado ya tres veces la deuda que tenía en 2000, Agustín Turiel ha demostrado que solo en 2008, 2009, y 2010 ha tenido que pagar 120.842 millones de euros para hacer frente a la deuda en las condiciones que le imponen los mercados (La deuda ilegítima del Estado Español) y que en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se consignan más de 28.876 millones de euros de intereses. En toda la Unión Europea los dos investigadores citados muestran que se pagan anualmente unos 350.000 millones de euros a la banca privada por este mismo concepto. Es evidente, pues, que el factor principal que ha encarecido la deuda pública, el que la mantiene hoy día en sus niveles desorbitados, es el que haya sido financiada por la banca privada a intereses de mercado.

Si el Banco Central Europeo hubiera actuado como un auténtico banco central, en lugar de ceder la financiación a la banca privada para que esta hiciera un negocio descomunal, las economías europeas no estarían en la situación calamitosa en la que están y los pueblos europeos no tendrían que estar soportando los sacrificios tan grandes que ahora soportan. Además, de esta forma se habría evitado no solo tener que gastar mucho más en la financiación sino también el sufrirla en las condiciones tan volátiles que generan los inversores especulativos que predominan en los mercados. Y así se obligaría más fácilmente a los bancos a que dediquen sus recursos a cumplir con su función que es la de financiar a las empresas y consumidores para que así haya actividad, empleo e ingresos públicos suficientes.

- En segundo lugar, el gran incremento de las desigualdades que ha hecho que montantes cada vez más grandes de ahorro de las clases más ricas se destinen a la especulación deteriorando la actividad productiva y disminuyendo así la generación de ingresos privados que, a su vez, nutran puedan nutrir las arcas públicas. Y no se puede olvidar que esa desigualdad se ha generado deliberadamente, por influjo de los grandes grupos oligárquicos, al aplicarse políticas de moderación salarial y de fomento del trabajo precario, y haciendo reformas fiscales regresivas que han mermado los ingresos públicos con tal de permitir que los más ricos, las grandes fortunas y grandes empresas, apenas paguen impuestos. Si estas últimas no cometieran fraude fiscal en España no habría que hacer posiblemente ningún tipo de recorte en el gasto público.

- En tercer lugar, la existencia consentida de paraísos fiscales en donde se calculan que hay entre 1,5 y 2 billones de euros que no tributan ni un solo euro a las haciendas europeas.

- En cuarto lugar, la identificación del progreso con el mito del crecimiento intensivo que ha llevado a realizar gastos públicos completamente innecesarios e improductivos (grandes aeropuertos e infraestructuras infrautilizados y desproporcionados, trenes de alta velocidad, edificios suntuarios...).

- Y finalmente, la falta de democracia real que permita el control social de las autoridades, la sanción contundente de la corrupción y la participación efectiva de la ciudadanía en la gestión presupuestaria para poder evitar que ocurra todo lo anterior.

Por lo tanto, la solución a los problemas de la deuda pública en Europa no puede pasar por las políticas de austeridad que están aplicando las autoridades y que simplemente consisten en recortar derechos sociales y recursos para el bienestar, con el fin soterrado de facilitar el negocio de su provisión privada y de mantener los privilegios de la banca y de las grandes empresas.

La solución es otra.

Con carácter inmediato hay que plantear una quita en toda Europa de la deuda existente, que es completamente imposible que se pueda pagar, repudiando la deuda generada por la financiación privada y por la especulación en los mercados; modificar el estatuto del Banco Central Europeo para que financie sin intereses los gastos extraordinarios de los gobiernos (sin perjuicio de que eso deba ir acompañado de un control de las demás circunstancias que provocan un crecimiento inadecuado de la deuda pública que debe limitarse a financiar necesidades extraordinarias o las inversiones que necesita el desarrollo integral y sostenible de las economías); la prohibición de los paraísos fiscales; la puesta en marcha de un plan de lucha contra el fraude en toda Europa y de reformas fiscales progresivas con figuras impositivas que graven las transacciones financieras y particularmente las de carácter especulativo; recuperar el poder adquisitivo de las rentas más bajas para generar actividad, empleo e ingresos públicos; prohibición de la utilización de productos financieros vinculados a las necesidades sociales básicas o a los recursos estratégicos de las economías; y reformas políticas que fortalezcan las democracias el control, social y la participación ciudadana. Aunque, siendo realistas, hay que señalar que para frenar de verdad la deuda pública y no echar sobre las economías una losa insoportable e insostenible en forma de gasto público corrupto y despilfarrador, será necesario a medio plazo avanzar aún más, estableciendo controles de capital para evitar la constante inestabilidad monetaria, desmercantilizando el trabajo y repartiendo el empleo, y configurando nuevos regímenes de propiedad y de derechos asociados a ella para evitar la concentración actual de los recursos y el dominio de los mercados y de la sociedad por los grandes grupos de poder empresarial y financiero.