Mike González

Tiene razón Juan Carlos Monedero cuando habla de la hipocresía de una oposición venezolana que invoca la Constitución que no ha dejado de denunciar. Es cierto que la derecha de América Latina y del Estado español ponen el grito en el cielo para que caiga el chavismo.

La intervención del Tribunal Supremo de Justicia al arrogarse los poderes del parlamento, sin embargo, desconoció la Constitución, según la declaración de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, respetada chavista y asesora cercana de Hugo Chávez en sus días. El Tribunal es incondicional de Nicolás Maduro. Sin embargo, Maduro alegó que su fallo le llegó de sorpresa y echó marcha atrás ante la postura de Ortega.

Más allá de las conflictivas relaciones entre Asamblea y Presidencia, hay incómodas verdades que debemos afrontar. El destino del proceso bolivariano, o más bien su desmoronamiento, tiene profundas implicancias para la izquierda internacional. Defender a ultranza a los que han transformado su discurso en retórica hueca es dejar indefensos a todos los que vimos en él una esperanza transformadora.

Hay que partir de una realidad terrible. Juan Carlos acusa a la Asamblea Nacional de “profundizar el riesgo financiero a Venezuela”. Quiérase o no la Asamblea Nacional recibió una mayoría contundente del voto popular en diciembre 2015; ganó el 66% de los curules, y aun dejando de lado los tres diputados contestados de Amazonas, sigue con una mayoría arrolladora. El sistema presidencialista venezolano es un sistema de balances entre presidencia, parlamento y judiciatura, inspirado en el norteamericano. El caracter cada vez más autoritario que ha tomado el estado venezolano bajo Maduro nada tiene que ver con la propuesta de Chávez, el estado de las comunas, donde la presidencia sería tanto más transparente como más sujeta a la voluntad popular expresada en instancias democráticas organizadas en la base.

Desde hace más de un año, Venezuela vive un Estado de Excepción que en la realidad suspende la Constitución Bolivariana de 1999. Con el justificante de una Asamblea empeñada en derrocar el chavismo y de una “guerra económica” responsable de la terrible crisis, se ha impuesto un gobierno por decreto presidencial (aprovechándose de “la ley habilitante”). Esto no ha significado estrategias nuevas, sino una política reactiva e incoherente. Mientras que la producción industrial ha decaído en casi el 40% (en comparación con 1997) la agrícola está prácticamente paralizada por la falta de insumos, la violencia en el campo, y el alto costo de los fertilizantes. Más del 90% de los alimentos son importados. Esto es en gran medida el resultado de un régimen financiero donde el comercio de divisas rendía beneficios increíbles, con la complicidad del gobierno. Es más. Tanto la burguesía como grupos dentro del aparato estatal y militar se han aprovechado de esta situación, desangrando las arcas públicas y enriqueciéndose a un ritmo acelerado. Lo que ha significado para el pueblo, en cambio, es que los artículos importados – medicinas y alimentos por ejemplo – comprados al valor oficial (de 12 bolívares por dólar) se vendan luego en el mercado nacional al valor extraoficial de un dólar inestable calculado en miles de bolívares. De allí que, según el sindicato de maestros, se requiera diez y siete salarios mínimos para comprar la cesta básica de bienes y servicios.

Juan Carlos atribuye la crisis a la baja del precio del petróleo. Ya en 2007 el Opep proyectaba la caída del precio a partir del 2011. No fue sorpresa para nadie. Aun así, el presupuesto público de Venezuela se basaba en un precio de 60 dólares barril aun cuando alcanzaba 140 en el mercado internacional. La diferencia debió asegurar recursos para la diversificación de la economía y la acumulación de reservas. Pero (según el entonces ministro de la economía, Jorge Giordani) más de 450 billones de dólares “desaparecieron” del país en un despilfarro de dimensiones gargantuanas a manos tanto de la antigua burguesía como la nueva burocracia estatal, la llamada boliburguesía. Y esto sin contar los billones más que cayeron en el hueco negro de los ‘fondos chinos’ manejados desde Pdvsa, la petrolera estatal.

Las largas colas en los supermercados de gente que espera conseguir los productos más básicos, la falta del 80% de las medicinas necesarias, la ausencia de repuestos, herramientas y maquinaria, y la paralización de la producción son palpables. Los resultados son una pérdida de peso promedio por persona de 8 kilos, las desesperadas llamadas por radio y por Facebook de gente buscando medicinas en muchos casos vitales para la supervivencia, además de una inflación rampante que multiplica por cien el costo de los productos básicos.

La burguesía comercial se ha aprovechado de la situación, sin duda alguna, acaparando y desapareciendo bienes de consumo de todo tipo. Es el comportamiento ‘natural’ de esa clase. Pero ¿por qué no ha actuado con firmeza un gobierno que se dice ‘socialista’ en defensa de las mayorías? Los discursos combativos del presidente Maduro no han producido una sola medida para enfrentar la situación, a pesar del Estado de Excepción. Al contrario; la deuda extranjera se pagó mientras que el único ministro que intentó hacer funcionar la ley de precios justos fue despedido a las dos semanas.

Los famosos CLAPs, las bolsas de productos entregados a domicilio para resolver las necesidades de los más pobres llegaban incompletas, o se vendían, o desaparecían. Pero lo más grave es que su distribución fue encargada al partido del gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) que las entregaba a sus adeptos a cambio de su lealtad política.

El papel del PSUV es revelador del alejamiento del estado venezolano de las propuestas y promesas del chavismo original. El partido fue creado por Chávez a finales del 2006 con la promesa de ser el instrumento del socialismo del siglo XXI, democrático y transparente. Pero se convirtió muy rápidamente en un instrumento del poder, encargado de silenciar a disidentes e inconformes a cambio de dádivas (los CLAP por ejemplo) o con amenazas. No había puesto en el sector público que no exigiera el carnet del partido. Hoy el partido administra ‘el carnet de la patria’ sin el cual no hay acceso a los servicios del estado. Por otro lado, los que dirigen el PSUV no son los primeros chavistas, los que trabajaron para que se profundizara el proceso bolivariano (con todo y errores), sino una nueva generación de burócratas, incondicionales del poder, y que incluye muchos miembros de las familias denunciadas desde la presidencia.

De allí los resultados electorales del 2015. La derecha ganó porque millones de chavistas o se abstuvieron o (sobre todo en las ciudades) dieron su voto protesta a la MUD, aun sabiendo que poco se podía esperar de ellos. En vez de actuar para ganarse de nuevo al pueblo perdido, Maduro suprimió las elecciones a gobernadores y alcaldes de noviembre 2016 sin aviso ni explicación, y manipuló el Consejo Nacional Electoral para impedir la Revocatoria, el derecho democrático de revocar a las autoridades públicas mediante una votación popular que otorgaba la Constitución de 1999. Al mismo tiempo el estado de excepción imperante desde hace un año la descarta doblemente. Es como si el Madurismo decidiera, para parafrasear a Brecht, disolver el pueblo inconveniente para nombrar otro más obediente.

Según Juan Carlos, la oposición, ciertamente cínica y falsa, no tiene propuesta alguna para resolver la miseria del pueblo, pero pone en riesgo la estrategia económica de Maduro. ¿Cuál es esa estrategia? Se resume en el Arco Minero (la entrega de la zona minera más rica del país, que representa un 12% de su territorio) al capital multinacional. La zona es territorio de los ríos más caudalosos y de las reservas de agua más importantes de Venezuela, con una ecología amazónica frágil y compleja que acabará destruida, que abriga a comunidades indígenas cuyos derechos están explícitamente reconocidos en la Constitución, y que hoy están siendo ya desplazadas a la fuerza por el ejército. El Estado de Excepción ha impuesto el silencio ante estos vejámenes, ocultos tras una censura militar. Los beneficiarios de esta estrategia serán, por un lado, las trasnacionales seducidas con la promesa de una amplia inversión estatal y un período de ocho años libre de impuestos. Por otro lado, la nueva empresa militar, CAMINPEG, fue creada hace un año como brazo autónomo del Ministerio de Defensa para encargarse del comercio petrolero y minero. En realidad la empresa, manejada por militares, pertenece al sector privado a pesar de funcionar desde (sin ser responsable) el Ministerio de Defensa. Ya sabemos quiénes pagarán (o están pagando) el precio de la entrega del Arco; los beneficios, partiendo de las “comisiones” percibidas por las burocracia estatal, los cosechará la empresa privada tanto civil como uniformada. Mientras tanto las Zonas Económicas de Producción y las nuevas empresas mixtas al interior de Pdvsa funcionarán en conjunto con el Arco Minero, entregando el país al capital multinacional.

El estado chavista ya no existe, más allá del nombre y la marca. Es netamente un estado capitalista defendiendo su derecho de desandar el camino de la transformación social y volver a integrarse en el mercado global. La militarización del gobierno (once de treinta y dos ministros, sin hablar de cuantiosas gubernaturas y alcaldías, están ocupados por militares) muestra su alejamiento de la democracia participativa y su viraje hacia un autoritarismo cada vez más represivo. El poder de los militares se compagina con su presencia en la economía, tanto la oficial como la subterránea. Es vox pópuli en Venezuela que los militares y la policía están involucrados en negocios turbios, desde el contrabando hasta el narcotráfico. Y en tanto se arrecia la desesperación en las bases, el gobierno crea nuevas fuerzas represivas (las OLP y recientemente las Fuerzas Especiales) que montan operativos asesinos en los barrios pobres, supuestamente en contra del narcotráfico. ¿Acaso no hay delincuentes en las zonas de clase media alta y las grandes haciendas, donde residen los peces grandes del narcotráfico y los paramilitares? Pero las fuerzas especiales no llegan hasta allí.

La cuestión candente hoy no tiene que ver con la actitud del PP ante Venezuela sino con cómo una izquierda mundial se enfrenta a la corrupción y devaluación del proceso chavista. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Según Juan Carlos ser crítico es hacerse cómplice de la derecha internacional. Pero ¿suspender la crítica no es plegarse a una casta dirigente que se está enriqueciendo a expensas de un pueblo que creía en la promesa del socialismo del siglo XXI? ¿No es encubrir un crimen de lesa-pueblo cínicamente oculto tras un falso discurso revolucionario?

La polarización en Venezuela hoy día no es entre chavistas y opositores, sino entre la alianza de los poderosos, los antiguos y nuevos burgueses, y un pueblo que hoy como nunca debemos apoyar con la honestidad, el compromiso y una crítica que aporte al renacimiento del espíritu prometedor y optimista del socialismo del siglo XXI. De momento se ha disuelto ante la necesidad y la decepción, pero podrá renacer en nuevas luchas contra los enemigos de siempre. El pueblo venezolano, desanimado y confuso, empeñado en sobrevivir a diario, se encuentra entre dos aguas. Por un lado la campaña internacional contra Venezuela, con sus chantajes y agresiones; por otro, un estado que emplea el lenguaje de la revolución para ocultar su corrupción y sus componendas con sus más recalcitrantes enemigos. ¡Cuánto más será su desorientación si los que celebramos el impulso emancipador a través del mundo nos quedemos callados ante su lenta desaparición!