Al amparo del artículo 20 de la Constitución Española, el específico que establece de la libertad de prensa y de opinión, muchos de los actuales generadores oficiales del discurso del odio, han perpetuado su ímpetu y sus ganas por anular al colectivo LGTB en cada una de las intervenciones públicas que realizan. Desde el feminismo ‘radical’, aquel que defiende la igualdad por encima de todo, hasta los ‘chiringuitos’ y las mamandurrias (que, por cierto, han alimentado a más de un dirigente de ultra derecha) relacionadas con la sociedad LGTB, son muchos los colectivos que nos sentimos afectados y atacados por una extrema derecha que ya está en las instituciones y, lo que es peor, están poniendo el acento en los gobiernos, que no son pocos, formados desde la derecha.

Como hemos podido ver en Madrid, el pasado 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género, Ortega Smith, adalid de la defensa de la libertad de ofender partiendo desde una supuesta libertad de expresión, lo ha vuelto a hacer. Junto, como no, a una defensa fortalecida por parte del alcalde de Madrid, abogado del estado, de una supuesta libertad para poder decir, sin importar a quien salpique, lo que le de exactamente la gana.

Hace unos años, cuando Casandra Vera (la tuitera a la que se le ocurrió mencionar a Carrero Blanco en sus redes sociales) era sentada en el banquillo y condenada a un año de cárcel por ello, muchos pusimos el acento en lo grave de una sentencia que penalizaba la libertad de expresión, que coartaba las opiniones individuales en las redes sociales y que además lanzaba un mensaje a quienes se creyeran libres e iguales.

También ocurrió con la iglesia, llevando a presentadores de televisión a los juzgados por hacer chistes sobre una cruz, a unos titiriteros acusados de terrorismo e incluso a cantantes de rap, alguno fugado. En muchos de esos casos, la Fiscalía no solo no se opuso a los procedimientos, sino que participó activamente en el señalamiento y en el escarnio de personas cuya única culpa era hacer una crítica social o política en el libre ejercicio de su libertad de expresión. Contribuyó, el ministerio fiscal, a trazar una doctrina reaccionaria en contra de muy determinadas personas y sus derechos.

No ocurre lo mismo cuando es una minoría amenazada y violentada la que recurre al amparo de la Fiscalía. Esta semana se han archivado las causas por presuntos delitos de odio que han cometido militantes o cargos públicos de Vox. Comparar la homosexualidad con un delito (es decir, llamar a los homosexuales delincuentes por pederastas) para un concejal de Vox no ha supuesto ninguna reprobación judicial. Es más, la Fiscalía de Valencia ha archivado el caso al considerar que “ya había pedido disculpas”. Más grave es que haya sido la fiscalía especializada en delitos de odio la que tome esta determinación. No creo que en un caso de incitación al odio, las disculpas sean motivo de archivo de la causa. Otro tanto ha pasado con el archivo de los incidentes violentos de militantes de Vox de IFA, sobre los que no se ha pedido ni siquiera la identificación de los agresores bajo la excusa de que “el video no tenía sonido”. Toda España escuchó los gritos e insultos de los homófobos en Alicante, en prime time, pero la fiscalía no pudo escuchar el audio, a pesar de que se lo habíamos enviado desde el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia en un pendrive. Suena a burla indecente.

¿Estamos confundiendo la libertad de expresión con la legitimación del discurso del odio? Es verdad que el artículo 20 de la Constitución perpetúa este concepto; un texto constitucional que, por otra parte, esta extrema derecha con su debate sobre las autonomías, cuestiona. Pero no debemos permitir que en base a un artículo que ha costado sangre, sudor y lágrimas, que ha derribado la Ley de Prensa de Fraga del 66 en la que se imponía la autocensura de los y las profesionales de la comunicación, se pretenda dignificar el odio haciendo ver que se desarrolla un derecho reconocido por el régimen del 78, asfixiando así el espíritu de la transición.

Uno podría pensar que cuando se trata de los más débiles existe una notable desigualdad basada en una diferencia de criterios y que la situación de desprotección e indefensión que tenemos las personas LGTBI, al contrario de lo que parece, tiene causas claras. Y aquí, una de ellas.