Xavier Ferrer-Gallardo

Investigador, Nijmegen Centre for Border Research, Radboud Universiteit Nijmegen

Mariona Illamola-Dausà

Profesora de Derecho Internacional Público, Universitat de Girona

La Unión Europea atraviesa horas de vértigo geopolítico. Zarandeada desde varios ángulos de forma simultánea, su arquitectura se tambalea. La Eurozona zozobra. Y, en paralelo, la reciente embestida intergubernamental a la gestión de la libre circulación de personas resquebraja otra de las piedras angulares de la Unión. Schengen parece perder músculo supranacional. Ello sucede en el transcurso de una conflictiva negociación sobre su gobernanza entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento.

Reunido en Luxemburgo el pasado 7 de junio, el Consejo de la Unión planteó que las normas de evaluación del Sistema Schengen fueran acordadas en su seno y por mayoría cualificada. Dicha maniobra fue objeto de fuertes críticas por parte de la Comisión y del Parlamento, puesto que debilita, claro está, el poder de ambos. Y de manera especial, el de la Eurocámara.

Justo al término de la citada reunión, la Comisaria de Interior, Cecilia Malmstrom, a través de su cuenta en Twitter, se mostró “decepcionada por la falta de ambición de los Estados miembros”. Por su parte, el presidente de la Europarlamento, Martin Schulz, tildó la decisión de “unilateral y contraproducente”. Las reacciones no se detuvieron ante el umbral de la mera declaración de disconformidad. El Parlamento contraatacó con fuerza.

En primer lugar, emplazó a la presidencia danesa a un debate de urgencia durante la comisión parlamentaria que tuvo lugar el martes 19 de junio en Estrasburgo. En este marco, la eurocámara pidió al Consejo que expusiese porqué trata de dejar a los eurodiputados al margen de una iniciativa relativa al área de libre circulación de personas en el seno de la UE.

Y en segundo lugar, tras la reunión de su Conferencia de Presidentes, celebrada el 14 de junio, el Parlamento decidió suspender la cooperación con el Consejo en cinco dosieres hasta que se alcance un acuerdo satisfactorio sobre la gobernanza de Schengen. La decisión se tomó, caprichos de la historia, justo el día en que se cumplían 27 años de la firma del Convenio Schengen.

Uno de los dosieres “bloqueados” concierne a la reforma del Código de Fronteras Schengen. En concreto, atañe a modificaciones en las posibilidades de restablecimiento temporal, excepcional e inmediato de los controles fronterizos en el espacio Schengen por posibles atentados al orden público y la seguridad interior. Resulta particularmente controvertida la opción de reintroducción de los controles en las fronteras internas en caso de deficiencias graves y persistentes en la gestión de las fronteras exteriores, debidas, por ejemplo, a la incapacidad de controlar flujos migratorios.

En medio de este embrollo, aflora una pregunta fundamental: ¿Por qué reformar Schengen justo ahora?

Durante 2011, la llegada de inmigrantes y refugiados a las costas de la Unión procedentes de un norte de África en convulsión geopolítica activó el discurso del miedo en varias cancillerías europeas. Tras la crisis del paso fronterizo de Ventimiglia, en abril de 2011, el entonces presidente francés, Nicolás Sarkozy, y su homólogo italiano, Silvio Berlusconi, instaron a la Unión a abordar una reforma urgente de Schengen. Fue la culminación de una cascada de acontecimientos que impactó de lleno en las dinámicas de movilidad humana en el Mediterráneo.

Pasaron las semanas y las llegadas a la isla de Lampedusa arreciaron. Sin embargo, los cruces irregulares a través del Rio Evros no se detuvieron. La persistente entrada de inmigración a través del perímetro fronterizo Greco-Turco –espacio que el partido neonazi heleno Aurora Dorada propuso sembrar de minas para frenar a los ilegales–, ha mantenido viva la llama refronterizadora.

La angustia que genera en algunos la imposibilidad manifiesta de mantener selladas a cal y canto las fronteras exteriores de la UE se ha convertido en un cotizado caladero de votos. Sin embargo, las elecciones pasan, los líderes políticos transitan y los discursos que enarbolan las banderas de la invasión migratoria y la pérdida de soberanía nacional permanecen.

En estas coordenadas, una Unión Europea aturdida por el efecto de la crisis financiera, y vulnerable ante el alza del populismo, recoge ahora el fruto de un largo proceso de debate político entorno a la gestión de fronteras e inmigración.

Por el momento, la partida sigue abierta. El proceso de reforma no ha terminado. Las próximas semanas serán transcendentales para Schengen y, por consiguiente, también para el proyecto de construcción europea en su conjunto. Si el planteamiento del Consejo de Ministros de Interior prospera, el alma supranacional de la UE podría resultar debilitada. En un momento en el que no pocos observadores indican que la Unión se halla al borde al abismo, ello representaría, sin duda, un formidable paso hacia delante.