Las feministas sabemos muy bien que el machismo no sólo está en los jueces que tienen que aplicar las leyes, sino en las leyes mismas. Precisamente por eso la Ley de garantía integral de la libertad sexual, Solo Si Es Si, es tan importante para el movimiento feminista, para las mujeres y ha generado tantas resistencias desde que fue asumida por el Gobierno de coalición.

Lo que supone este cambio legislativo no es una subida o una bajada de penas, sino entre otras cosas, llevar al Código Penal una transformación en la forma de entender qué es la violencia sexual contra las mujeres y de respetar y garantizar nuestra libertad sexual. Todo ello tras la exigencia que mandata el Convenio de Estambul y gracias al cambio cultural conseguido por el movimiento feminista internacional en la última ola.

Es imprescindible dejar atrás la arquitectura legal patriarcal que obligaba a las mujeres a tener que demostrar que han sufrido violencia o intimidación para ser reconocidas como víctimas de agresiones sexuales; dejar atrás la creencia terriblemente asentada (que se convertía en una dificultad probatoria para las mujeres) de que un hombre puede disponer del cuerpo de una mujer y tener sexo con ella si está casado o convive con ella, al margen de su consentimiento; acabar con la facilidad con la que un padre que agrede sexualmente a sus hijos puede recuperar la custodia en poco tiempo, aún con el riesgo y la vulnerabilidad de tantos niños y niñas que siguen sufriendo esta gravísima vulneración de derechos humanos. El cambio de paradigma que implica esta ley al situar el consentimiento en el centro también parte de la responsabilidad del Estado para acabar con la violencia sexual contra las mujeres.

Es por ello que esta ley es integral y despliega un sinfín de medidas para que los derechos sean una realidad material, desde los centros de crisis 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual hasta la reparación de las víctimas, o entre otras la obligatoriaedad de la educación sexual.

Lo que está sucediendo con las revisiones de condenas estos días responde a una incorrecta aplicación de la ley y a una campaña mediática sin precedentes (y esto es mucho decir). El objetivo de dicha campaña es cuestionar los avances feministas y las transformaciones que el movimiento feminista está consiguiendo desarrollar, a pesar de la reacción antifeminista que ha emergido en todo el mundo. La campaña recurre a un prejuicio accesible, muy manido en los últimos años contra el Ministerio de Igualdad e instalado en cualquier sociedad patriarcal que consiste en decir que las mujeres no sabemos gobernar y no tenemos nivel para hacer leyes porque, en definitiva, la responsabilidad que implica dicha tarea es algo que sólo saben desarrollar los hombres. Ya saben: “una mujer que fue cajera rodeada por un grupo de amigas ha hecho una ley chapuza desoyendo las recomendaciones del CGPJ para que no bajasen las penas porque ya avisaron de que iba a tener un efecto en la revisión a la baja de las condenas”. Un bulo, el de las recomendaciones del CGPJ, desmentido durante estos días.

El machismo y el clasismo de medios de comunicación y extrema derecha sirven para sostener la campaña de desinformación, incorrecciones técnicas y bulos vergonzosos y así tratar de tapar la verdad: que la ley es un enorme avance elaborado rigurosamente. Así es que todos los argumentos que han ido repitiendo estos días se han demostrado falsos o bulos. La ley que ahora llaman “ley Montero” no es sólo del Ministerio de Igualdad sino que la han elaborado (durante dos años y medio) también el Ministerio de Justicia y otros tres ministerios más, con CGPJ, Consejo Fiscal, Consejo de Estado y grupos parlamentarios. Ni hay rebaja de las penas máximas (que si llevaría a una revisión a la baja en algunos casos), ni es imprescindible una disposición transitoria, porque la jurisprudencia es clara sobre la necesaria “aplicación de las normas completas” como han insistido magistrados como Martín Pallín.

En todo caso, los efectos de toda esta campaña son preocupantes. En primer lugar, la revictimización de las víctimas de violencias sexuales acompañada de la difusión del relato del terror sexual que busca instalar en las mujeres el miedo a vivir la propia libertad; además, se busca instalar la sensación de desprotección respecto a las instituciones, lo que acrecienta la desconfianza en las mismas. En segundo lugar, supone un enorme retroceso que tantas voces se haya unido a la idea de que no se puede criticar a los jueces por su falta de perspectiva de género, cuando este es uno de los más graves problemas que tiene nuestra judicatura que, además, en ningún caso -en una democracia- puede considerarse a salvo de las críticas. El corporativismo con el que han respondido todas las asociaciones de jueces y juezas es sorprendente, como si existiera un poder del estado que, por algún tipo de gracia divina, está exento de poder recibir críticas. Vivimos en un país en el que solo un 8% de las mujeres denuncia las violencias sufridas, y entre los motivos de esta infradenuncia se encuentran la normalización de las violencias y el miedo a no ser creídas por las instituciones.

Afirma Naciones Unidas que “los estereotipos y sesgos machistas comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de la justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”. Por su parte, la Relatora de Naciones Unidas contra la violencia contra la mujer ha dejado claro que en nuestra justicia hay un “patrón estructural” que desprotege a la infancia y discrimina a las mujeres. Tras la prohibición en la Ley de Infancia de aplicar el falso SAP o la obligatoria suspensión del régimen de visitas ante cualquier indicio de maltrato hay muchos jueces que se resisten a cumplir la ley arriesgando la vida de muchas personas.

Desgraciadamente, estos días ha habido más gente dedicada a negar que nuestra justicia aplica en muchas ocasiones sesgos machistas que a cuestionar las revisiones de sentencias que están obviando determinados agravantes que habría que aplicar, como, por ejemplo, la relación de superioridad de un padrastro que obliga a su hijastra a hacerle una felación. Por cierto, quienes quieren negar la evidencia de que nuestra justicia es patriarcal podrían al menos apercibirse de que la mayoría de sentencias revisadas lo están siendo de manera correcta, dentro del marco de la nueva ley y manteniendo las mismas penas como ha hecho la Audiencia de La Rioja y otras tantas. Pero esos casos reciben mucha menos atención mediática porque muestran que si la ley se aplica bien, funciona.

Una vez más no es un debate jurídico sino político lo que explica el estallido de los últimos días contra la ley solo sí es sí. Son razones políticas, partidistas o internas, las que han llevado a los diversos actores que están criticando la ley a participar del espectáculo que hemos vivido. Los avances feministas de este Gobierno de coalición están recibiendo un reconocimiento internacional sin parangón por parte de gobiernos y organismos internacionales; avances que forman parte de la respuesta ante la pregunta que muchas nos hacemos: ¿qué horizonte de país podemos construir ante la incertidumbre y las desigualdades? Contra ese país feminista que estamos construyendo ha desplegado la derecha sus armas ideológicas y contra el mismo actúan sus poderes. Y a pesar de todo, la valentía y la resistencia de Irene Montero volverán a demostrar que el feminismo va a seguir caminando.