Thorbjørn Jagland

Secretario general del Consejo de Europa

Cada día, miles de mujeres sufren en Europa la violación de su derecho a vivir sin violencia. Puede tratarse de un desconocido en un callejón, aunque es más probable que se trate de su pareja, un familiar, amigo o colega, ya que son personas conocidas las que llevan a cabo la mayor parte de las agresiones.

Según las estadísticas criminales, una de cada cuatro mujeres ha sido agredida en algún momento de su vida y al menos el 15% de las mujeres europeas ha sufrido violencia doméstica en una relación después de los 16 años. Pero la violencia doméstica sigue siendo en gran parte un crimen oculto, y la cifra real es, sin duda, mayor. Otras formas de violencia –el acoso, el matrimonio forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, etc.– en gran medida no son detectadas.

Independientemente del tipo de violencia contra las mujeres de que se trate, el número de condenas es notoriamente bajo. Cuando la Policía se encarga de un caso, antes ya se han producido como media 35 incidentes violentos. Y las fuerzas del orden no siempre tienen la pericia necesaria para aportar pruebas que lleven a los agresores ante la Justicia. ¿Sorprende, entonces, que haya pocas condenas?

Los gobiernos europeos son conscientes del desafío, pero hasta hora su respuesta ha consistido en gran medida en poner parches. Algunos han creado refugios para mujeres víctimas de malos tratos, otros han decidido penalizar el acoso. Otros están recurriendo a las órdenes de alejamiento, servicios de apoyo y de mediación, o a expulsar al miembro violento del hogar familiar. Las prácticas difieren de un país a otro, sin ningún modelo legislativo claro, dejando a las mujeres europeas expuestas a un crimen que debería estar en los libros de historia hace ya tiempo.

El Consejo de Europa –que vela por los derechos humanos, y también por la igualdad entre hombres y mujeres– ha desarrollado un instrumento para que los estados europeos trabajen juntos en el rechazo de la violencia misógina. El pasado 11 de mayo, en una

reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Estambul, se abrió a la firma un convenio internacional para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica en general.

El tratado, el primero con ese fin específico, ayudará a los estados a tomar medidas en cuatro áreas clave: la prevención de la violencia, la protección de las víctimas, la persecución de los agresores y una política integrada, global y coordinada. Se basa en las mejores prácticas de toda Europa y las sitúa en un marco jurídico internacional.

Este acuerdo protegerá a las mujeres contra la violencia de género, en cualquier lugar y en cualquier momento: en lugares de ocio cuando salen con amigos, en el trabajo, en la escuela, en casa. Tanto si acaban de llegar a Europa como si han vivido aquí siempre; con más o menos recursos económicos, heterosexuales u homosexuales, tanto si son madres o mujeres sin hijos: todas tendrán el mismo nivel de protección en cualquiera de los 47 estados del Consejo de Europa.

Los estados que ratifiquen el tratado tendrán que tomar medidas inmediatas para tipificar como delito y perseguir ciertos actos que a menudo quedan impunes: la violación, la violencia doméstica, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, el acoso sexual, o la esterilización sexual y el aborto forzados. No se podrán ya esgrimir excusas alegando diferencias culturales, la tradición, la religión o el honor.

El convenio también invita a los estados a crear o financiar una amplia gama de servicios –refugios, líneas telefónicas de ayuda en funcionamiento día y noche, asistencia médica y jurídica, etc.–, que son esenciales para las mujeres víctimas de violencia, y que incluyen el apoyo necesario para llevar a los agresores ante la Justicia.

Uno de los puntos clave del nuevo convenio es que reconoce la necesidad de considerar la violencia contra la mujer en el contexto de la desigualdad entre mujeres y hombres. Existe la falsa creencia de que ya existe la igualdad de género; y de que la dominación de los hombres sobre las mujeres en la vida pública y en la esfera privada forma ya parte del pasado. Sin embargo, una de las razones principales para tomar medidas ahora es precisamente la brecha creciente entre la legislación y la realidad.

España se encuentra entre los 13 países que firmaron el tratado en Estambul. Confío en que pronto lo hagan el resto de estados europeos y que su entrada en vigor se produzca lo antes posible. Esta iniciativa no debe sólo servir para ayudar a millones de mujeres a salir de la trampa de la violencia, sino para poner la igualdad de nuevo en la agenda política. Estoy convencido de que muchos gobiernos lo firmarán y comenzarán a ponerlo en práctica por el bien de las mujeres europeas de hoy y de mañana.