El número asesinatos extrajudiciales orquestados por la administración de Duterte supera los 27.000 al terminar 2018.

El pasado 7 de diciembre se produjo el arresto ilegal de Rey Cassambre, consultor de paz del Frente Nacional Democrático de Filipinas ─National Democratic Front of the Philippines, NDFP (coalición de organizaciones sociales que representa al Partido Comunista de Filipinas en las negociaciones de paz)─ y director ejecutivo del Centro por la Paz de Filipinas (Philippine Peace Center). Cassambre, pieza clave en el proceso de paz y parte fundamental del mismo desde hace más de 30 años, fue detenido junto a su mujer, Patricia Cora Cassambre, mientras conducía de camino a su casa. Se trata del séptimo encarcelamiento de consultores de paz que tiene lugar durante la administración del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, desde que este terminase bruscamente las conversaciones de paz en noviembre de 2017.

La captura de Cassambre, réplica del modus operandi empleado para detener a otros consultores de paz como Vicente Ladlad, Adelberto Silba y Rafael Baylosis, se ejecutó con una orden de arresto por falsos cargos de asesinato e intento de asesinato, además de cargos por tenencia ilegal de armas basados en el registro de armas y explosivos que fueron colocados por la Policía en su coche durante su detención.

Esta oleada de violaciones (que se extiende a estudiantes, misioneros, líderes campesinos e indígenas, abogados, periodistas, religiosos y, en general, a defensores de los derechos humanos que se manifiesten críticamente hacia el régimen) responde al viraje militarista y policial que ha ido tomando la política de Duterte y que ha desembocado en la imposición de una ley marcial de facto en todo el país, si bien la Proclamación 216 del gobierno la declara únicamente en la isla de Mindanao.

La atmósfera de las conversaciones de paz se deterioró drásticamente a partir de mayo de 2017, cuando estalló la guerra en Marawi (isla de Mindanao) entre las fuerzas gubernamentales y los grupos Moro (Moro groups), fuertemente armados y presuntamente vinculados a ISIS. Antes de este estallido, los militaristas del gobierno se habían opuesto enérgica y abiertamente a sostener conversaciones de paz con el Frente Nacional Democrático-NDFP y se afanaron ostensiblemente en destituir al Gabinete de progresistas en el gobierno que había sido nominado por el NDFP a sugerencia del propio Duterte.

La declaración de la ley marcial en toda la isla de Mindanao, la constante amenaza de su extensión a nivel nacional para intensificar las operaciones de contrainsurgencia contra el New People’s Army-NPA (brazo armado del Partido Comunista), y la manifiesta y reforzada asistencia de las fuerzas armadas estadounidenses en la campaña de Marawi fortaleció la mano de los militaristas en la dirección de los asuntos de seguridad y paz del gobierno filipino.

Durante este periodo la economía filipina ha experimentado un rápido deterioro, violentada y debilitada tanto por las crisis económicas mundiales como por duras políticas internas (que comprenden una intensificación de la imposición regresiva resultante en una inflación galopante, la contractualización sistemática de la mano de obra o préstamos masivos de elevado interés para financiar infraestructura y proyectos no productivos).

En combinación con el retroceso político provocado por los asesinatos extrajudiciales, la corrupción desenfrenada y la tiranía política en alza, la crisis económica ha erosionado fatalmente la aprobación pública y el apoyo popular del que Duterte había disfrutado.

Controvertido y poco ortodoxo, el mandatario filipino era conocido por haber mantenido relaciones amistosas con las fuerzas revolucionarias en la ciudad de Davao, donde había alternado su servicio como alcalde, congresista y vicealcalde durante décadas. Aunque su fama y polémica se ha debido, más bien, a los métodos que le han caracterizado y que ha empleado desde sus inicios para mantener la “paz” y el orden, como es el despliegue de escuadrones de la muerte para perpetrar ejecuciones extrajudiciales contra presuntos o supuestos narcotraficantes y otros delincuentes.

En la actualidad, Duterte ha elegido congraciarse con la Policía y el Ejército (ambos bajo la influencia estadounidense) para evitar las amenazas golpistas o la retirada del apoyo militar que podría llevar a su destitución. Esta decisión le obliga a distanciarse del Frente Nacional Democrático-NDFP terminando las negociaciones y le ha conducido a utilizar al movimiento revolucionario como un chivo expiatorio.

El 23 de noviembre de 2017, un día después de haber cancelado precipitada y unilateralmente la quinta ronda de conversaciones formales de paz, Duterte emitió la Proclamación 360 en la que declaró la finalización de las negociaciones de paz. Dos semanas después, el 5 de diciembre, se emitió la Proclamación 374 designando al Partido Comunista de Filipinas (Communist Party of The Philippines- CPP) y al Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army-NPA) organizaciones terroristas. Siguiendo el ejemplo de Duterte y la draconiana ley antiterrorista, en febrero de 2018 el Departamento de Justicia solicitó formalmente la proscripción del CPP y el NPA a un tribunal de Manila.

No obstante, Duterte volvió a convocar conversaciones extraoficiales en marzo de 2018 con el supuesto objetivo de reanudar las conversaciones formales para negociar un acuerdo final de paz. Las conversaciones extraoficiales tuvieron lugar en marzo, abril, mayo y junio de 2018 y, supuestamente, contaron con el beneplácito de Duterte que además habría estado supervisándolas rigurosamente. Durante este periodo se llegó a acuerdos que fueron rubricados por ambas partes y por una tercera neutral que servía de facilitador, el Real Gobierno de Noruega. Las dos partes acordaron reanudar la quinta ronda de conversaciones formales, que fue prevista para el 28 de junio de 2018, en la que se firmaría el Acuerdo de Paz Provisional (Interim Peace Agreement-IPA). El Acuerdo de Paz Provisional habría incluido: (1) una Proclamación de Amnistía firmada por el Presidente y respaldada por el Congreso, (2) un Acuerdo Coordinado de Cese al Fuego unilateral, y (3) acuerdos sobre las dos primeras secciones del Acuerdo General sobre Reformas Económicas y Sociales (CASER- Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms), sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural (Agrarian Reform and Rural Development- ARRD), y sobre Industrialización Nacional y Desarrollo Económico. También se acordó que una retirada simultánea de fuerzas sería anunciada y ejecutada durante dos semanas (después ajustada a una semana) antes de la reanudación de la quinta ronda de conversaciones formales.

El 14 de junio, tras una Conferencia de Mando, el Gobierno filipino anunció que "pospondría" la reanudación de la quinta ronda de conversaciones formales para, según sus declaraciones, (1) procurar tiempo que permitiese al presidente revisar los acuerdos y (2) para que el gobierno filipino "hiciese partícipe a una mesa más amplia ... que diese legitimidad al proceso", es decir, para realizar consultas con varias partes interesadas, principalmente con comunidades locales (3) hasta que se diese un "entorno propicio y conductivo" para la reanudación de las conversaciones formales.

Posteriormente se han emitido, por parte del Gobierno de la República de Filipinas, nuevos "requisitos previos" para la reanudación de las conversaciones formales que revocan condiciones previamente acordadas, como es, por ejemplo, que las negociaciones de paz se celebren en Filipinas y no en el extranjero. Es evidente, para todas las partes involucradas, que transgredir acuerdos previamente pactados cancela la posibilidad de volver a la mesa de negociaciones. Más aún tras el arresto ilegal de consultores de paz que, siguiendo el Acuerdo Conjunto sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad (JASIG- Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees, firmado en febrero de 1995), tienen derecho a inmunidad y protección frente a vigilancia, acoso y arresto.

La encrucijada de Duterte persiste. Progresar en las negociaciones de paz exigiría aprobar una serie de reformas sociales, económicas y constitucionales que, según el Frente Nacional Democrático, abordarían las causas de raíz del conflicto y, por ende, la necesidad de su lucha armada. Pero las reformas reivindicadas comprometen los intereses y beneficios que Filipinas procura a los Estados Unidos y a otros poderes económicos que controlan y explotan los recursos del país, y supondría la pérdida de apoyos entre la facción militar. Es difícil dar con un razonamiento más plausible para entender que Duterte persista en dirigir el proceso de paz al estancamiento que ha terminado por caracterizar los avances y retrocesos que confluyen en cada episodio de su gestión del conflicto.

En la actualidad urge visibilizar el alarmante repunte de la violencia y hostilidad del Gobierno de la República de Filipinas hacia cualquier sujeto o institución presuntamente asociada o simpatizante con el movimiento revolucionario. Sin estas denuncias el clima de impunidad se agrava exponencialmente y la violencia de estado se recrudece mientras incrementan los asesinatos extrajudiciales. Según estudios de la organización de defensa de los derechos humanos, Karapatan, desde el 23 de mayo de 2017 hasta noviembre de 2018 se han documentado 88 asesinatos políticos, 128 asesinatos políticos frustrados, 1.450 arrestos ilegales, 148 acusaciones por cargos fabricados y 346.940 casos de civiles víctimas de bombardeos.

Pero estos datos sólo atañen a crímenes y violaciones motivadas por razones políticas. La cifra de asesinatos extrajudiciales se ha disparado desorbitadamente durante la administración de Duterte. Según informes facilitados por el propio Gobierno de la República de Filipinas, el número de asesinatos perpetrados durante la “guerra contra el narcotráfico”, iniciada por Duterte al comienzo de su legislatura, asciende a 4.999. Hasta la fecha, nadie ha sido procesado por estos crímenes. Al contrario, aquellos que han dado chivatazos a la policía sobre narcotraficantes o camellos han obtenido recompensas económicas.

El Estado ha gastado 1.120.963 euros en premiar a estos “informantes”, dentro de un presupuesto de más de 4 billones de euros que, desde 2017, suman los fondos públicos destinados a esta atroz cruzada antidroga. No obstante, estas cifras contrastan con la estimación que realiza la Comisión de Derechos Humanos del propio Gobierno. Según recientes informes de esta comisión, el número de muertes violentas provocadas por la guerra antidroga se eleva a 27.000. Cifra que guarda un paralelismo con el número de asesinatos clasificados por la Policía Nacional filipina como Casos de Homicidio en Proceso de Investigación (Homicide Cases Under Investigation-HCUI): desde el 1 de Julio de 2016 al 11 de Junio de 2018 la Policía Nacional ha contabilizado 23.518 casos. Si se considera el recrudecimiento de la actividad policíaca y militar es verosímil estimar que el número de HCUIs en la actualidad se acerque a 27.000.

La posibilidad de que los llamados Casos de Homicidio en Proceso de Investigación sean, en realidad, un eufemismo empleado por la Policía para contabilizar asesinatos de supuestos traficantes deja de ser una hipótesis si se atiende a declaraciones lanzadas desde el propio palacio presidencial, Malacañang. El 27 de Septiembre de este año, el mismo Duterte expresó públicamente que “su único pecado son los asesinatos extrajudiciales”. En otro momento, durante su informe sobre el estado de la nación en 2017, alardeó del número de Casos de Homicidio en Proceso de Investigación para avalar los logros de su campaña antidroga.

Todavía más espeluznante es considerar que los datos proporcionados por el gobierno filipino, que se reconoce corroído por la corrupción y ha sido acusado (por diversas instituciones como las Naciones Unidas o El Tribunal Internacional del Pueblo en Bruselas ) de crímenes de lesa humanidad, no hagan sino encubrir una realidad mucho más sangrienta.

La guerra civil entre el Gobierno de la República de Filipinas (GRP) y el Frente Nacional Democrático de Filipinas (NDFP), que comprende en su núcleo al Partido Comunista de Filipinas (Communist Party of the Philippines-CPP) y al Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army-NPA), se ha mantenido en auge durante el último medio siglo. La revolución nacional democrática hunde sus raíces en la inconclusa revolución democrático-burguesa que en 1898 se alzaba contra más de tres siglos de colonialismo español que fue consecutivamente reemplazado por el colonialismo estadounidense en el cambio de siglo. El objetivo de la actual revolución, según los enunciados del Partido Comunista de Filipinas, es derrocar un sistema que tacha de “opresivo y explotador, dominado por el imperialismo estadounidense, por los burgueses, terratenientes y por la burocracia capitalista” con el fin de “construir una sociedad filipina verdaderamente independiente y genuinamente democrática y progresista".

El pasado sábado, 23 de diciembre de 2018, Rodrigo Duterte ordenó a los militares “destruir” al Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army- NPA) al tiempo que rechazaba reciprocar el alto al fuego establecido por el NPA durante las fiestas: “No suscribimos su cese al fuego. Estamos preparados para lo que sea, digo que cambiéis de paradigma. No luchéis contra ellos. Destruidlos. Destruidlos. Matadlos. (…) ley y orden significa que debéis destruir ─no combatir, destruir─ al Partido Comunista de Filipinas, incluyendo sus frentes legales e infraestructuras”, afirmó Duterte durante un discurso dirigido a soldados en el campamento Manuel Y. Tan en el valle de Compostela.

*Paloma Polo es corresponsal extranjera del medio filipino 'Altermidya' y miembro del Comité Internacional de Coordinación de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos (ILPS).

*Rey Cassambre es el director ejecutivo del Centro Filipino por la Paz (Philippine Peace Center) y consultor de paz del Frente Nacional Democrático de Filipinas (National Democratic Front of the Philippines- NDFP). Es autor y colaborador en los medios filipinos 'Altermidya' y 'Bulatlati.