Esteban ha trabajado desde los 14 años, pero ahora conoce a la perfección los requisitos para recibir alimentos de la cola de Cáritas. Entró en la construcción a los 16, y sólo cuatro años después ya era oficial de primera, pero ahora sabe recitar como un padrenuestro el enmarañado conjunto de ayudas y subsidios. Ha cotizado 39 años y cuatro meses, pero ahora mide cada subida del precio de la luz, del gas, del agua. Le saltan las lágrimas cuando en las Cortes de Castilla y León nos cuenta que en marzo pidió que le cortaran el gas.

Esteban está en paro desde hace siete años. Hace tiempo se acabó la prestación y tiene que malvivir con uno de esos subsidios autonómicos con los que no alcanza a llegar a fin de mes. No quiere limosna: quiere trabajar y no para de hacer todos los cursos que le mandan los servicios de Empleo.

Hace unos años, Esteban comprendió que la solución a su problema no es individual, y optó por asociarse a Parad@s en Movimiento, un colectivo heroico radicado en Valladolid, en el cual personas en paro (muchas de larga duración) se autoorganizan y con sus propios recursos, sacan adelante actividades, labores de asesoría, y sobre todo movilizaciones. Cada lunes en la Plaza Mayor de Valladolid reclaman trabajo y, hasta que lo haya, una renta básica con la que poder vivir con dignidad.

Hace unos años, la Marea Básica, a la que pertenece Parad@s en Movimiento, lanzó una campaña en defensa del cumplimiento de la Carta Social Europea, un documento elaborado en 1961 que, entre otras cosas, exige a los Estados firmantes garantizar que ningún ciudadano se encuentre por debajo del umbral de la pobreza. España está adherida a dicha Carta, al igual que a su protocolo de 1988, a pesar de lo cual el conjunto desordenado de ayudas y subsidios de nuestro país no garantizan que la ciudadanía se encuentre por encima de dicho umbral. Así lo lleva denunciando desde los años 90 el Comité Europeo de Derechos Sociales, por última vez en el año 2014, cuando insistió en que España incumple la Carta Social Europea, entre otros motivos porque en 15 de las 17 Comunidades Autónomas de nuestro país (todas menos Euskadi y Navarra) las prestaciones sociales son manifiestamente inferiores al umbral de la pobreza, cifrado según el INE en 633,41 euros al mes por persona, más otras 331,75 euros por cada adulto y 199 euros por cada menor de 14 años en el seno de la Unidad de Consumo (familia).

Parad@s en Movimiento y la Marea Básica tomaron la determinación de pelear por la aplicación de esta Carta Social. Y no sólo esto: junto a la batalla de la calle, decidieron disputar también la de los tribunales. De manera individual, porque España no tiene firmado el protocolo de reclamaciones colectivas. Y lo hicieron como va a un juzgado alguien en paro: con abogados de oficio. Muchos de los cuales se retiraban antes de celebrar el juicio, en cuanto comprendían que detrás de una demanda individual lo que se encontraba era en realidad una estrategia colectiva.

Muchos denunciaron, pero sólo Esteban alcanzó su destino. Una sentencia que da una de cal y una de arena: reconoce que la resolución de la Junta que denegaba los 630 euros a Esteban es ajustada a derecho en cuanto que le invita a buscar otras percepciones (nuestro clásico “vuelva usted mañana”), pero al mismo tiempo obliga a la Junta a reconocer el derecho de Esteban (y de cualquier ciudadano) a percibir prestaciones que le permitan estar por encima del umbral de la pobreza. De paso, la sentencia en sus Fundamentos de Derecho recuerda que España es parte de la Carta Social Europea del 61 y su Protocolo del 88, y que aunque no haya firmado la Carta Revisada del 96, sí está obligada por las dos primeras: “La CSE no deja de ser un tratado internacional válidamente celebrado por España y, en tanto que tal, vinculante para su gobierno”.

La lucha de Esteban, la batalla judicial sin recursos de Parad@s en Movimiento y Marea Básica, nos interpela acerca de si son suficientes los subsidios y prestaciones a las personas paradas de nuestro país. Si atendemos a datos del Informe de Seguimiento de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2017, elaborado con datos del Instituto Nacional de Estdística (INE), la respuesta es que no.

De acuerdo al mismo, hoy hay en España más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. 6,4 millones son mujeres y una de cada tres personas con discapacidad se encuentra en esta situación. Nuestras ayudas son claramente incapaces de paliar esa cantidad de personas.

Esteban y sus compañeros han conseguido con su sentencia situar el debate acerca del incumplimiento de la Carta Social Europea. Mientras tanto, a Esteban –que, como le han indicado, ha acudido a la siguiente ventanilla– ya le han dicho desde la Junta de Castilla y León que no tiene derecho a ninguna prestación.

Lo lógico, lo razonable, es que el Gobierno y las Comunidades Autónomas realicen un plan dirigido al cumplimiento de la Carta Social Europea que se firmó hace años. Ninguna persona en nuestro país debe encontrarse en situación de pobreza. Los 426 miserables euros no son suficientes.

En el último Pleno de las Cortes de Castilla y León, pude usar mis privilegios de parlamentario para presentar al Presidente la sentencia de Esteban, empleando mi derecho a una Pregunta Oral al mes. Al escuchar la respuesta del Presidente, que no se comprometió a nada, un compañero de Esteban, también parado, no puedo contenerse y espetó desde el público: “¡Con 426 euros no se puede vivir!”, lo que supuso su expulsión sine die de las Cortes. Pocas veces se habrá escuchado una verdad tan clara y sencilla entre los muros parlamentarios.

Esta sentencia es un arma para presionar en esta dirección. Esperemos que dentro de poco haya muchas sentencias que vayan engordando la munición hacia un país libre de pobreza y exclusión social. Necesitamos a miles de Estébanes que no se resignan a vivir en la miseria. Gracias por tu lección de dignidad.