EDUARDO MAURA

Diputado y portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Cultura del Congreso

El Decreto que el Gobierno nos trae hoy supone un cambio de posición histórico. Se lo cuento en un minuto: hasta la primera legislatura de Rajoy teníamos el canon digital, que permitía que las entidades de gestión repartieran bastante dinero entre autores y editores. Se gravaban los soportes, por ejemplo los CD’s, y era muy polémico, como recordarán. Primero porque no se sabía bien cómo se repartía ese dinero —algunas lo hacían mejor, como DAMA y AISGE, y otras peor, como SGAE— y segundo porque se presuponía cierta intencionalidad, susceptible de compensación ex ante, a quien compraba un disco duro o un DVD virgen. A Mariano Rajoy, que entonces era oposición, el canon tampoco le gustaba.

En octubre de 2010 el Tribunal Europeo dictó la sentencia conocida como Padawan, que establecía que la aplicación indiscriminada del canon por copia privada no era conforme a la Directiva 2001/29. La Audiencia Provincial de Barcelona falló en contra de SGAE y el PP, que para entonces había ganado las elecciones de 2011, empeñado en llevarle la contraria al PSOE, decidió que lo mejor era hacer la compensación por copia privada aún más indiscriminada, así que la asignó a los Presupuestos Generales del Estado para que la pagáramos todos con nuestros impuestos. Esto no lo entendió nadie y todo el mundo vio que pintaba fatal, pero nada, se aprobó con la mayoría absoluta del PP y hasta le pusieron “Ley Lassalle” a la criatura, para homenajear a su inspirado autor.

Ahora pagábamos todos, pero donde había 100 millones solo quedaban 5, o ni eso, porque el Gobierno del PP no pagó las cantidades que debía. Entonces las entidades se rebelaron y le pusieron una demanda que ganaron justamente porque aquello no tenía ni pies ni cabeza. En 2016 el Supremo anuló la Ley Lassalle —qué cosas— y el Reino de España pasó a incumplir todas las normativas en la materia. Lo mejor es alguien en el Gobierno, con Rajoy ya investido, pensó: “qué bueno este Lassalle. No ha dejado ni el solar. Nombrémosle Secretario de Estado de Agenda Digital”. ¡De Agenda Digital! No me digan que no es una buena historia.

Había que solucionar esto como fuera, así que se decidió que había que volver al punto de partida, pero con menos dinero, que los tiempos son duros. Como si no hubiera pasado nada.

Pero sí pasa, señores del Gobierno. Han pasado muchas cosas. Lo primero, justo es decirlo, es que le deben mucho dinero a las entidades de gestión y a través de ellas a los autores, editores y tenedores de derechos de autor en este país.

Lo segundo es que desde 2004 el mundo ha cambiado mucho. También el de la cultura. Han cambiado los usos sociales de la cultura, los soportes, las prácticas, la manera en que creamos, producimos y disfrutamos de la cultura. Usamos tabletas y smartphones. A través de ellos accedemos a Spotify, Amazon Prime, Netflix, BandCamp, SoundCloud, Filmin, YouTube, HBO, etcétera, cuyos modelos de licencia no requieren de compensación por copia privada. No entro ahora si a mejor o a peor, pero la vida ha cambiado de manera irreversible, y no precisamente en el sentido de hacer más copias privadas.

Muchos llevamos tiempo alertando de esta situación. Señalando que hace falta un debate de fondo sobre la sostenibilidad y la remuneración justa de los profesionales de la cultura. Proponiendo alternativas de financiación mixta de la cultura, tales como una tasa a las operadoras de red o la casilla cultural en la Declaración de la Renta. Defendiendo una legislación adaptada a los usos vigentes. Las entidades saben que la copia privada no es el futuro de la gestión colectiva; tampoco es difícil darse cuenta si uno está al día de las tendencias tecnológicas, como es su caso.

Sin embargo, el Gobierno nos pide que hagamos como si nada hubiera ocurrido. Pura ficción. Y aquí estamos, en mitad de 2017, enredados en la compensación por copia privada sin haber tenido un debate a fondo sobre la vigencia y definición de la copia privada. ¡Pero si ahora los ordenadores se fabrican sin lector de DVD y sin puerto USB! ¿De qué hablan ustedes? Además, pactan con las entidades, cosa lógica, pero no cuentan con asociaciones de consumidores como FACUA o la OCU, que se han mostrado rotundamente en contra, ni con las Asociaciones de start-ups, autónomos o internautas. Todo lo que rodea a este Decreto, lo que estamos escuchando a los grupos, la tramitación con la lengua fuera, produce perplejidad.

Vayamos al fondo: el problema es de sostenibilidad de la cultura. Es decir, que sea posible dedicarse a la cultura con derechos y con una remuneración justa. Los profesionales de la cultura no quieren ser más que nadie, pero tampoco menos. No quieren una paga anual. Quieren trabajo digno y con derechos. Quieren que sea posible tener proyectos. Quieren montar ellas y ellos mismos esos proyectos. La mayoría solo quieren un poco de estabilidad y de dignidad.

La copia privada es una parte de ese edificio estructuralmente inestable, precisamente por precario, que es la cultura. El problema es que durante años ustedes han militado en un paradigma que convertía el problema de la precariedad de los profesionales y de la falta de sostenibilidad de la cultura en un asunto de propiedad intelectual y de descargas ilegales. No se engañen, eso ya no les vale. Hoy el sector cultural les devuelve otra imagen y les reclama otro paradigma: los profesionales de la cultura son mayoritariamente precarios y su carrera seguirá siendo insostenible si seguimos condenándolos a la precariedad cotidiana. No pretendan arreglar esto con el canon digital. Ya no estamos ahí.

La realidad es que si la compensación por copia privada fuera de 400 millones anuales, por poner un caso extremo, seguiría siendo dificilísimo dedicarse a la cultura de manera sostenible. Seguiría existiendo una precariedad gigantesca, mayoritaria y abrasadora, proliferarían por igual los falsos autónomos, los problemas para cobrar la pensión, la casi imposible financiación de los proyectos medianos y pequeños, los viajes inseguros tras un bolo en negro, los retrasos en los cobros, los impagos, las cláusulas abusivas en los contratos, si es que hay contrato, la desigualdad entre hombres y mujeres, los accidentes laborales —este fin de semana hemos perdido a Pedro Aunión—, y tantos y tantos problemas más.

Les propongo una senda alternativa mientras consensuamos la tasa a operadoras y la casilla cultural. Empecemos con un modesto sistema de derechos laborales, sigamos con un par de modificaciones legislativas para garantizar la salud laboral de los profesionales, una fiscalidad mínimamente practicable —con un retoque y medio bastaría para empezar—, una ley de financiación mixta de la cultura decente —hay consenso en la Cámara—, representatividad sindical para conseguir convenios colectivos estables —hay consenso— y termina con una jubilación digna —¡también hay consenso! Estas medidas, que ahora mismo no existen, son más sencillas de articular que este Decreto vintage que tanto les ha costado.

Hay que ir poco a poco, desde luego, y la política es el arte del “mientras tanto”. Pero no es el arte de cualquier “mientras tanto”. Por todo esto, y porque el legislador no puede permitirse vivir lejos del mundo que le ha tocado, no les apoyaremos hoy. Izquierda Unida se abstendrá. Podemos, En Comú Podem y En Marea votaremos en contra del canon digital y de este Decreto, que sin duda, por la complejidad que acarrea, debería abrirse a mejoras técnicas tramitándose como proyecto de ley.