JOAQUIM SEMPERE

Cuando vemos uno y otro y otro episodio de cierre empresarial que deja en el paro a unos cientos, cuando no miles, de trabajadores, muchos sentimos un

desasosiego que no acertamos a traducir en un discurso alternativo. Percibimos que las cosas no funcionan. Pero ¿qué salida le vemos?

Habría que distinguir entre situaciones de crisis, como la actual, en las que el mercado se retrae y las empresas no venden y entran en bancarrota, de otras situaciones sin crisis. En el presente artículo voy a centrarme en estas últimas. En años anteriores, sin crisis, hemos asistido impotentes a casos de empresas viables, que obtenían beneficios, y sin embargo cerraban su factoría para instalarse en otros países con costes ambientales y salariales menores, en busca de beneficios mayores. La decisión empresarial dejaba en la calle a unos cientos de asalariados y sin ingresos vitales a ellos y sus familias. El recorte de los ingresos de esos cientos de familias repercutía en otros sectores económicos de la comunidad local (comercios, pequeña industria local, servicios...), que veían menguada también su actividad.

Y todo esto en la más estricta legalidad. La pregunta es inmediata: ¿cómo es posible que la ley permita que unas cuantas personas poseedoras del capital de la empresa o del paquete determinante de acciones de la misma puedan tomar decisiones que afectan a la supervivencia y seguridad económica de unos cientos o miles de personas aunque la empresa arroje beneficios? A principios del siglo XX, el economista británico R.H. Tawney, en un libro titulado La sociedad adquisitiva, sometía la propiedad capitalista a un análisis hoy muy actual. Se suele presentar la propiedad como un derecho ilimitado de disposición sobre lo poseído. Pero no es lo mismo poseer un paraguas o una casa que poseer una tierra cultivable o una fábrica. La tierra y la fábrica son medios de producción necesarios para crear riqueza, mientras que el paraguas y la casa son bienes de consumo. En una economía moderna, las personas que, sin ser propietarias, utilizan esos medios de trabajo para producir bienes a cambio de un salario y ganarse así la vida entran con esos medios en una relación peculiar e intensa, vital para ellas. Es una relación distinta a la del propietario con su propiedad, pero una relación humana significativa. Y si consideramos la comunidad local en que está situada la tierra o la fábrica, deberemos admitir que esa comunidad humana adquiere también una relación y una dependencia respecto de estos medios de producción.

¿Por qué el orden jurídico sólo contempla derechos de la propiedad y no derechos del trabajo ni de la comunidad? Es obvio que el propietario arriesga un patrimonio, y parece de justicia que reciba compensación. Pero el trabajador y la comunidad arriesgan su fuente de ingresos y su seguridad económica. ¿Acaso no merecen compensaciones también ellos? Tawney proponía que la propiedad del capital que se invierte fuera recompensada con un pago al uso de ese capital. Esto tiene un nombre: interés del capital. Y que los derechos de decisión (sobre inversiones, nivel de capitalización, organización del trabajo, gestión del riesgo, política comercial, etc.) estuvieran repartidos entre los tres componentes sociales de la empresa y su entorno: capital, trabajo (incluido el técnico y administrativo) y comunidad.

Tawney era socialista, y, como se ve, muy moderado. Ni siquiera planteaba estatalizar o socializar el capital; aceptaba que siguiera siendo –al menos una parte del mismo– de propiedad privada. Pertenecía a la corriente fabiana, muy criticada por Lenin por su moderación. Pero el análisis descrito es sumamente desmixtificador, porque desvela con gran claridad que unos derechos asociados a la propiedad quedan ocultos tras una amalgama confusa de derechos distintos, y nos permite comprender mejor que las relaciones capitalistas no son relaciones meramente técnicas entre “factores de producción”, sino relaciones sociales de dominación en que unos pocos detentan, con el amparo del orden jurídico-político. Un poder desmesurado sobre otros muchos, sobre sus vidas, sus ingresos, su seguridad.

A estas alturas, el razonamiento de Tawney me parece, si no revolucionario, sí subversivo. Tiene el mérito de poner en cuestión el poder capitalista sobre las personas y hurtarle legitimidad. Sin requerir que sea abolida la propiedad privada del capital, señala la necesidad de redefinir los roles y los derechos de quienes intervienen en la actividad empresarial o son afectados por ella. A partir de esta idea, cabe imaginar muchas fórmulas para articular capital (o sea, el ahorro destinado a la inversión), trabajo y comunidad local, ya sea en un capitalismo regulado o en un socialismo, dando a los trabajadores y a la sociedad unos derechos que hoy no se les reconoce. La Historia está llena de episodios en que obreros y técnicos han tomado en sus manos la gestión de empresas en crisis convirtiéndolas en cooperativas, sociedades anónimas laborales o empresas intervenidas públicamente. Y han funcionado. Cuando una clase fracasa en el cometido de crear riqueza, alguien tiene que tomar el relevo. Los trabajadores que se hacen cargo de una empresa, por otra parte, están más interesados en preservar sus puestos de trabajo (incluso aceptando reducciones en sus ingresos) que en aumentar los beneficios. Están más interesados en una economía de las necesidades (con mercados locales, estables y seguros) que en una economía de los negocios.

No es capital lo que falta, ni trabajadores dispuestos a trabajar, sino una dinámica económica distinta. El capitalismo está destruyendo nuestro tejido empresarial. ¿Seguiremos asistiendo impávidos al proceso o trataremos de buscar alternativas?

Joaquim Sempere es Doctor en Filosofía y profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental

de la Universidad de Barcelona.

Ilustración de Gallardo