Casi un año después de la declaración de la OMS (Organización Mundial de la Salud) del covid19 como una pandemia global vemos como la Comisión Europea empieza a proponer una regulación europea para los viajes de los ciudadanos comunitarios. Con el inicio de la tercera ola y ya con la esperanza de que el 2021 nos traiga algún tipo de normalidad, aunque sea frágil, la Comisión Europea se ve obligada a incrementar las medidas tomadas ya que, por ahora, la aplicación de la esperada vacuna está generando más escándalo y perplejidad que esperanza.

¿Como se negoció esto?

Como ya explicamos hace algunas semanas, tanto representantes políticos, activistas sociales y expertos estábamos a oscuras en relación a los acuerdos de la Comisión Europea con los proveedores de las diferentes vacunas contra el COVID.

La presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen habló en su estado de la Unión en diciembre sobre la vacuna como un bien común universal y que la Unión Europea debía estar en el buen lado de la historia. Pues bien, un mes y medio después de comenzado el proceso de vacunación el lado de la Unión Europea es el mismo que el de Pfizer y AstraZeneca contra el resto de la humanidad. Dejaremos al lector decidir si es el bueno o el malo de historia con las líneas que siguen.

A finales del 2020 Der Spiegel informó que Pfizer estaba negociando con la Agencia Europea del Medicamento (AEM) la posibilidad de extraer una sexta dosis del frasco. Lo que podría haber significado un aumento de la rapidez de implementación un 20% más rápido. Inicialmente Pfizer anuncia que eso no modificará sus beneficios y que se hará para aumentar la capacidad de vacunación.

El 8 de enero la AEM anuncia que Pfizer puede reclamar 6 dosis por frasco. Lo que de golpe aumenta un 20% la capacidad producida, en ese momento Pfizer revisa a la baja sus entregas estimando que el acuerdo era por dosis y no por frascos. Aumentando así un 17% sus beneficios de manera inmediata. Poco importan las quejas de personal sanitario diciendo que extraer la sexta dosis es costoso en tiempo y en técnica y que pone todo el peso sobre los hombros del personal sanitario de los sistemas de salud públicos, ya suficientemente saturados. Pfizer tiene que producir así 100 millones de frascos en su primera remesa en vez de 120 millones como estaba acordado. ¿Qué dice Pfizer que hará con esos 20 millones de dosis a 12 euros la dosis? Venderlas al mejor postor en el mercado internacional. Y todo gracias a los acuerdos secretos entre Pfizer y la Comisión Europea de los cuales sólo sabemos los precios de las vacunas por un tweet de una ministra belga por error. Este comportamiento es el mismo que el de su presidente Alexis Bourla cuando se hizo de oro vendiendo sus acciones al anunciar la llegada de la vacuna. Las maravillas de la creatividad y la innovación del sector privado.

Por ahora sólo Italia bajo presión de las asociaciones de defensa de los consumidores está anunciado llevar a Pfizer a los tribunales. La eurodiputada francesa Véronique Trillet-Lenoir, cercana al presidente Macron, y miembro de la comisión de Sanidad y Salud Pública de la eurocámara, afirmó que el Parlamento Europeo apoyará a la Comisión si decide emprender acciones legales contra los fabricantes de medicamentos, y auguró una "larga lucha". Bélgica, dónde la vacuna se produce, prefiere no litigar, seguramente por miedo a que Pfizer pudiese decidir de deslocalizar la producción.

¡Y ahora controles!

Los mismos defensores del libre mercado y los acuerdos de libre comercio son los que ahora se rasgan las vestiduras por la actitud de Astra/Zeneca y quieren poner controles a la exportación (aunque sólo sea para asegurar la transparencia nos promete el vicepresidente de la Comisión, Dombrovskis). Nada más y nada menos. Control al comercio exterior es la antítesis de todo lo que defiende la Comisión Europea, pero la testaruda realidad, el escándalo de su contrato secreto y la actitud de Pfizer y Astra/Zeneca les obliga a tomar dicha solución.

La medida se adoptó tras dos polémicas reuniones de la junta directiva de vacunas celebradas el 25 de enero entre funcionarios de los estados miembros y de la UE y representantes del conglomerado farmacéutico británico-sueco Astra/Zeneca, que informó a Bruselas el viernes de que la producción de vacunas estaría muy por debajo de sus obligaciones contractuales. Astra/Zeneca juega al gato y al ratón con la UE y sigue en sus trece diciendo que el contrato sólo le pide proveer ‘según sus posibilidades’. Curioso debe ser el contrato que aún no hemos visto.

Fuentes de la CE dijeron que AstraZeneca dio dos razones para el déficit de producción, una relacionada con el abastecimiento de materiales y otro, los problemas de fabricación en una planta de Bélgica, pero la empresa no habría justificado esas afirmaciones con pruebas. Esto llevó a los funcionarios de la Comisión y a los representantes de los estados de la UE a especular con la posibilidad de que AstraZeneca hubiera enviado dosis fabricadas en Bélgica a otros clientes, al darse cuenta de que la producción no avanzaba lo suficientemente rápido. Intentado no cumplir con las obligaciones contractuales con la UE, que había hecho un prepago de cientos de millones de euros. Vamos, que Astra Zeneca estaría especulando con su vacuna y ayudándose del dinero público avanzado por la UE vendiendo el producto a otros compradores que, imaginamos, ofrecerán precios de compra más elevados. En castellano llamamos a esto estraperlo de cuello blanco. ¿Pero quién puede culpar a Astra-Zeneca de comportarse como Pfizer?

Aquí uno debe preguntarse si el tan loado sector privado merece los reconocimientos que se le brindan en algunas redes sociales. Todos los días se nos repite que gracias a la iniciativa privada tenemos los vacunas que nos salvaran. Recapitulemos.

Aún no tenemos las vacunas, las multinacionales están especulando y están bloqueando que otros estados puedan producirla y generando, así, una situación de monopolio en el contexto de la peor pandemia de los últimos 100 años. Que se ha cobrado, ya, la vida de más dos millones doscientas mil personas ¡Y además debemos darles las gracias!

Por otro lado, y visto el panorama, la unidad europea se rompió y cada uno está buscando vacunas por su lado. Alemania y Holanda ya amenazaron con aumentar su demanda de manera unilateral, pero Hungría ya ha anunciado que comprara la vacuna rusa Sputnik-V pese a que la AEM aún no ha aprobado su uso. La negociadora de la UE para los contratos con las farmacéuticas. Sandra Gallina, anunció el 12 de enero no tener conocimiento de ningún otro contrato más allá de los negociados por la Comisión y si existieran, dijo, irían contra el Tratado (TFUE). Otra prueba más de la eficiencia del método comunitario, el mercado y la libre competencia.

Y mientras tanto…

Mientras la Unión Europea se enfada con Pfizer, Astra/Zeneca y los demás, sus representantes en la Organización Mundial del Comercio siguen defendiendo los intereses de estos últimos. Pero como esta pasa a muchos kilómetros del ojo público en los pasillos de Ginebra todo sigue el curso de la normalidad.

En la OMC han decidido no suspender el tratado de derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Suponemos que se asume que la suspensión de dicho tratado sólo se puede hacer en casos de crisis global extrema, mayor de la actual. Así que, con la Unión Europea como ariete, los países ricos rechazan que otros países puedan producir ‘su’ vacuna y si alguien la quiere tendrá que pagar, cosa que deja al 80% de la población mundial a esperas de la vacuna rusa y china.

Por otro lado para contentar el creciente descontento de los países que no tienen acceso a la vacuna a causa de los derechos de propiedad intelectual (IPR), la UE negocia con fundaciones privadas como la de Bill Gates test rápidos, pruebas PCR a bajo precio (dos dólares y medio la unidad y 250 millones de unidades al año) para una población que representa el 80% de la población mundial. Les invito a hagan los cálculos ustedes mismos sobre el papel de la filantropía.

Resulta interesante saber que un bloque de países en el que participan Sudáfrica, India, Venezuela, Bolivia, Mongolia o Kenia están pidiendo un levantamiento de los IPR sobre el COVID19. El director de la OMS denunció que por ahora en el mundo fuera de la OCDE se ha vacunado el 0,0006% de la población. Mientras tanto Justin Trudeau, al que tanto quieren los liberales europeos, sigue haciendo comunicados de prensa diciendo que van a ayudar al tercer mundo. Pues bien, la ayuda será en forma de prueba y gracias a la filantropía. En vez de levantar la exclusividad de la patente para que otros países puedan vacunar, vamos a financiar a fundaciones benéficas para que suplanten lo que el sector farmacéutico de los países del sur debería hacer. Además, la Unión Europea decidió salir del programa COVAX propuesto por la OMS para vacunar al conjunto de la población mundial.

La solución al problema de la falta de oferta es fácil: levantar los derechos de propiedad inmediatamente permitiría a otros países desarrollar en un periodo de tiempo relativamente corto versiones genéricas de la vacuna y poder vacunar el mayor número de personas en el menor tiempo posible. El obstáculo, eso imposibilita a las empresas que ahora detentan dichos derechos de poder venderla al mejor postor. Y eso pese a que se estima que en 2020 dichas multinacionales recibieron 93 mil millones de euros (un poco menor que el presupuesto en salud del estado español de ayudas públicas para desarrollar la vacuna del COVID, debería dar que pensar a los paladines del sector privado.

¿Qué podemos hacer?

La literatura científica habla de la necesidad de que, al menos, el 70% al 90% de la población esté vacunada para obtener la inmunidad general. El presidente del Consejo, Charles Michel, ya anunció el 24 de enero que iba a ser difícil llegar al objetivo del 70% para el verano. Tan sólo unas semanas después de la primera vacuna ya se están reduciendo los objetivos. No es un buen augurio.

El problema es que no existe ninguna solución que no signifique quitarle el poder de negociación que hoy tienen unas pocas multinacionales farmacéuticas que han creado un oligopolio en el que se integran unas pocas empresas. La famosa libre competencia termina por darle el poder a unos cuantos gigantes económicos que contralan el mercado, como pasa con el mundo digital.

Las pocas iniciativas que existen, como la ECI RIght2cure que pide que la Comisión haga libres la patentes de vacunes, y la presión en la OMC para que se aplique la suspensión del TRIPS (el acuerdo de la OMC que protege el derecho de las vacunas) para la vacuna y los medicamentos del COVID, no son suficientes. Pero la izquierda debe pasar a la ofensiva y plantar cara a los gigantes farmacéuticos, proponiendo que se devuelva al sector público la capacidad industrial de producir medicamentos y vacunas. SI eso no ocurre seguiremos siendo prisioneros de los deseos de los consejos de administración de GSK, Pfizer etc.

Urge popularizar la demandar para la nacionalización de un sector que si continua con el comportamiento antes descrito, y continuará, nos hará perder otro año de nuestra vida encerrados en casa. Y en el entretanto seguirán aumentando las cifras de personas muertas y afectadas.