El metro de la ciudad de Madrid ha aparecido, hace un mes, con unos carteles de grandes dimensiones de zafia propaganda electoral de un candidato a la alcaldía de Madrid, un tal Almeida. Un concejal que se ha distinguido por cultivar un lenguaje mordaz y ser el martillo de herejes de la alcaldesa de Madrid; y todo ello con un gracejo castizo muy del gusto de los ultraconservadores de la ciudad.

Almeida utiliza una pócima mágica para encantar a sus seguidores: ultra liberalismo económico y tradición castiza; muchas veces esa tradición castiza la mezcla con el catolicismo ultramontano, aunque, en este último aspecto, le es difícil competir con la alcaldesa que también ha cultivado, durante estos cuatros años, ese catolicismo castizo madrileño que degrada el laicismo institucional al que debiera estar obligada. En uno de los carteles se ve, con un fondo tenebroso, a la alcaldesa de Madrid con Puigdemont, haciendo aparecer a Puigdemont como una especie de demonio, contaminando todo aquello que se acerque siquiera a él. Esta propaganda electoral se realiza fuera del periodo electoral e incluso a destiempo ya que el adelanto de las elecciones legislativas ha trastocado la actualidad de estas elecciones municipales.

El metro de Madrid es una empresa pública que suele realizar propaganda religiosa y política sin ton ni son. En lugar de mantener una neutralidad ideológica o religiosa, sus paredes, se ven, cada cierto tiempo, cubiertas con costosísimas campañas publicitarias religiosas o políticas. Europa Laica se ha dirigido ya, en varias ocasiones, a la dirección de esa empresa sobre las campañas religiosas que realiza y la respuesta siempre ha sido la misma: la publicidad es una concesión comercial que la dirección no controla ni supervisa. La publicidad comercial, por supuesto, puede tener una ideología y de hecho muchos carteles publicitarios contienen, por ejemplo, mensajes de estereotipos sexistas y otros, en cambio, pretenden quebrarlos y también la propaganda de muchas ONGS, indirectamente, contienen mensajes ideológicos o religiosos. En nuestra opinión, el espacio público - es decir aquel que es patrocinado y sostenido con fondos públicos- debería mantener una neutralidad ideológica y religiosa lo cual no está reñido con la diversidad de opiniones y de ideologías; nadie está diciendo que el espacio público sea apolítico y esté desnudo de pensamientos o proclamas, al contrario, el espacio público debe proporcionar el más amplio lugar para la libertad de expresión y debiera de garantizar el pluralismo ideológico. Pasa lo mismo con los medios de comunicación; los medios privados suelen ser patrocinados, directa o indirectamente, por una religión, una corriente política o unos intereses empresariales pero los medios públicos de comunicación deberían propiciar una neutralidad ideológica encauzando ésta hacia el pluralismo de las ideas y la racionalidad y huyendo de la propaganda y la ideología. Es curiosa la obsesión, por parte de los encargados de velar por los espacios públicos, de persecución contra los grafitis, verdaderas formas de libertad de expresión, y su alabanza de los pulcros paneles de publicidad comercial. Mientras se ensalzan los espacios de rentabilidad comercial se persigue la libertad de expresión que no produce beneficios. Se confunde, interesadamente, la neutralidad ideológica con la persecución a la libertad de expresión. Aún nos acordamos de aquella alcaldesa de Madrid que proponía, patéticamente, manifestarse en “manifestódromos” alejados de la ciudad; o las extrañas ideas del Defensor del Pueblo sobre la libertad y la neutralidad ideológica del espacio público al defender la instalación de belenes católicos en edificios públicos en nombre de la tradición cultural y censurar, al tiempo, los lazos amarillos en Cataluña. ¡Justamente lo contrario de lo que significa la libertad de expresión y la neutralidad ideológica! La neutralidad ideológica del espacio público no está reñida con la libertad de expresión y con el pluralismo ideológico, sino todo lo contrario. Pero la propaganda política electoral, fuera de los periodos electorales, realizada en un espacio público, si trasgrede los principios de neutralidad ideológica.

El problema que ahora se nos plantea, con cuatro meses de campaña electoral por delante, es que, en estos últimos años, no se ha hecho nada por la tan cacareada regeneración democrática de España. Recordemos que el 15 M fue una movilización social cuyo lema central era “no nos representan” y constituyó una impugnación del sistema político, reclamando cambios en la democracia. Sin embargo, pasados unos años, el sistema de representación no se ha trastocado ni siquiera mínimamente: no se ha cambiado ni una sola coma de la ley electoral y mucho menos de la Constitución. Toda la agenda de reformas electorales y constitucionales ha quedado aparcada por todos los partidos políticos. Otro de los debates que ha quedado pendiente es la costosísima financiación de los partidos políticos clientelares existentes en España y de estas costosas campañas electorales. Durante el último debate presupuestario, por parte de algunos, se quiso vender la idea que los independentistas catalanes han sido los culpables de socavar “los presupuestos más sociales del historia de la democracia”. Sin interrogarnos demasiado sobre el asunto e impugnando esa falsa afirmación, lo peor es esa extraña idea que subyace a estas afirmaciones, como si se pudiera intercambiar lentejas por democracia. Sacrificar la democracia por la economía social es un chantaje inadmisible para la democracia y de hecho esa fue la ideología fascista de entreguerras: la libertad y la democracia se podrían sacrificar en aras del desarrollo económico y social; el desempleo y la inflación podrían solventarse sacrificando la democracia y la imposición de un nuevo autoritarismo que en Alemania o en Italia se llamaron Nuevo Estado y en España, franquismo. Sin embargo no es así; la democracia tiene un valor por si misma: separación de poderes, representatividad de los ciudadanos, independencia de la judicatura, control de los poderes públicos, valor de la deliberación parlamentaria, partidos políticos representantes de la sociedad civil y no del Estado, laicismo y secularismo institucional, ente otros. Es difícil explicar a la opinión pública internacional que España es una democracia consolidada mientras representantes públicos están siendo juzgados por rebelión por organizar una consulta ciudadana y se estigmatiza aquellos que defienden una vía del dialogo en este conflicto político. Muchos son los que opinan que España se encamina, a paso ligero, hacia un nuevo autoritarismo aceptado pacíficamente por amplias capas sociales y que las banderas rojigualdas que proliferaron en muchos balcones, hace un año, simbolizan esa tentación autoritaria que va asumiendo la devaluación de los hábitos de la democracia y el recorte de libertades públicas e individuales. Es el precipicio hacia una involución en medio de la degradación de un régimen político que ya no cabe en sus costuras. Es difícil pronosticar si esa devaluación será conducida por una derecha enfurecida y frustrada o por un extremo centro que ahogue la democracia pero parece que nos quieren encaminar, desde diversos lugares, a algo parecido. Los zafios y caros carteles de propaganda política del concejal Almeida, en el metro de Madrid, contribuyen a ese oscuro propósito violando, de paso, la exigible neutralidad ideológica de los espacios públicos o lo que es lo mismo, la libertad de expresión y la pluralidad ideológica.