AUGUSTO KLAPPENBACH

Escritor y filósofo

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha rechazado recientemente cualquier posibilidad de devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, a quienes se les había retirado por real decreto en 2012. Incluso ha incumplido su propia promesa de permitirles la atención primaria, compromiso que adquirió públicamente hace más de cuatro meses. Quienes no tengan sus papeles en regla solo serán atendidos en urgencias o en el caso de ser menores de edad y mujeres embarazadas.

Varias comunidades autónomas han desatendido el real decreto y siguen prestando asistencia sanitaria a todos los que la necesitan. El Consejo de Europa denunció como ilegal esta exclusión. Y muchos grupos de ciudadanos se han organizado en la plataforma 'Yo sí, sanidad universal' para prestar asesoramiento a los inmigrantes excluidos y, en su caso, exhortar a la desobediencia civil al personal sanitario, en la medida en que se trata de un derecho fundamental que no puede ser desatendido por razones burocráticas. En todos estos años, el gobierno no ha presentado ninguna evaluación de esta exclusión ni del ahorro que se haya conseguido con ella, abonando el convencimiento de que esta medida tiene como objetivo fundamental enviar un mensaje a los inmigrantes y sus familiares y amigos que los desaliente a permanecer en un país que ya no necesita su mano de obra, aun cuando lleven años integrados en él.

Pero lo que resulta más indignante de las declaraciones del ministro es su intencionada confusión entre la exclusión de los inmigrantes y lo que él llama “turismo sanitario”. Al escuchar su justificación del decreto uno pensaría que se dirige a evitar que los ciudadanos de otros países, incluyendo los de Unión Europea, decidan elegir nuestro país para tratar dolencias que podrían ser atendidas en su país de origen, por razones de comodidad, de facilidad de acceso o para aprovechar unas vacaciones. Por supuesto que nadie duda de que en estos casos es legítimo exigir que el paciente o la sanidad de su país se hagan cargo de los gastos que esa atención implique.

Pero llamar “turismo sanitario” a la situación de decenas de miles de inmigrantes que son rechazados en los centros de salud después de haber vivido y trabajado en España durante muchos años y que se encuentran ahora en paro, sin recursos y sin papeles, constituye una burla antes que una equivocación. La atención sanitaria no constituye un privilegio sino un derecho, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cuando no existen otras vías el Estado que tiene posibilidades de atenderlos –en nuestro caso las tiene- está obligado a hacerlo. Todo ello sin contar el riesgo que implica desatender dolencias que en su momento serían fácilmente controlables y que pueden terminar en atenciones de urgencia mucho más peligrosas y (un argumento que quizás sea más importante para el gobierno) también más costosas.

La actual globalización ha fomentado la libre circulación de capitales y mercancías. Pero quizás nunca los seres humanos han encontrado tantas trabas para moverse por el mundo. La subasta de cupos, con vergonzosos regateos incluidos, que ha organizado la Unión Europea para recibir a los refugiados de la guerra de Siria es un signo claro de que los gobiernos de nuestros países intentan desentenderse de problemas en los cuales han tenido una parte de responsabilidad. Pueden discutirse las condiciones de admisión de extranjeros y su acceso a algunos servicios públicos. Pero negar las condiciones para que quienes ya viven en nuestro país puedan ejercer sus derechos fundamentales, como la sanidad y la educación, constituye una señal más de un tipo de civilización que ha renunciado a esos postulados de universalidad que nacieron en la Ilustración y que dan sentido a la Unión Europea. Y no nos engañemos: las discriminaciones que se ejercen contra los extranjeros forman parte de la misma ideología que nos está llevando a sociedades cada vez más desiguales, en las cuales la discriminación no se detiene en las fronteras políticas.