Sobre la financiación de las universidades públicas madrileñas

Las universidades desempeñan un papel fundamental en el desarrollo científico, económico y social de los países a través de la formación de profesionales competentes y de la generación de nuevos conocimientos. Nadie puede poner en duda esta verdad axiomática, que se manifiesta en los esfuerzos presupuestarios que los países más avanzados llevan a cabo para alcanzar altas cotas de excelencia en las tres áreas de actividad que configuran el sistema universitario: la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento.

En España, la gestión universitaria está transferida a las Comunidades Autónomas (CCAA) y de sus presupuestos depende la financiación de las universidades públicas establecidas en su ámbito territorial. Recientemente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el primer proyecto de presupuestos de la XIII Legislatura. En este contexto parece conveniente examinar el papel de las universidades públicas madrileñas en el desarrollo regional y la atención presupuestaria que se ha dedicado a las mismas.

Conviene recordar que los recursos que las universidades públicas obtienen para financiar sus actividades son, lógicamente, de origen público. Las tasas académicas que pagan los estudiantes y sus familias en la universidad pública cubren en torno a un 15% en promedio del coste total de los estudios, siendo el 85% restante aportada por los presupuestos autonómicos.

Estas cifras son bastante homogéneas en toda España. No obstante, es necesario reseñar que esto no fue siempre así. En el año 2012, Madrid aplicó una subida a las tasas académicas del 66% para la primera matrícula en los grados, y en la matrícula de los másteres pudo llegar hasta el 124%. En Madrid, y de acuerdo con el Real Decreto 942/1995 de 9 de junio sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de Universidades, las universidades públicas dependen de las transferencias corrientes y de capital que reciben de sus presupuestos autonómicos. Por tanto, la financiación de origen público autonómico constituye la base para el desarrollo de todas sus actividades fundamentales: docencia, investigación y transferencia.

Ante la presentación y presumible aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2024, conviene hacer una reflexión, en términos tanto históricos como de futuro, en relación a la financiación de las universidades públicas madrileñas.

Las dificultades encontradas por parte de las universidades madrileñas para obtener una financiación adecuada por parte de la Comunidad de Madrid vienen de antiguo y responden a distintas estrategias, incluido el incumplimiento de compromisos financieros firmados entre el ejecutivo regional y las universidades, tal y como hizo la presidenta Esperanza Aguirre a partir del año 2008. Esto generó toda una cadena de recursos contencioso-administrativos que se resolvieron a favor de las universidades públicas en su totalidad con un coste de más de 574 millones de euros hasta la fecha.

Esta cuantía no salda la totalidad comprometida en su día por la Comunidad Autónoma de Madrid, demandada por las universidades, y reconocida por los tribunales. Para dar cumplimiento a la cascada de sentencias a favor de las universidades, el gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso tuvo que hacer efectivo todos los compromisos financieros contenidos en el Plan de Financiación 2006-2010, pero siguen pendientes las cuantías correspondientes al Plan de Inversiones 2007-2011 (con excepción de la Universidad Complutense) con compromiso de liquidación en el período 2019- 2024.

El pago de estas deudas ha servido como excusa para que la Comunidad no haya hecho, durante la anterior legislatura de la Sra. Díaz Ayuso, esfuerzo alguno por incrementar la financiación de las universidades públicas madrileñas. Esto nos lleva a un nivel de financiación pública inferior al alcanzado previamente a la crisis. Y a continuación explicaremos por qué.

Los datos reales sobre las cantidades destinadas a la financiación de las universidades públicas madrileñas por parte de la CAM, pone claramente de manifiesto el abandono de su sistema universitario público, que parece abocado a su empobrecimiento y desmantelamiento. La Comunidad ha venido utilizando datos engañosos al afirmar que su inversión en las universidades públicas madrileñas con un 4.5% de su presupuesto, triplica la media de inversión del resto de las Comunidades Autónomas.

Si se toma el dato de la cuantía total de transferencias al conjunto de las universidades públicas madrileñas, es evidente que esta cuantía es elevada, ocupando la segunda posición detrás de Andalucía. La justificación en ambos casos viene dada por el elevado número de universidades públicas existentes en cada una de estas comunidades autónomas y por tanto también su elevado número de estudiantes cursando estudios en ellas.

La cuantía de transferencias totales no es una magnitud válida para comparar Andalucía o Madrid con Cantabria o Asturias que tienen una única universidad pública y un número de alumnos lógicamente mucho menor. La única medida que permite una comparación válida entre Comunidades Autónomas es la inversión por alumno/a y aquí es dónde se pone de manifiesto de manera nítida, la triste realidad de la consideración que merece la universidad pública al PP y al gobierno de la CAM: su inversión por alumno ronda el 71% de la media nacional y es la más baja de todas las CCAA.

A esta situación se ha llegado tras años de aplicación de políticas presupuestarias restrictivas por parte de los sucesivos gobiernos del PP en la CAM. El presupuesto presentado para el año 2024, mantiene y agrava la situación económica y financiera de las seis universidades públicas madrileñas. La carencia de una financiación adecuada entorpece y obstaculiza, cuando no impide, el correcto desarrollo de las actividades docentes y de investigación que la Constitución Española encomienda a las universidades con los niveles de calidad y de eficiencia exigibles para su mejor servicio a la ciudadanía.

El gobierno de la Sra. Ayuso es responsable de la mayor brecha de desigualdad entre el alumnado de las universidades públicas madrileñas y el del resto de universidades públicas de España, máxime cuando, por su posición geopolítica y económica les correspondería indiscutiblemente, situarse a la cabeza.

En este momento de discusión y aprobación de los nuevos presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2024, consideramos inadmisible perpetuar la situación de extremada necesidad de recursos económicos que están sufriendo las universidades públicas madrileñas e instamos al gobierno de la CAM a iniciar la recuperación de los niveles de financiación de las mismas hasta alcanzar la posición que le corresponde por su riqueza regional, por el número de universidades públicas existentes en su ámbito competencial, por el número de alumnos inscritos en ellas, por el tamaño y cualificación de sus plantillas; por volumen y calidad de su investigación; por el número de grados y postgrados que imparten y por todo un larguísimo etcétera.

Por todo ello y para iniciar ese punto de inflexión en la tendencia mostrada hasta la fecha, el PSOE-M ha presentado una enmienda parcial a dichos presupuestos consistente en incrementar la partida destinada a financiar los gastos de las universidades públicas madrileñas en 430.452.440 € para alcanzar, al menos, la media nacional en transferencias por alumno, actualizado el IPC a septiembre 2023.

Esto es: cubrir la diferencia entre los 4.847,87 € de transferencias por alumno de la CAM y los 6.678,15 € por alumno de la media nacional, multiplicado por el último dato de número de alumnos conocido y correspondiente al año 2021- 223.002 alumnos-. Por lo tanto, la cuantía contemplada en los Presupuestos 2024 para la financiación de las universidades públicas debería establecerse en 1.544.819.624 €.

Este incremento, aunque importante, debe iniciar la senda de recuperación de la financiación pública de las universidades públicas madrileñas hasta alcanzar, al menos, el 1% del PIB en el año 2030, por imperativo de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Desde nuestra óptica, cabe y debemos aspirar a más. Queremos convertir nuestras universidades públicas en el buque insignia de la Comunidad de Madrid, con una eficiente explotación de todas sus enormes potencialidades y plenamente integradas en la red de excelencia académica e investigadora a nivel europeo. Para ello será necesario alcanzar una financiación pública similar a la que reciben las universidades europeas en los países de la Unión Europea.

Madrid es la comunidad autónoma más rica de España. Ocupa la primera posición en cuanto al PIB. Se sitúa en segunda posición por total de transferencias corrientes y de capital debido a que cuenta con seis universidades públicas que acogen al segundo mayor contingente de alumnos. Se sitúa en la 13ª posición de las dieciséis comunidades autónomas, exceptuada Cataluña, en porcentaje de transferencias sobre su PIB. La Comunidad de Madrid se sitúa en la última posición en inversión por alumno, rondando el 71% de la inversión media por alumno/a con 4.684 € frente a los 6.549€ de la media de las comunidades autónomas, y frente a los más de 8.000€ de las comunidades que más invierten por alumno.