Felicia Vanjo, de 55 años y originaria de Rumanía, en la cabaña donde vive en Granada. Tras decretarse el estado de alarma el pasdao 14 de marzo, no puede salir a buscar y recoger chatarra, por lo que carece de ingresos para comprar comida o medicación. Vive con otras diez personas rumanas en un asentamiento marginal e insalubre, a las afueras del barrio de La Chana, sin agua ni electricidad. La ONG Médicos del Mundo proporciona alimentos, mascarillas y guantes desechables, así como información a cerca de cómo prevenir la infección del coronavirus.

Loredana, de 46 años, y su hija de 13 escuchan las instrucciones sobre cómo evitar la infección por coronavirus por un voluntario de la ONG Médicos del Mundo en su casa de Granada. Originarios de Rumanía, viven en un piso ocupado, junto con otros 12 familiares. El confinamiento decretado dificulta aún más el ya precario día a día de la familia.

Un hombre de Rumanía duerme en la calle de la Avenida de Almería en la ciudad de Almería el pasado abril. El Ayuntamiento cerró la admisión en el Centro de Recepción Municipal, el pabellón habilitado en el barrio de El Zapillo, cuando llegó al límite de su capacidad. Tras decretarse el confinamiento, muchas personas sin hogar, sobre todo migrantes, se han quedado sin sitio en los albergues y sin recursos de ningún tipo.

Una señal de tráfico en una autopista de Andalucía, el pasado 14 marzo, advierte de la prohibición de los viajes no justificados como medida de contención del coronavirus. Desde entonces, los migrantes en situación irregular que trabajan como temporeros en el campo andaluz no pueden desplazarse ni para buscar trabajo ni para trabajar. Su situación es desesperada.

Jawad es un marroquí de 38 años que lleva un año viviendo en un asentamiento marginal de Almería. Llegó a España hace un año también, después de viajar de Marruecos a Libia, donde pasó un tiempo detenido. Cuando por fin logró embarcarse hacia Europa, su bote volcó y fue rescatado por la Guardia Costera italiana. Se considera afortunado porque vive en una cabaña de ladrillos que no tiene que compartir con nadie. Sin embargo, no puede buscar trabajo informal en el campo debido a las restricciones de movimiento impuestas por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus. La comida se está agotando, como a todos los migrantes que residen en el campamento de chabolas de Níjar.

Una vista aérea del barrio de chabolas del Cortijo Don Domingo, que alberga a más de 200 personas migrantes que trabajan en los invernaderos de Almería.

Un hombre africano cocina pezuñas de vaca en una lata de aceite oxidada junto a su cabaña, en Níjar, Almería, el pasado abril. Las comunidades de migrantes luchan a diario para conseguir alimentos durante el estado de alarma que les impide moverse y trabajar. JAVIER FERGO

Kwesi Baah, de 32 años y procedente de Malí, llegó a España en una patera cruzando el mar Mediterráneo. En 2014 sufrió un accidente cuando iba al trabajo en su bicicleta y no ha podido trabajar desde entonces. Vive en una casa abandonada en Níjar que comparte con otras ocho personas que, como él, está en situación irregular. Sus compañeros tampoco pueden acudir al trabajo desde que el Gobierno decretó el estado de alarma. La comida es ahora su preocupación diaria.

Un voluntario de la ONG Médicos del Mundo mide la temperatura de un migrante que vive en un asentamiento informal Níjar, Almería. Según esta organización, que realiza un seguimiento en estos campamentos, el sistema sanitario no tiene de momento ningún plan para hacer frente a un posible brote en estas chabolas donde se confinan miles de personas.

Sai, de 19 años, y procedentes de Ghana, friega los utensilios de cocina junto a la chabola en la ha vivido los tres años, en Almería, desde que cruzó el Estrecho en patera. Durante más de un mes ha sido incapaz de encontrar trabajo debido a las restricciones del estado de alarma. 

Una mujer marroquí acompañada de sus hijos empuja un carrito cerca de la cabaña donde vive con su familia en Almería.

Una temporera marroquí recolecta fresas en una explotación en Lepe, en Huelva. Tras el cierre de fronteras, tan solo pudieron llegar un 35% de las casi 7.000 trabajadoras que se esperaban para la temporada de frutos rojos en la provincia. Aunque muchas de estas empleadas cuentan con un permiso de trabajo temporal, el bloqueo marroquí les impide ahora regresar a su país a causa de la pandemia.

Un hombre subsahariano comprueba si la ropa tendida está seca en un refugio para migrantes que nunca terminó de construirse en la localidad onubense de Lepe. Junto al polígono industrial El Chorrillo, el centro contaba con un presupuesto de 1.300.000 euros. Iba a tener unas 300 camas y una zona al aire libre para que 500 personas pudieran acampar. Las obras fueron empezadas por el Ayuntamiento, pero se paralizaron cuando estaban a punto de concluir. El alcalde argumentó que no era competencia del consistorio, sino de la Junta de Andalucía. Quedó vacío y en desuso hasta que, a finales de 2019, un grupo de los alrededor de 1.400 trabajadores migrantes que vivían en asentamientos lo ocupó, harto de sufrir las inclemencias del tiempo en chozas de plástico y cartón. A día de hoy sigue habitado por estos migrantes, organizados en comunidad, y las instalaciones se han convertido en punto de referencia para todos los migrantes de Lepe.

Un migrante subsahariano camina hacia la cabaña donde vive en Lepe, Huelva. Más de 1.400 migrantes viven en pésimas condiciones solo en la localidad, llegando a 3.000 en la provincia onubense.- 

Una chabola construida con con madera, plástico y cartón en un asentamiento de migrantes en Lepe, Huelva.