Mucho ruido y ninguna nuez. La batería de acciones judiciales descargada por el PP contra Garzón en el caso Gürtel ha reportado a los conservadores un gran eco mediático pero nulo efecto legal. Para el titular del Juzgado Central número 5 no ha tenido consecuencias penales ninguna de las 15 denuncias que el partido de Rajoy elevó al Supremo, a la Audiencia Nacional, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado. Además de esas 15 actuaciones, el todavía tesorero del PP, Luis Bárcenas, anunció otra querella ante el Supremo contra el magistrado, pero no llegó a formularla.

Los conservadores emprendieron su asalto jurídico contra el primer instructor del caso Gürtel tres días después de que la operación estallara con los primeros cinco arrestos, entre ellos el de Francisco Correa, presunto jefe de la trama, y el de Pablo Crespo Sabarís, ex secretario de organización del PP gallego. A partir del 9 de febrero y hasta el día 13, y mientras las nuevas revelaciones del caso iban colocando al PP en una situación más complicada a cada momento, el equipo de Mariano Rajoy se lanzó a una verdadera carrera: sólo en esos cinco días planteó siete denuncias contra Garzón.

Todavía recién iniciadas las diligencias, los conservadores recusaron a Garzón como instructor del caso por su 'enemistad manifiesta'. El PP denunció igualmente su 'interés directo o indirecto' en la causa. La decisión de Garzón de vetar la personación del PP como acusación particular, encrespó a sus dirigentes, que aún hoy mantienen intacta su queja de que el secreto de sumario impide conocer qué pruebasmanejan los investigadores .

'Resulta una desfachatez clamó el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo el que no se nos considere perjudicados, un despropósito jurídico que diga que contra su decisión no cabe recurso y una barbaridad inaceptable que anuncie que puede haber imputados de futuro que puedan ser aforados, como si fuera una amenaza'.

Los autos de Garzón, que arrojaban luz pública sobre los manejos de la trama, hicieron que el PP se revolviera con furia y se querellara por prevaricación. Según el PP, Garzón prevaricó por seguir investigando un causa en la que sabía que había aforados que, finalmente, acabaron imputados. No por Garzón, que no tenía competencia, sino por los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia.