El 2% del empleo público se reservará para las mujeres víctimas de violencia de género

Los grupos parlamentarios del Congreso han acordado establecer una reserva mínima del 2% del empleo público para las mujeres víctimas de violencia machista. Esta medida se incluirá en el proyecto de ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, que se está tramitando en la Cámara.

Es la ponencia creada en el Congreso para negociar esta norma la que ha llegado a un acuerdo unánime en torno a esta medida, según han informado a Europa Press fuentes de Ciudadanos. Los naranjas son los que han llevado esta propuesta al órgano, a través de una enmienda al proyecto de ley.

"Este porcentaje queda así fijado sin perjuicio de que, posteriormente, los convenios colectivos que firmen las diversas administraciones pueden establecer un porcentaje superior", apuntan las mismas fuentes.

¿Se cumplirá esta previsión?

La reserva de plazas para aspirantes que cuentan con unas características específicas no es algo nuevo. Por ejemplo, en la administración se reserva un cupo para el acceso de personas con discapacidad. El Estatuto del Empleado Público ya obliga a que en las ofertas de empleo público se reserve al menos un 7% para ser cubiertas por personas con discapacidad.

Sin embargo, el cumplimiento de esta previsión es desigual, según señalan a Europa Press fuentes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Así, apuntan que en la Administración General del Estado la reserva para personas con discapacidad comenzó a cumplirse a partir de 2004, tras "incumplimiento sistemático histórico".

"A pesar de cuestiones no resueltas, y que pueden perfeccionarse, funciona razonablemente. En CCAA y Corporaciones Locales la situación es desigual y muy deficitaria. Están todavía en estadios muy primerizos de cumplimiento", avisan.

Nueva reunión esta semana

La reserva de puestos de trabajo en la adminstración para víctimas de violencia doméstica es uno de los primeros acuerdos que se han hecho públicos sobre esta ley, que comenzó su fase de ponencia en los primeros días de 2019. Este miércoles, el órgano se vuelve a reunir para continuar con sus trabajos.

El texto inicial, ya en vigor, fue aprobado por el Consejo de Ministros y apoyado, el pasado septiembre, por unanimidad en el Congreso, en donde también se dio luz verde a su tramitación como proyecto de ley.

Algunas de las principales medidas que se pusieron en marcha con esta iniciativa del Ejecutivo son la devolución a los ayuntamientos de las competencias en materia de violencia machista o la activación de los presupuestos acordados.

Además, se garantiza que los menores víctimas de esta lacra no necesiten el permiso del maltratador para obtener atención psicológica y no estarán obligados a visitar al condenado en la cárcel.