Un comandante,  23 tenientes, 11 capitanes, 5 Sargentos... Un total de 46 militares del Ejército del Aire llevan ya imputados como presuntos autores de una estafa al Ministerio de Defensa, consistente en la presentación de facturas falsas para cobrar indemnizaciones por mudanzas y dietas en los casos de traslado forzoso de residencia.

La organización, liderada por un teniente del Ejército del Aire, podría haberse apropiado de entre 7 y 10 millones de euros, según las estimaciones realizadas a partir de la revelación que hizo a la propietaria de una empresa de mudanzas que destapó este fraude en la elaboración de facturas falsas de empresas de mudanzas entre los años 2008 y 2012.

El teniente David Hernández Calet, destinado en el ala 49 de la Base Aérea de Son San Juan (Palma de Mallorca) está considerado como principal responsable de la trama. Está imputado por un delito continuado de deslealtad y otro continuado contra la Hacienda Militar, entre otros delitos. Se le acusa de crear y alterar facturas de empresas de mudanzas, presupuestos y certificados que luego vendían a los militares del Ejército del Aire. A cambio, "obtenía aproximadamente el 25% defraudado" en concepto de indemnizaciones por traslado fraudulentas, "una vez que eran abonadas por el Ministerio de Defensa a cada uno de sus cliente/compañeros", según consta en el sumario. La horquilla de la comisión por factura falsa oscilaba entre el 14% y el 27%.

El teniente Calet 'vendía' a sus compañeros/clientes que su familia tenía una empresa de transporte de mudanzas y que él les tramitaba la documentación para obtener el dinero de Defensa por el traslado forzoso de una base aérea a otra de España. La trama falsificaba hasta tres facturas de empresas de transportes para presentar ante el Ejército del Aire. ya que la más barata iba a ser la autorizada.

Los 46 militares investigados están destinados en la base aérea de la Academia de Getafe (Madrid), Palma de Mallorca, Zaragoza, Albacete, Murcia, Canarias o Sevilla. Están acusados de los delitos de deslealtad y contra la Hacienda en el ámbito militar, que prevé penas de entre tres meses y seis años de cárcel.

Los funcionarios pueden ser indemnizados en los casos de traslados forzosos, como es el caso de los militares. El Ministerio de Defensa denomina estos traslados ITR y exige que sean presentados tres presupuestos, para concede la indemnización al presupuesto más barato. El presupuesto falso solía tener una media de 3.500 euros.

Las investigaciones apuntan a que, en buena parte de las ocasiones, las mudanzas no se realizaban y se cobraba la indemnización del Ejército del Aire. En otras, la mudanza se realizaba por una empresa relacionada con el teniente y a un precio muy inferior que el presupuesto falso presentado al Ministerio. Además, siete alumnos que presentaron factura acababan de salir de la Academia del Ejército del Aire de Getafe, por lo que tenían pocos enseres. Hasta 150 investigados

La instrucción está dirigida por el coronel auditor Eduardo Reigadas, del Juzgado Togado Militar Central 2. Está muy avanzada y, ahora, este Juzgado deberá determinar si archiva o si se procesa a los oficiales y suboficiales investigados. Ha llegado a tener hasta 150 investigados, lo que causó dificultades en alguna base aérea porque algunos de ellos quedaban suspendidos de sus funciones.

Uno de los imputados es el comandante de aviación Ignacio D.V., destinado en el Estado Mayor de la Defensa, de ahí que el caso se investigue en un juzgado militar central. Este comandante "solicitó, adquirió con conocimiento y mediante precio, documentos falseados para su posterior entrega a la Administración y obtener beneficios propios", según el sumario.  Esa factura falsa estaba a nombre de la empresa Grupo SJT por valor de 4.059 euros. El comandante está imputado por delito contra la Hacienda en el ámbito militar y delito de Deslealtad.

El capitán C.B, destinado en el Ala 31, en la Base Aérea de Zaragoza, está investigado por ser el autor de alterar y falsificar los documentos de mudanzas. Principal cómplice del teniente Calet, se le imputa un delito continuado de deslealtad, tres delitos de deslealtad adicionales, y otros tres delitos contra la Hacienda en el ámbito militar.

El hermano del teniente Calet, Buenaventura, es investigado por recibir en su cuenta corriente, presuntamente, pagos de los militares proveniente de las comisiones que cobraban a sus 'clientes' por las facturas falsas.

Un correo del capitán C.B enviado al teniente David, con unas facturas falsas adjuntas, explica cómo se alterarían los documentos:

- Si quien lo vaya a imprimir tiene impresora buena los puedes sacar hasta con sello chaval! Te envío con sello y sin sello, a falta de poner datos. He cambiado algo el texto, he metido nuevo recibí y he metido tb el número de factura que, hay que ir poniéndolos.

Ale, un abrazo (sic)

Poca documentación se han encontrado en la casa del capitán C.B: borró sus archivos y correos, tras haber sido alertado por el teniente Calet de que había sido detenido por la Guardia Civil y habían registrado su casa y su centro de trabajo. Tampoco se ha podido recuperar la información de sus ordenadores.

Las facturas falsificadas eran facturas modificadas de empresas reales de mudanzas, a las que en el pasado se les había solicitado un presupuesto. Con el paso del tiempo, fueron inventado empresas falsas (Mudanzas Pérez, por ejemplo), escribían CIF falsos y hasta aplicaban el IVA en traslados a Canarias. 500 'mudanzas' al año y unas vacaciones en Canarias

La empresa S.D.R. Mudanzas, de Madrid, destapó la trama al denunciarlo en el juzgado. En el año 2008 se les pidió presupuesto, lo entregaron y no supieron nada de ese documento hasta que, en el año 2012, recibieron una llamada de Defensa para que corrigieran un kilometraje de una factura que era erróneo. Al descubrir que no habían hecho esa mudanza, los propietarios de esa empresa se citaron con el supuesto cliente en un centro comercial de Madrid. Tras la entrevista, optaron por poner una denuncia en el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid. Ellos también están imputados, aunque defienden su inocencia.A la cita del centro comercial iba a aparecer el cliente y supuesto solicitante del documento alterado, el teniente Fernando M de C. Sin embargo, acudió el teniente David Hernández Calet, el líder de la trama, quien dijo hablar en representación del primer teniente. Propuso resolver el desliz del documento alterado, con el ingreso de los 300 euros que la empresa debía devolver a Defensa y, ya en confianza, explicó en qué consistía su negocio y ofreció a la empresa entrar en el negocio a cambio de una comisión. Ni siquiera tendrían que realizar las mudanzas; tan sólo falsear facturas.

La propietaria de la empresa relata que el teniente Calet les explicó que realizaba cada año unas 500 mudanzas falsas. La factura media era de 3.500 euros. Por lo tanto, en los cinco-seis años transcurridos desde que comenzaron a operar, la cuantía defraudada superaría los 10 millones de euros. En el sumario figura que el teniente les ofreció además unas atractivas vacaciones en instalaciones pertenecientes al Ejército del Aire, en las Islas Canarias, a cambio de no destapar el supuesto fraude.

El teniente Calet niega toda implicación en su declaración ante el juzgado que realizó en abril, y ha culpado al matrimonio propietario de la empresa SDR de hacer negocios con el Ejército. También están imputados.

De los oficiales y suboficiales imputados, sólo el teniente Calet tenía antecedentes. En concreto, fue detenido en 2009 acusado de detención ilegal y amenazas con arma de fuego; en el año 2010 fue detenido por un supuesto delito de malos tratos y, ya en el año 2012, por conducir bajo los efectos del alcohol.