José Luis Ábalos, exministro de Transportes y el que fuera una de las personas de confianza de Pedro Sánchez, y Koldo García, ex asesor del también ex número tres del PSOE, declaran este lunes en el Tribunal Supremo tras estallar hace ya más de una semana el caso Cerdán. Ábalos y Koldo llegan al Supremo tras los indicios conseguidos por la Guardia Civil de que presuntamente participaron en presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública y en un supuesto reparto de mordidas.

Los últimos hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han hecho que la causa escale al posible amaño de contratos de obra pública y al presunto cobro de contraprestaciones económicas que también ha salpicado al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, citado como investigado el 30 de junio.

El viernes, agentes de la UCO acudieron a la sede socialista, en la calle Ferraz, y al Ministerio de Transportes para clonar los correos corporativos de Santos Cerdán y Ábalos. También accedieron a las instalaciones de Adif y la Dirección General de Carreteras.

 La UCO apunta a pagos de 620.000 euros  

Creen los investigadores que Ábalos y Koldo actuaron en favor de las constructoras Acciona, LIC y OPR para "la obtención, presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública", y que eso les habría generado una contraprestación económica.

La Guardia Civil apunta en su informe que Ábalos y Koldo habrían percibido, presuntamente, de Acciona 620.000 euros, que habrían sido gestionados por Santos Cerdán. Según Koldo, quedarían 450.000 euros pendientes de cobro.

En una entrevista con la Cadena Ser el jueves, Ábalos dijo que era el "imbécil de todo esto" porque Cerdán y Koldo "penetraron en el Ministerio", donde le "presionaron para tratar de influir" en las contrataciones, y negó reconocerse en los audios de las conversaciones grabadas por su exasesor. Además, aseguró que declararía ante el juez.

Los supuestos contratos amañados conectan con Adif y la Dirección General de Carreteras. El juez ha visto indicios de que sus entonces responsables, Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, siguiendo "directrices" que Ábalos "impartía" a través de su asesor, contribuyeron para que las adjudicaciones "pudieran llegar a buen término".

Pardo de Vera ya está investigada en la Audiencia Nacional por la contratación de una expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Este martes testifican cuatro responsables de la primera mercantil y de ADIF de entonces.

 Posible valoración de medidas  

El juez del Supremo ve en la causa indicios de delitos de organización criminal y cohecho, que ya pesaban contra Ábalos y Koldo (junto al de tráfico de influencias), y por el que ya tienen en su haber medidas cautelares -no pueden salir del país y deben comparecer ante el juzgado cada quince días -, si bien tras su comparecencia el lunes, el juez podría valorar agravarlas si se lo piden.

Según fuentes jurídicas, las acusaciones populares que coordina el PP estudian si solicitan endurecerlas, sin descartar la prisión.

El propio juez advirtió a Koldo García -ante sus intentos de aplazar su declaración- de que si no comparece podrá adoptar las medidas cautelares que procedan. El exasesor, que en un principio se inclinaba por no declarar, ha solicitado hasta tres veces cambiar su citación y ha cambiado de abogado a las puertas de su comparecencia.

 Las grabaciones de Koldo  

El informe de la UCO "se nutre" de conversaciones grabadas por Koldo entre 2019 y 2023, que discurren sobre "la persecución del pago de presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública".

Por ejemplo, en una conversación mantenida entre Cerdán, Ábalos y Koldo, en enero de 2021, cuando este último realizaba un "repaso detallado de los pagos efectuados hasta la fecha", el primero le dijo: "¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla".

En otra, de noviembre de 2023, Ábalos le decía a Koldo que no tenía "un puto duro" e iba "con cincuenta euros toda la puta semana", ante la sorpresa de su interlocutor -"no te gastas 470.000 euros en dos años... no me jodas"-. Ambos hablan de dinero y Koldo le dice que al exministro le debían 450.000 euros y a él otros 100.000 o 105.000.

El PSOE ha mostrado su repulsa por los términos en los que Ábalos y Koldo hablaban de mujeres en otras conversaciones.

En el registro a la casa del exministro en València, la UCO intervino 34 dispositivos, incluido un disco duro que una mujer que acompañaba a Ábalos trató de llevarse oculto en el pantalón, con la excusa de salir a pasear al perro, de acuerdo al acta policial. Según Ábalos, guardaba su estrategia de defensa y conversaciones con Pedro Sánchez, ministros y directores de medios desde 2021.