Los abogados de Inés del Río pedirán la libertad inmediata de 56 presos de ETA

Los abogados de Inés del Río procederán en las próximas horas y días a realizar los trámites legales necesarios para reclamar la puesta en libertad inmediata de 56 presos de ETA --incluida su defendida-- afectados por la sentencia del Supremo del 2006 sobre el caso Parot, al entender que es una doctrina "muerta" tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Amaia Izko y Ainhoa Baglietto, como portavoces del equipo de abogados de Inés del Río, han señalado que ya han pedido la puesta en libertad de su defendida, así como la de Antton Troitiño, excompañero de Del Río en el 'comando Madrid' y que está encarcelado en Inglaterra desde junio de 2012. Troitiño huyó en abril de 2011 tras ser puesto en libertad por la Audiencia Nacional, que le descontó el tiempo pasado en prisión preventiva del límite máximo de estancia en la cárcel (30 años) y no del conjunto de sus condenas. La decisión fue subsanada una semana más tarde en aplicación de la ahora anulada doctrina Parot, pero para entonces Troitiño ya se había escapado.

Tras la petición sobre Del Río y Troitiño, reclamarán la puesta en libertad de otras 54 personas que, "tras haber cumplido íntegramente sus condenas, están en prisión de forma injusta". Gobierno, Fiscalía y Audiencia Nacional han adelantado que estudiarán las peticiones "caso por caso".

Según han explicado, este martes se celebrará pleno de jueces de la Sala de lo Penal la Audiencia Nacional, en una reunión en la que "sólo pueden acordar poner en libertad a Inés del Río mañana mismo". "Desde el punto de vista jurídico, no hay margen para mantener su encarcelamiento", han asegurado.

Preguntadas por cómo ha recibido la noticia la presa de ETA, han señalado que está "feliz" por la decisión del TEDH, pero han lamentado que "es una buena noticia que llega demasiado tarde, ya que el caso concreto de Inés se viene denunciando desde 2008".

En la comparecencia ante los periodistas, Amaia Izko ha manifestado su "alegría y satisfacción" por la resolución del TEDH, que pone de manifiesto que "lo que está en suspenso en el Estado español son los derechos fundamentales, los derechos humanos, y hoy se lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo alto y claro".

Según han indicado, lo que constata la sentencia del Tribunal de Estrasburgo es que ha habido "una vulneración de derechos fundamentales en el Estado español, que ha habido una quiebra del Estado de derecho" y que esas dos premisas "han sido y son las bases de su política antiterrorista".

"Ahora, lo que han de hacer es cumplir la sentencia, ya que no existe ningún margen jurídico para no cumplirla. Toca poner en libertad a quienes se ha aplicado retroactivamente la doctrina 197/2006, conocida como Doctrina Parot y ponerlos en libertad inmediatamente", ha añadido.

En su opinión, "cada minuto que continúan en prisión es un minuto no sólo ya de vulneración, sino de absoluto desprecio de los derechos fundamentales, y en esa situación se encuentran 56 presos vascos cuya inmediata excarcelación" pedirán "a lo largo de las próximas horas y días".

Asimismo, ha apuntado que lo que dice el fallo del alto tribunal europeo es que "no se puede adoptar una interpretación contra reo sobre una pena y aplicarla retroactivamente, alargándola, porque esto supone un alargamiento injusto de la condena".

Tras señalar que es el final del camino de la 'doctrina Parot', han pedido al Gobierno del PP que "escuche a Estrasburgo y que acabe con todas las medidas excepcionales hoy en día en vigor".

Izko ha manifestado que, tras haber solicitado ya la libertad de Del Río y de Troitiño, pedirán en las próximas horas y días que se apruebe la fecha de "licenciamiento definitivo, ya rebasada, porque ya han cumplido sus condenas".

Los 56 presos que habrían cumplido ya sus condenas y a los que se les ha aplicado la denominada 'Doctrina Parot' son Inés del Río Prada, Jon Aginalde Urrestarazu, Iñigo Akaiturri Irazabal, Juan Carlos Arruti Aizpitarte, Joseba Artola Ibarretxe, Luis Mari Azkargorta Belategi, Bautista Barandalla Iriarte, Santos Berganza Zendegi, José Ángel Biguri Camino, Fernando del Olmo Vega, Juan Ignacio Delgado Goñi, Josu Díaz de Heredia Ruiz de Arbulu, Iñaki Erro Zazu, Jose Etxeberria Pascual, Elias Fernández Castañares e Iñaki Fernández de Larrinoa Pérez de Luko.

También se encuentran entre estos reclusos Nicolás Francisco Rodríguez, Juan Mari Gabirondo Agote, Isidro Garalde Bedialauneta, Xabier Gordaraz ldaia, Patxi Gómez López, Manuel González Rodríguez, Iñaki Gonzalo Casal, Raúl Ibáñez Díez, Juan José Legorburu Gerediaga, Gotzone López de Luzuariaga, Antxon López Ruiz, Francisco Lujanbio Galdeano, José Ramón Martínez de la Fuente Intxaurregi, Jesús Mari Mendinueta Flores o Inmaculada Pacho Martin.

La lista prosigue con los presos Juan Manuel Piriz López, Kepa Rezabal Zurutza, Gonzalo Rodríguez Cordero, Germán Rubenach Roiz, Maitane Sagastume Arrieta, Jokin Sancho Biurrun, Kepa Solana Arrondo, Antton Troitiño Arranz, Txomin Troitiño Arranz, Mitxel Turrientes Ramírez, Jokin Urain Larrañaga, Iñaki Urdain Ziriza, Ramon Uribe Navarro, Jon Ander Urkizu Ormazabal y Maritxu Urkudun Etxenagusia.

Cierran la relación de reclusos de ETA que podrían ser excarcelados con motivo de la sentencia del TEDH Gabriel Zabala Erazun, Jesús Mari Zabarte Arregi, José Félix Zabarte Jainaga, Juan José Zubieta Zubeldia e Iñaki Zugadi García.

Preguntados por si pudiera haber algún tipo de "triquiñuela legal" para impedir que estos presos salieran a la calle, Amaia Izko ha manifestado que "no hay ningún margen jurídico para mantener a estas personas en prisión, una vez que el TEDH ha dicho que la aplicación, tal como se les está haciendo de la doctrina, es vulneradora de derechos fundamentales".

En este sentido, ha indicado que, si el Estado español no decreta la libertad de estos presos, se estará moviendo en "un terreno de vulneración, de desprecio de los derechos fundamentales, de desprecio del propio tribunal y en un terreno de fuera de juego de las reglas democráticas y de derecho".

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno inmovilice los 30.000 euros de indemnización que le corresponden a Inés del Río, según el TEDH, la letrada ha manifestado tener "serias dudas" de que eso se pueda hacer, por lo que tendrán que discutirlo, aunque ese dinero, "de ningún modo, pueden compensar todos esos años de más pasados en prisión".