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Dos abogados serán juzgados por desobediencia al grabar la declaración de la infanta Cristina ante el juez

Cerraron con antelación su billete de avión

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La infanta Cristina se dirige a los juzgados de Palma para declarar, el pasado febrero.

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PALMA DE MALLORCA.- La Audiencia Provincial de Baleares ha abierto la vía para que los abogados Francisco José Carvajal y María del Carmen Jiménez, sean juzgados por desobediencia grave al grabar la declaración de la infanta Cristina ante el juez de instrucción José Castro. 

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En una resolución de 45 páginas, el juez recalcaba tajante que "ni una sola" de las 1.082 preguntas que el juez José Castro formuló durante la deposición de la Infanta guardaba una "mínima relación directa" con la actuación del cliente a quien ambos defendían, el presunto testaferro Robert Cockx. El vídeo fue posteriormente difundido por Internet a través de la plataforma Wouzee.

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Cerraron con antelación su billete de avión


Tal y como ponía de manifiesto el juez instructor, a la luz de las diligencias practicadas la declaración de Cristina de Borbón "carecería de trascendencia para los intereses" de su patrocinado y, de hecho, destaca que "prueba de ello" es que ambos encausados se marcharon antes de que finalizase la comparecencia. "No sólo no esperaron a que terminara [la declaración], sino que, además, reservaron un billete cerrado, cuando lo lógico hubiere sido lo contrario".

Abrigos como "parapeto para ocultar sus maniobras"


Otro detalle al que aludía el juez radica en que tanto Carvajal como Jiménez "dejaron sus abrigos apoyados durante toda la declaración en el respaldo delantero, aun cuando no sólo causaban lógica incomodidad a quienes ocupaban el segundo banco, sino que se exponían conscientemente a que las prendas se arrugaran". "Esta singular conducta podría obedecer, muy probablemente, a la intención de que las indicadas prendas actuaran como parapeto para ocultar las maniobras dirigidas a obtener la grabación de la Infanta", abundaba.

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Ninguna actitud extraña entre los funcionarios

Ante esto, Penalva subrayaba que "ni una sola persona de las interrogadas" como testigo declaró "haber observado alguna actitud extraña, sospechosa o llamativa" por parte de la funcionaria en cuestión, "ni que portara algo en sus manos durante la declaración", circunstancia que "la excluye automáticamente de cualquier sospecha". "En resumen, de todo lo actuado en este proceso existen muy serios indicios de que ambos imputados son los autores de las grabaciones clandestinas, y además de que han actuado de forma coordinada", remarcaba.

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