Absuelto por segunda vez el comercial que denunció ante el fiscal a los exdiputados del PP De la Serna y Arístegui

El Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid ha absuelto a José Faya López, el agente comercial que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a los exdiputados del PP Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui en el que se conoce como caso Elecnor. Ambos serán sometidos a juicio el próximo año por decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, una década después de que saltara el escándalo. El fiscal pide para Gómez de la Serna y De Arístegui 18 años de prisión, por los delitos de corrupción en los negocios, cohecho pasivo, falsedad documental y organización criminal. Las mayores penas, no obstante, las solicita el ministerio público para dos directivos de Elecnor, Germán Junquera Palomares y Ramón López Lax: 21 años. Además, el fiscal acusa de corrupción en los negocios no sólo a Elecnor y a su filial Internacional de Desarrollo Energético SA, sino también a las empresas Rover Alcisa, Assignia Infraestructuras y a AS Auditoría & Consulting Navarra SL.  

En total, son 23 los imputados, entre comisionistas, directivos de cinco empresas e incluso cinco gestores suizos y holandeses imputados por blanqueo de capitales.

Todo el caso partió de la denuncia que José Faya López presentó en la Fiscalía Anticorrupción el 11 de septiembre de 2015. A falta de que los acusados presenten alegaciones, se fijará la fecha en que serán juzgados los actores de lo que, en realidad, sólo es una pieza separada de la causa. Hay otras dos piezas aún abiertas –Nova Internacional y Panamá– y una cuarta que ya fue archivada e involucraba a la empresa Fertiberia.

En el caso Elecnor, el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ahora al cargo de Santiago Pedraz, se investigan los presuntos sobornos pagados por el grupo vasco a través del despacho montado por el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna y el exembajador Gustavo de Arístegui, para conseguir contratos públicos en el extranjero. José Faya trabajó entre 2009 y 2015 con ambos en Voltar Lassen, el despacho de consultoría empresarial que crearon los dos expolíticos para asesorar a compañías españolas en su expansión internacional. Cuando José Faya empezó a sospechar de la conducta ilegal de ambos, los denunció, aportando contratos, facturas y correos electrónicos. En 2016, la policía registró su domicilio, donde encontró más documentación. Un año después, Gómez de la Serna se querelló contra José Faya por apoderarse de documentos privados y profesionales y por revelación de secretos.

El comercial fue absuelto en 2023 por el Juzgado de lo Penal número 29. Pero el exdiputado del PP recurrió y la Audiencia Provincial de Madrid declaró nula la primera sentencia, ordenando la celebración de un nuevo juicio. Ése es el que ahora ha acabado con una nueva absolución para el denunciante del caso, a quien volvía a acusarse de revelación de secretos. Y al que se adhirió la empresa Elecnor.

 "Impide la convicción racional y sin fisuras"  

En la nueva sentencia, a la que ha tenido acceso Público, la jueza determina que de las pruebas practicadas –nuevas declaraciones y nuevos documentos– no puede acreditarse que José Faya se "apoderara de forma ilícita" de los documentos que han constituido la base del caso Elecnor. Por el contrario, sostiene que el agente comercial tuvo acceso a toda la información que fue intervenida en su casa "en el desarrollo de su propia actividad profesional, sin que exista normativa alguna que prohíba guardar dicha documentación en el domicilio privado". Tampoco considera acreditado que esos documentos fueran difundidos a terceras personas. En sus dos querellas, Gómez de la Serna acusaba a José Faya de haberlos entregado a Jorge Moragas, entonces jefe del Gabinete del presidente Mariano Rajoy, al sindicato Manos Limpias y a periodistas de El Mundo. Sin embargo, la jueza pone en duda la trazabilidad de las impresiones de correos electrónicos reenviados a los periodistas y mantiene que, aunque se encontró en casa del comercial una carta que tenía a Jorge Moragas como destinatario, "no consta que fuera entregada" al jefe de Gabinete de Rajoy.

Además, considera que "carecen de relevancia" las reclamaciones económicas que José Faya hizo a Gómez de la Serna y a Elecnor, y que el exdiputado del PP denunció como un intento de "extorsión": si no le pagaban unas comisiones por operaciones comerciales, que consideraba adeudadas, facilitaría los documentos que tenía en su poder a los medios de comunicación.

Por tanto, la sentencia concluye que la falta de prueba suficiente "impide la convicción racional y sin fisuras" de que el acusado cometiera la revelación de secretos que se le imputa.

"No puede considerarse constitutivo de esta conducta [la revelación de secretos de empresa] la entrega de información o documentación a la Fiscalía Anticorrupción", dicta finalmente la jueza. Además, aunque la prensa empezó a publicar noticias sobre el caso a finales de 2015, la sentencia concluye que tampoco puede considerarse acreditado que dicha publicación fuera anterior a la denuncia de José Faya o que fuera él quien envió la información a los periodistas.

La declaración de la secretaria

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid. Preguntado al respecto por Público, el abogado de Gómez de la Serna no ha querido adelantar si apelará, a la espera de analizar la sentencia, que tiene fecha de este mismo lunes. Al cierre de esta edición, Elecnor no ha respondido a este periódico si la recurrirá.

La jueza ha desestimado las declaraciones de los testigos aportados por Gómez de la Serna: las de Gustavo de Arístegui y su hijo Borja, por parciales, y las de otros imputados en el caso Elecnor, como José Félix González Noriega, que fue adjunto en la Secretaría de Relaciones Internacionales del PP en tiempos de José María Aznar, y el exdirectivo de la empresa vasca Ramón López Lax, porque apenas conocían a José Faya o la operativa del despacho Voltar Lassen. Por el contrario, la sentencia califica de "particularmente trascendente" el testimonio de la secretaria de Voltar Lassen. Gemma Aycart falleció antes de este juicio, pero declaró ante la Audiencia Nacional por el caso Elecnor. Aseguró entonces que Gómez de la Serna, De Arístegui y José Faya eran socios, pese a que el primero alegó en el juicio que el denunciante del caso era un "mero comercial", y que los tres pagaban los gastos del despacho en igualdad de condiciones. También considera probado la jueza que José Faya intervenía en los contratos y que, por tanto, sus explicaciones sobre por qué estaba en posesión de tales documentos son "razonables".

La trama

Entre la cartera de clientes del despacho de Gómez de la Serna y Arístegui figuraban grandes empresas como Gas Natural, Eurofinsa, Grupo San José, Liberbank, Fergo Aisa y Alsa, además de Elecnor. Esta última formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Rover Alcisa y Assignia para construir el Tranvía de Ouargla en Argelia, una adjudicación de 230 millones de euros, que consiguieron en 2013 tras pagar 850.000 euros al director del proyecto, Smaine Koriche.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Voltar Lassen también consiguió para Elecnor la obra de la estación desaladora de Souk Tleta, un contrato de 250 millones de euros, en 2009. A cambio, el grupo vasco le pagó a De Arístegui –a través de su sociedad Karistia SL– una deuda de 164.000 euros que tenía con la Agencia Tributaria. También le compró a Abdelaziz Natouri, ex director general de Energía de Argelia, una vivienda de 245.000 euros en Persan (Francia); al empresario Amar Aouci, otro inmueble en Puerto Banús (Málaga); a Zine Hachichi, traductor del presidente argelino, y a su hijo les abonó 300.000 euros en diferentes transferencias, y a Camelia Gherbi, hija de la directora general de la Agencia Nacional de Intermediación y Regulación Territorial de Argelia (Aniref), le costearon sus estudios en España e incluso su residencia.

Para canalizar y ocultar estos pagos desde Elecnor hasta los comisionistas y después hasta los funcionarios argelinos, la trama utilizó, explica el fiscal, toda una "estructura societaria" compuesta por sociedades pantalla en Irlanda, Países Bajos, Suiza, Islas Vírgenes Británicas y Reino Unido.

Tras desvelarse el caso, De Arístegui dimitió como embajador en la India en diciembre de 2015, mientras el PP abría expediente disciplinario a De la Serna, quien terminó dándose de baja del partido en enero de 2016.