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Acuerdo para dar estabilidad en el empleo público El Gobierno aprueba el pacto para acabar con la temporalidad de los interinos en la Administración Pública

Se pone en valor la experiencia adquirida y quien no supere las pruebas podrá ser indemnizado.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. Foto de archivo.
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.. E. Parra. / Europa Press/ POOL

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, logró cerrar este lunes un acuerdo con los principales sindicatos de la Administración Pública (UGT, CCOO y CSIF) para intentar poner fin a la interinidad en este sector.

Dicho acuerdo busca dar estabilidad en tres años a plazas que llevan mucho tiempo en régimen de temporalidad. Pero, sobre todo, plantea una serie de medidas para que la temporalidad en la Administración Pública deje de ser una situación habitual.

Así, entre otras medidas, se valorará, en la puntuación de las pruebas, la experiencia hasta en un 40%. Y, además, los interinos que no superen dichas pruebas podrán ser indemnizados hasta con 20 días por año trabajado siempre que opositen para su plaza, y seguirán estando en la bolsa de empleo de las Administraciones Públicas.

El acuerdo se alcanzó la tarde del mismo lunes y aunque, en principio, no estaba en el orden del día del Consejo de Ministros de este martes, se ha decidido incorporarlo para que sea aprobado de forma inmediata.

Los sindicatos aplaudieron el acuerdo que pone fin a una larga reivindicación para poner fin a la temporalidad que se había instalado en el sector público y que alcanzaba casi al 30% del personal.

Los sindicatos celebran que España deje de ser el país que abuse de la temporalidad

Los sindicatos, además, celebran que el texto adopta medidas preventivas y sancionadoras para evitar las irregularidades que han convertido a España en el país que, cíclicamente, abusa de la temporalidad.

El acuerdo obliga, entre otras cosas, a cubrir las plazas ocupadas por interinos en tres años; incluyendo a los ámbitos sectoriales como Educación o Sanidad, que hasta ahora disponían de una legislación específica.

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