Mas acusa al Gobierno de querer convertir en "aquelarre" un 9-N democrático y cívico

BARCELONA.- El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado al Gobierno central de querer convertir en "un gran aquelarre judicial" el proceso participativo del 9-N de 2014, que ha calificado de acto democrático y cívico.

Lo ha dicho este lunes en rueda de prensa en la sede de PDECat, el mismo día en que la Fiscalía ha pedido en su escrito de acusación inhabilitarle durante diez años, y durante nueve años a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau, por los supuestos delitos de desobediencia grave y de prevaricación por la organización del 9-.

Junto a ellas dos en la rueda de prensa, Mas ha dicho que existe una "cadena de despropósitos" sobre el 9-N y ha recordado que nueve fiscales de Catalunya desde el TSJC no vieron delito, pero el fiscal general del Estado les obligó a presentar la querella, según él, presionado a su vez por el Gobierno central.

Asimismo, el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha suscrito "plenamente" la apuesta del presidente actual, Carles Puigdemont, de celebrar un referéndum de independencia en 2017 tenga o no el aval del Gobierno central.

"Lo ideal sería hacer un referéndum acordado con el Estado", pero ha previsto que siga sin ser posible sea cual sea el próximo Gobierno central, sostiene Mas.

Si el Ejecutivo español sigue sin avalar la propuesta de referéndum, Mas ha apoyado la idea de convocarlo igualmente: "No nos quedaremos quietos, no nos tumbarán pese a las amenazas y a las querellas. Quieren asustarnos, pero no lo conseguirán".

También ha pedido a los soberanistas coraje para seguir avanzando en el proceso soberanista, y que no les amedrenten decisiones como la de la Fiscalía de pedir inhabilitación por el 9-N.

"El coraje no son discursos inflamados ni tuits ocurrentes, es transformar en decisiones políticas aquello que la gente pide en las urnas de forma pacífica", ha concluido.

"Es un honor ser proceso por haber escuchado a la gente, por haber puesto la cara". ha dicho el expresidente de la Generalitat. 

También ha criticado que la vicepresidenta el Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, valore la decisión de la Fiscalía dando por hecho que Mas infringió la ley y sin esperar a la sentencia: "Cuando uno incumple la ley, eso tiene consecuencias", ha dicho ella.

Para el expresidente, esta afirmación supone que el Estado no respeta la separación de poderes y aboga por presionar al poder judicial: "Esto lo hubiera podido decir un ministro de Franco. No hubiera habido demasiado diferencia. Ignoran olímpicamente la separación de poderes".

Ha dicho que existe una "cadena de despropósitos" sobre el 9-N y ha recordado que nueve fiscales de Catalunya desde el TSJC no vieron delito, pero el fiscal general del Estado les obligó a presentar la querella, según él, presionado a su vez por el Gobierno central.

También ha intervenido Ortega, que ha defendido que la consulta se hizo con todas las garantías democráticas y de acuerdo con la legalidad: "Y hoy lo volvería hacer. El 9-N no fue ningún delito. El 9-N fue un acto de democracia".

Rigau, actualmente diputada de JxSí en el Parlament, ha agradecido el trabajo de los voluntarios que hicieron posible el 9-N, ha afirmado que la democracia en España está "enferma", y que la judicialización de la consulta confirma una profunda brecha entre Catalunya y el resto de España.

Al preguntársele a Mas si piensa acatar una sentencia que confirmara esta inhabilitación, ha respondido: "Se ha puesto de moda preguntar esto de acatar o no. Te guste o no la sentencia, son las que son. Una sentencia es una sentencia".

Ha añadido que, en caso de una sentencia condenatoria, no se quedará de brazos cruzados y se dirigirá a las instancias necesarias para demostrar su inocencia: "Iré donde haga falta para defender lo que hicimos, a decir que es una auténtica salvajada democrática lo que están haciendo".

"No somos delincuentes, somos demócratas", ha continuado Mas, que ha puntualizado que, pese a que la Fiscalía no pida penas de cárcel para él, no está descartado que lo hagan las acusaciones particulares y que, por tanto, el juez todavía las puede dictaminar en la futura sentencia.

Preguntado por si el Estado ofreció un pacto el mismo 9 de noviembre para no llevar la consulta ante los tribunales, Mas lo ha negado: "Es falso. A mí nunca me dijeron que, si tenía un perfil bajo, que si era buen chico, no harían nada. Nunca me lo dijeron, ni directa ni indirectamente".

La versión de Mas contrasta con la del exconseller de Presidencia y ahora diputado de CDC en el Congreso, Francesc Homs -también investigado por el 9-N-, que afirmó que un intermediario del Gobierno central le hizo saber "que ellos no harían nada" si la Generalitat no hacía su rueda de prensa para valorar el 9-N.

Mas ha explicado que la única propuesta se la hizo él al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, al que pidió que "tolerase" la votación asegurándole que la consulta no tendría consecuencias jurídicas pese a que ganaran ampliamente los partidarios de la independencia.

Precisamente Homs ha estado entre los asistentes a la rueda de prensa para apoyar al expresidente, a la exvicepresidenta y a la exconsellera, junto a la coordinadora del PDC, Marta Pascal, y el coordinador organizativo del partido, David Bonvehí.

Mas no ha abordado si una posible inhabilitación tendría efectos sobre su futuro político: "No lo he pensado. En el corto plazo, no. Ahora mismo estoy recorriendo el país" intentando ensanchar la base soberanista, ha dicho.