Nada parece escapar a los efectos del cambio climático. También ha trastornado las estaciones políticas. La tradicional siesta de agosto se adelantó este año a mayo, con lo que el otoño puede llegar en julio y el invierno aposentarse en septiembre.

Al final de la pradera, expedita por el viaje introspectivo de la oposición y la férrea obediencia del PSOE a su líder, se abre un escarpado desfiladero para el Gobierno.

No sólo se trata de acertar en la respuesta a la crisis económica, que aún no se sabe si habrá de comerse con cuchara o tenedor dado su alcance indeterminado y la influencia de variables que son ingobernables para la política de un Estado-nación. Por si fuera poco que lo que empezó creyéndose un chirimiri avance con la fuerza de un tsunami, ha venido a coincidir en el tiempo la revisión del sistema de financiación autonómica. Ya eran pocos y les ha salido el grano de unos ayuntamientos más resueltos que nunca a dejar de ser el hermano pobre que carga con el trabajo.

La cumbre celebrada el mes pasado en el Palacio de la Moncloa por José Luis Rodríguez Zapatero con los presidentes autonómicos socialistas sirvió para sacar el asunto de la agenda mediática -donde ellos mismos lo habían introducido-, pero acecha en la revuelta del camino. La negociación, que seguramente no se abrirá a fondo hasta que haya pasado el 37 Congreso del PSOE -la primera semana de julio-, se prevé no sólo compleja, sino dura. 'Mucho más dura de lo que alguno cree', al decir de uno de sus protagonistas, que vaticina un verano con viento fuerte y caída de hoja; o sea, otoñal.

Sobre el mantel de la mesa en la que se sirvió la cena de La Moncloa quedó escrito un compromiso del presidente: 'Habrá mejora para todos y será sustancial'. Nadie va a olvidar este compromiso y nadie sabe cómo se las maravillará Zapatero. El listón se ha puesto muy alto por algunas comunidades, singularmente Catalunya, y, en la disyuntiva de enfrentarse al Gobierno central o a sus ciudadanos, ningún presidente dudará en elegir lo primero, sea del territorio que sea y con el color ideológico que tenga.

Si el asunto ya era peliaguado de por sí, llega en el momento más inoportuno. Los ingresos típicos de las Administraciones Públicas están en caída libre y ni siquiera la izquierda apuesta por los impuestos. La paga extra de 400 euros -devorada de antemano por las hipotecas, la gasolina y la inflación- no es otra cosa que una rebaja fiscal que reduce la hucha del Estado a un sonajero.

Los ayuntamientos, que se quejan de cargar con competencias 'impropias', perdieron una fuente esencial de autofinanciación cuando el PP suprimió el IAE y las comunidades autónomas se niegan a compartir con ellos su parte de la tarta si al tiempo no asumen parte de la prestación de servicios, como la atención primaria, las escuelas infantiles o la ayuda a la dependencia, lo que entrañaría abrir la negociación de una 'segunda descentralización' del Estado.

Los gobiernos autonómicos se declaran desbordados por el gasto sanitario, que crece a un ritmo vertiginoso por la inmigración y, sobre todo, por el envejecimiento de la población. Así se ha creado lo que algunos llaman la bola sanitaria, que engorda cada año al transferirse al ejercicio siguiente el pago de los servicios infrapresupuestados.

Si ya la atención sanitaria genera números rojos, muchas comunidades se declaran insolventes para desarrollar la ley de ayuda a la dependencia, que adquiere atisbos de bumerán político para el Gobierno al haber generado unas expectativas ciudadanas que están siendo defraudadas.

Ante la creciente complejidad de este tablero, empiezan a surgir voces dentro del propio PSOE que hablan cada vez más abiertamente de 'insostenibilidad del sistema de bienestar social' en su actual concepción.

Siendo de general aceptación que el milagro económico de los últimos años se ha sustentado en dos vigas que ya no pueden soportar el edificio -la inmigración y la construcción-, la conjunción negativa parece convertir en imprescindible un viraje cualitativo en las estrategias de crecimiento económico y de financiación de los servicios públicos.

En el entorno de Zapatero, tras encumbrar a Pedro Solbes a la categoría de mago, empieza a circular la opinión de que es 'un excelente ministro de Hacienda y un mal vicepresidente económico' para pilotar el giro. No ayuda Solbes con el rictus de nazareno en procesión que acompaña a sus comparecencias, como si tuviera una conciencia dolosa por haber confundido la hidra con una culebra de río.

A la espera de que se conozcan las nuevas medidas anunciadas para este mes por el presidente, el Gobierno empieza, no obstante, a ofrecer algún síntoma alentador de superación de su astenia primaveral.

El secretario general de la Presidencia, Bernardino León, diseña una ofensiva de diplomacia económica que aumentará sensiblemente la presencia internacional de Zapatero, con participación activa de otros miembros del Gobierno como Solbes y Miguel Sebastián. El objetivo es captar inversiones, abrir mercados para la exportación y obtener créditos que aporten liquidez a las empresas españolas, lo que convertirá en destinos preferentes a los países anglosajones, asiáticos y del Golfo.

Mientras, el ministro de Industria ha presentado un bloque de medidas que, aunque sean de dudosa eficacia, han tenido un efecto agitador. Y la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, también ha entonado un cambio de partitura -'es el momento adecuado para comprar'- que, al menos, responde a la realidad de la calle: muchos compradores han preferido renunciar a la señal que habían anticipado en la expectativa de que los precios seguirán bajando hasta compensar sobradamente la pérdida de aquel dinero.

Pero si la iniciativa del Gobierno no toma con pulso firme la delantera al cambio climático de la política, las noches más largas y frías se adelantarán a septiembre, con el debate presupuestario. Las semanas negras empiezan a encadenarse como las cuentas de un rosario y la cacelorada de la calle, que los sindicatos ya no pueden frenar más, no ha hecho más que empezar.