VALENCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga el conocido como caso Imelsa, ha imputado al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus por el supuesto blanqueo de los fondos provenientes de comisiones ilegales en el marco de una nueva pieza separada dentro de este caso.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, esta acusación forma parte de la pieza separada C (hay un total de seis por el momento), que junto a la pieza principal permanecía en secreto hasta ayer.

El Juzgado investiga varias operaciones de compraventa de acciones en las que intervinieron FDM (sociedad familiar de Rus), la sociedad de valores Arteinvest 2017, también del expresidente de la Diputación, y Geneva Fondo Inmobiliario.

El instructor considera que existen indicios de que la operación por la que Geneva adquiere por 1.800.000 euros 50 participaciones que Arteinvest, que a su vez había adquirido a FDM, y recompra tres años después por 1.200.000 euros es una "operación simulada".

Según recoge el auto, "existen indicios racionales de que la primera operación", la constitución de Arteinvest (carente a lo largo del tiempo de toda actividad) para adquirir las acciones de FDM "también fue una operación ficticia, supuestamente orquestada para realizar una operación de blanqueo".

Los fondos blanqueados están relacionados, a juicio de los investigadores, con la supuesta actividad delictiva consistente en el cobro de comisiones por adjudicación de contratos por suministros, obras o servicios durante el desempeño de su cargo como alcalde de Xàtiva.

La pieza C se constituyó en junio para investigar estos hechos de manera separada al resto de las diligencias del caso Imelsa. En ella están investigados (antes imputados) por un presunto delito de blanqueo de capitales el propio Rus y el empresario Jaime Cabot, al haber fallecido la tercera persona que aparece vinculada a Geneva.

En el marco del caso Imelsa se investiga a más de cien personas (físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública que supuestamente se sirvieron de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas en la Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa).

La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, y está estructurada, de momento, en una pieza principal y cinco piezas separadas.