Los portavoces de ERC, PNV, EH Bildu y Compromís han señalado este martes con rotundidad que no se oponen al plan de choque contra los efectos económicos de la guerra de Ucrania, un paquete de medidas que deberá someterse a convalidación en el Congreso en el plazo de 30 días hábiles (para ser avalado en el Pleno se necesita más síes que noes).

A la espera de conocer el acuerdo definitivo que salga adelante en el Consejo de Ministros este martes, los dirigentes de estas formaciones no han concretado si votarán a favor de la medida, pero sí han sostenido que, dada la emergencia energética que afecta de manera directa al alza de los precios, es complicado oponerse a este nuevo escudo social elaborado por el Gobierno de coalición.

"Todo el mundo puede llegar a entender que estaremos al lado de iniciativas que ayuden a la gente en estos momentos", ha señalado Gabriel Rufián, portavoz de ERC. "Viendo la dirección que se ha tomado y que no se ha adoptado la rebaja generalizada de impuestos que pedía la derecha, en principio no nos vamos a oponer", ha añadido más tarde su homóloga de la coalición abertzale, Mertxe Aizpurua.

También, el diputado de Compromís, ha insistido en esta línea: "Acogemos el decreto ley con toda la prudencia del mundo porque lo responsable es estudiarlo en profundidad, pero nuestra formación ha demostrado que siempre que se ha dado un paso adelante, aunque fuera pequeño, lo hemos acompañado", ha reflejado en rueda de prensa.

Asimismo, en una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, el portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, ha apostillado que el Gobierno "no va a tener gran dificultad" en sacar adelante su plan de choque, ya que no se entendería que hubiera oposición a un paquete de medidas de este tipo. "Que se tengan que tomar medidas y que sea urgente hacerlas, no lo va a poder negar nadie", ha afirmado.

Quien menos optimista se ha mostrado con respecto al sentido del voto ha sido el líder de Más País, Íñigo Errejón, ya que su formación está a la espera de "leer la letra pequeña del decreto" y, aunque "la melodía le suena bien", ha recordado que "no es la primera vez que esto ocurre" y finalmente la norma no se ajusta a lo anunciado. 

En cualquier caso, tanto este dirigente como el resto de representantes de las formaciones que sostienen al Ejecutivo en el Parlamento se han mostrado favorables a que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas, aunque han reconocido que esta fórmula puede dejar caer en saco roto esta posibilidad y extender en el tiempo la mejora de unas normas que "deberían haberse tomado hace varias semanas", desde antes del estallido de la guerra en Ucrania.

Asimismo, estas fuerzas a la izquierda del PSOE en el Congreso, incluida Unidas Podemos, han apuntado hacia la necesidad de que la vigencia de algunas de las iniciativas contempladas en el marco de este acuerdo político, como el incremento del Ingreso Mínimo Vital o limitar al 2% la subida del precio del alquiler, fuera "más allá del 30 de junio". 

También, en la línea de los expuesto este lunes, estos partidos han destacado la ausencia de un impuesto a las empresas energéticas y a las grandes fortunas, y han asegurado que las petroleras "tienen que aportar más" en la bonificación prevista para los combustibles de 20 céntimos por litro, ya que solo estarán obligadas a pagar cinco céntimos mientras que la administración aportará el resto.

Además, han vuelto a poner sobre la mesa la urgencia de reformar el sistema energético de forma que se acabe con el mercado mayorista español, ya que su carácter marginalista y complejo hace que se venda la energía al precio de la más cara, toda vez que han pedido que el tope de la fijación del gas no sea asumido por la clase trabajadora.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, se ha mostrado abierto a tramitar el real decreto ley como proyecto legislativo, aunque ha reconocido que este debate se resolverá una vez se hayan producido nuevos encuentros con los representantes de los diferentes grupos parlamentarios. En todo caso, ha destacado el carácter "excepcional" de las medidas para después asegurar que, en virtud de la evolución de la situación, se estudiará la posibilidad ampliar el escudo social frente a la crisis.