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Alonso es el primer ministro obligado a devolver dinero público tras despilfarrarlo

La resolución del Tribunal de Cuentas desarmó la estrategia del PP para que se considerara prescrito haber hinchado el precio de un alquiler en su etapa de alcalde de Vitoria.

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El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, durante su comparecencia en la tarde del jueves en la Comisión de Sanidad del Senado. EFE / Kiko Huesca

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, pasa a la historia de la democracia española como el primer ministro que se ha visto obligado a devolver dinero público malgastado durante su gestión, en este caso, como alcalde en el Ayuntamiento de Vitoria.

Tal y como adelantó Público el miércoles por la noche, el Tribunal de Cuentas dictó una resolución instando al exalcalde Alonso y a otros siete ediles de la Junta de Gobierno Local a pagar más de medio millón de euros -entre principal e intereses- por inflar el precio del alquiler de unos locales en la calle San Antonio de Vitoria, propiedad del empresario Gonzalo Antón, en febrero de 2007 e ignorar varios informes técnicos que recomendaban un arrendamiento muy inferior.

Ayuntamiento y empresario pactaron pagar a éste un alquiler por 20 años de 6,2 millones de euros, más del doble del precio de compraventa de los locales por parte de Antón en 2006

Alonso y Maroto decidieron no recurrir la resolución del Tribunal de Cuentas para no alargar este asunto hasta el 24 de mayo, día de elecciones municipales en Euskadi

El actual alcalde Vitoria, Javier Maroto, sucesor de Alonso y en 2007, concejal de Hacienda, anunció hace unas horas que, tras rechazar las alegaciones de Alonso y su equipo en la Alcaldía el Tribunal de Cuentas, éstos habían decidido pagar los más de 500.000 euros "de su bolsillo" en los próximos días. Según Maroto, el ministro y él habían decidido no recurrir la resolución del órgano fiscalizador para no alargar más este asunto y que no se demorase hasta el 24 de mayo, día de elecciones municipales en Euskadi.

La Instrucción del Tribunal de Cuentas tumbó la estrategia de alegaciones del PP, basada en la prescripción de la irregularidad contable a los cinco años de haberse cometido. "El escrito de alegaciones señala que el contrato se suscribió el 9 de febrero de 2007 y el escrito del Alcalde del Ayuntamiento [Javier Maroto] que motiva las presentes Actuaciones Previas es de fecha 16 de mayo de 2014, por lo que se habría producido la prescripción de la responsabilidad contable", recoge el texto de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en poder de este diario.

Daño continuado en cada mensualidad

Sin embargo, para el órgano fiscalizador, "entender que el plazo de prescripción del presunto alcance comienza a computarse desde la suscripción del contrato implicaría, a juicio de esta Instrucción, considerar que en dicha fecha, la de la suscripción del contrato, se ha producido la totalidad del daño", cuando "los hechos generadores del presunto alcance se producen en cada uno de los pagos mensuales de la renta, pagos que van desde marzo de 2007 hasta noviembre de 2013".

En esta fecha, cuando salta el escándalo y se constituye la comisión de Investigación en el Parlamento vasco, Maroto y Antón cambian el contrato y rebajan el alquiler.

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