La amnistía queda a la espera de la justicia europea tras el primer aval del Constitucional

La ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya dispone ya del aval de constitucionalidad tras la sentencia que, a la espera de conocer los detalles, ha dictado este jueves el Tribunal Constitucional en respuesta al recurso presentado ante el alto tribunal por el Partido Popular. La sentencia ha llegado poco más de un año después de la aprobación y entrada en vigor de la ley. 

Como ya explicó Público, la sentencia del TC no tiene, de entrada, efectos prácticos sobre el veto del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros dirigentes independentistas, porque no entra a valorar la malversación. Pero el expresident de la Generalitat ya ha anunciado que pedirá al TC la aplicación de medidas cautelares para neutralizar la orden de detención que está activa contra él, y poder volver a Catalunya sin peligro de ser detenido. Puigdemont tiene 30 días para presentar la petición y después el Constitucional tendrá que resolver si lo acepta o no, y en qué términos. 

A partir de ahora, el TC deberá resolver el resto de la treintena de recursos y consultas que tiene sobre la mesa. Pero en lo que se refiere a la constitucionalidad de la ley, el camino queda trazado con esta primera sentencia y ahora la amnistía queda a la espera de la resolución de la justicia europea. En principio, de la resolución que pueda realizar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Pero tampoco puede descartarse que en los próximos meses pueda llegar la primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, respecto a los recursos presentados por los dirigentes independentistas condenados, encarcelados, y después indultados parcialmente en el juicio por el referéndum del 1-O. 

Cuatro cuestiones en la mesa del TJUE 

El camino europeo de la amnistía empezará el próximo 15 de julio con la vista que celebrará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para estudiar las consultas prejudiciales presentadas por diversas instancias jurisdiccionales del Estado español. El TJUE ha recibido hasta ahora cuatro consultas prejudiciales. La presentada por el Tribunal de Cuentas, que tiene abierta una causa por el presunto gasto irregular supuestamente realizado por una treintena de altos cargos de la Generalitat para la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, y sobre las actividades para la internacionalización del procés. Otra sería la relativa a la Operación Judas por parte de la Audiencia Nacional que afecta a una docena de activistas independentistas acusados de formar parte de una "organización terrorista de carácter secesionista". La Fiscalía pidió la aplicación de la amnistía, pero el caso está pendiente del pronunciamiento de la instancia judicial europea. 

Las otras dos causas admitidas por el alto tribunal europeo son la consulta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por la causa relativa a los dirigentes de ERC Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga. Ésta es especialmente significativa, ya que tocaría el tema de la malversación que ha sido la principal herramienta utilizada por los jueces del Tribunal Supremo para vetar la aplicación de la amnistía. Y la cuarta consulta sobre la amnistía, pendiente del TJUE, es un caso de presunta desobediencia por negarse a retirar un lazo amarillo en Vilanova y la Geltrú y que se encuentra en el Juzgado de lo Penal número 3 de la ciudad barcelonesa. 

La consulta clave sobre la malversación 

En el caso del TSJC, el alto tribunal de Catalunya admite, a diferencia del Tribunal Supremo, que "ninguna de las acusaciones ha planteado, como tesis acusatoria, que los acusados se hubieran beneficiado personalmente" durante la presunta malversación de fondos. Sin embargo, el TSJC pide que sea el TJUE quien se pronuncie sobre posibles vínculos con los intereses financieros de la UE porque considera que es un concepto demasiado “amplio”. La duda se defiende bajo la idea de que la presunta desviación de "fondos públicos propios del presupuesto de una comunidad autónoma de un estado miembro en el intento, declarado ilícito, de conseguir la secesión" pone en riesgo "la integridad territorial de la UE y consecuentemente también sus presupuestos anuales". 

Aunque, inicialmente, el 15 de julio sólo debían verse las dos primeras consultas, fuentes jurídicas de Junts prevén que "el TJUE optará por unificar las cuatro consultas prejudiciales para hacer un dictamen unificado sobre la amnistía", tal y como habían reclamado "para evitar contradicciones interpretativas y distorsiones". Estas mismas fuentes indican que la voluntad del tribunal europeo, con esta unificación, sería terminar en un solo proceso todo lo referente a la amnistía. De forma que el TJUE optaría por “resolverlos en bloque, concluyendo así el debate con claridad y autoridad”. 

Un torpedo a la estrategia dilatoria del Supremo 

Estas mismas fuentes también apuntan a que este agrupamiento de causas no es un tema menor porque, de realizarse esta operación judicial, podría verse frustrada la intención del Tribunal Supremo de presentar también una cuestión prejudicial en el Tribunal de Luxemburgo tras la sentencia del Constitucional, con el objetivo de alargar aún más la no aplicación de la amnistía a los dirigentes independentistas, entre ellos los presidentes de Junts y de ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras respectivamente. 

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, lo argumenta en su análisis jurídico: "La doctrina del TJUE es clara en este sentido: una vez existe una sentencia que resuelve una cuestión jurídica, no procede admitir nuevas prejudiciales sobre el mismo asunto". Lo que supondría que el Tribunal Supremo español no tendría opción a presentar su prejudicial. 

La sentencia del Tribunal Constitucional que avala la constitucionalidad de la ley de amnistía no supone el cierre del vía crucis judicial en este asunto. Pero es un fundamento importante en favor de la aplicación de la amnistía a los procesados, que Boye define como "un paso determinante en la clarificación jurídica y política sobre la ley de amnistía". Una sentencia, la dictada por el TC, que abre la puerta a unos meses que Boye define como "intensos y complejos". Un plazo que las fuentes jurídicas consultadas -tanto de ERC como de Junts- sitúan entre octubre y noviembre para poner el punto y final del proceso europeo. 

La Operación Judas de supuesto terrorismo, el caso más delicado 

Evidentemente, las defensas piensan que esto se va a producir con un dictamen favorable a la amnistía para los independentistas procesados. Al menos para quienes están acusados de malversación, derivación contable o desobediencia. Los abogados defensores de los dirigentes de los dos principales partidos independentistas consideran poco viable que el TJUE entre en este apartado, al considerar que no hay afectación a fondos europeos por parte de nada que tenga que ver con el proceso independentista catalán. 

En cambio, algunos expertos en jurisprudencia europea señalan el caso de presunto terrorismo de la Operación Judas como el más complejo y sensible en la respuesta que pueda dar el TJUE, ya que amnistiar presuntos delitos de terrorismo -aunque todavía pendiente de juicio y con el posicionamiento favorable de la fiscalía- siempre produce controversia en instancias judiciales europeas, como ha sido en el caso de Irlanda del Norte. 

Por su parte, el equipo jurídico de ERC acusa a los tribunales españoles de instrumentalizar la justicia europea en contra de la ley de amnistía. "No hay una voluntad real de aclaración jurídica por parte del TJUE, que es lo que tocaría, sino de obstruir y alargar la aplicación de una ley democráticamente aprobada y plenamente constitucional", aseguran en cuanto al TSJC, la Audiencia Nacional y el juzgado de Vilanova y la Geltrú. Además, el abogado de Oriol Junqueras, Marc Marsal, cuestiona especialmente la prejudicial en el TJUE del Tribunal de Cuentas, ya que la "jurisdicción contable es una jurisdicción sin jueces", explica. "Son cargos nombrados por el Gobierno español de turno, y que tampoco son escogidos por sus conocimientos de derecho, ya que no hay criterios objetivos ni de meritocracia", por lo que no cumplen los requisitos de imparcialidad, concluyen desde ERC. Una conclusión que también es compartida por la defensa jurídica de Junts que lidera Gonzalo Boye. 

La defensa de Esquerra también expone que en la organización del referéndum del 1-O y en el gasto de Acció Exterior "no se han afectado a fondos financieros de la UE" ni de ninguna otra administración, pese a la sentencia por malversación contra algunos de los miembros del Govern de Puigdemont. 

La polémica posición de la Comisión Europea 

En el proceso judicial del TJUE tendrá relevancia el polémico informe de la Comisión Europea (CE) presentado a principios de diciembre pasado en el marco de la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas. El dictamen del Ejecutivo comunitario considera que la ley "parece una autoamnistía" y no parece responder a intereses generales. Sin embargo, dice que no cree que la acción exterior y el referéndum del 1-O afectaran a los intereses financieros de la Unión. 

El documento, de 36 páginas y 115 párrafos, ha sido polémico por la filtración de partes interesadas del contenido y por el papel de alguno de los juristas de la Comisión de origen español. La Comisión Europea ha manifestado su malestar por la filtración, y también consta que existe malestar en el TJUE. Por su parte, los juristas de la defensa de los independentistas alegarán que una "autoamnistía" no es un concepto jurídico, sino político. Y que en cualquier caso, ninguno de los diputados del Congreso de los Diputados que votó la ley de amnistía se verá beneficiado. Tras la vista del TJUE del 15 de julio habrá que esperar a la presentación del informe del Abogado General europeo y la deliberación del tribunal, que puede durar hasta noviembre, aproximadamente. 

El trabajo pendiente en el Constitucional 

A la espera del TJUE, quedan todavía tres cuestiones pendientes en el TC, tras la sentencia de este jueves, que no serán menores. En primer lugar, el Constitucional deberá resolver el resto de recursos presentados por las comunidades del PP y la socialista Castilla-La Mancha contra la ley de amnistía. Se prevé que la sentencia favorable de este jueves "marcará el tono del resto de procedimientos pendientes", aseguran los abogados de los independentistas. En segundo lugar, el TC deberá resolver los recursos de amparo de los dirigentes independentistas a los que el Supremo ha negado la aplicación de la amnistía. Y esto hará que deba pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía en el caso de la malversación, que ha sido la principal justificación para rechazar su aplicación, al considerar que hubo enriquecimiento personal. 

El TC deberá resolver los recursos de los sentenciados por el tribunal presidido por el juez Manuel Marchena, ya presentados, y a partir de este miércoles también el de Puigdemont después de que haya sido desestimado finalmente por el Supremo. Puigdemont reclamará al TC que retire la causa del Supremo por no ser competente para investigar los hechos de los que se le acusa por el referéndum del 1-O, y que la causa quede en manos del TSJC. Según los abogados del expresident de la Generalitat, este tribunal tendrá "otro talante menos politizado a la hora de valorar la aplicación de la amnistía". 

Medidas cautelares contra la orden de detención de Puigdemont 

Y en tercer lugar, el TC podría dictar medidas cautelares que, aunque el Tribunal Supremo mantenga el rechazo a aplicar la amnistía a los dirigentes encausados por el alto tribunal, obligue a la retirada de la orden de detención dictada por el juez instructor Pablo Llarena contra Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín, y haga viable el regreso de los tres dirigentes independentistas que quedan refugiados en Bruselas, sin peligro de ser detenidos y encarcelados. Todo este proceso, el TC prevé evaluarlo y pronunciarse antes de finalizar el año. Y algunas fuentes jurídicas ven como posible un escenario de regreso de Puigdemont en libertad amparado por el TC, pero de entrada sin tener garantizada la amnistía por parte del Supremo, a la espera de lo que acabe ocurriendo. 

El TEDH, la última esperanza de los independentistas 

Por último, el otro frente que, de forma silenciosa pero inexorable, avanza es el de los recursos presentados por los dirigentes independentistas condenados en su día delante del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Desde las defensas se ve factible que la primera sentencia de este tribunal llegue en algunos meses y, en caso de veredicto favorable para los encausados, "esto supondría la anulación de la sentencia y que decaigan todas las penas todavía en vigor después del indulto parcial por mucho que el Supremo no quiera aplicar la amnistía". Este escenario sería un revés muy importante para el Estado español, y especialmente para el Supremo, que debería decidir si archiva totalmente el caso o decide repetir el juicio, con todo lo que ello comportaría. 

Fuentes jurídicas de ERC explican que la voluntad del Gobierno español era defender ante el TEDH la inoperancia de una sentencia contraria al Estado debido a que el indulto parcial primero, y la amnistía después, habían eliminado los efectos de la decisión del Supremo en el juicio por el 1-O. Pero el veto del Supremo a aplicar la amnistía mantiene la total vigencia de lo que pueda decidir el Tribunal de Estrasburgo.