Inmersión lingüísticaLas AMPAS de Catalunya se suman a la defensa del modelo de inmersión lingüística

Profesores, padres, sindicatos y varias plataformas civiles han cerrado filas en torno al actual modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas y en contra de la pretensión del Gobierno del PP de incluir una casilla en la preinscripción en la que los padres puedan elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos. La última en manifestar su rechazo ha sido la Federación de AMPAS de Cataluña (FAPAC), que a través de un comunicado ha expresado que defenderá "siempre el modelo de escuela catalana y la inmersión lingüística".

"Trabajaremos por la igualdad de oportunidades de todos los niños sin segregarlos según su lengua", ha afirmado la FAPAC en su cuenta de twitter. La Federación de Ampas de Cataluña está formada por unas 2.300 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de escuelas catalanas.

En el mismo sentido se ha manifestado la Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña (CCAPAC), mayoritaria dentro de la escuela concertada, donde representa a cerca de 400 AMPAS y familias.

En un comunicado, la CCAPAC ha afirmado que la elección de la lengua vehicular "se convertiría, sin duda, en un elemento de segregación entre los alumnos que pondría en riesgo la convivencia en nuestras escuelas y en nuestras comunidades educativas" y que generaría "adicionalmente, problemas organizativos de magnitud".

"Hemos defendido y seguiremos defendiendo el modelo de inmersión lingüística en catalán como modelo de éxito que ha contribuido decisivamente a la integración y la cohesión social en las escuelas y en el país, formando personas competentes lingüísticamente tanto en catalán como en castellano", añaden desde la CCAPAC.

En otro comunicado, la Plataforma per la Llengua considera una "ocurrencia incendiaria" que el Gobierno estudie incluir una opción lingüística en la preinscripción escolar, y ha rechazado que se separe a los alumnos en función de la lengua.

Su presidente, Òscar Escuder, afirmó el jueves que si este hecho se llegara a producir se rompería un consenso de más de tres décadas en el que el catalán ha actuado como lengua común y herramienta de cohesión social.

La Plataforma per la Llengua considera que esta medida, en la práctica, "no se podría aplicar y solo comporta la irresponsable voluntad de atizar un incendio social". 

Hasta el propio presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, se ha referido a este asunto. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Puigdemont ha escrito: "Mientras el Estado sobrealimenta con la mano derecha el nacionalismo español e intenta dividir a los alumnos catalanes por su lengua, con la mano izquierda esconde como 'secreto de estado' todas las informaciones sobre el imán de Ripoll".

"Pero el catalán resistirá. Y la verdad se impondrá", concluye en su mensaje Puigdemont, que acompaña con la reproducción de otros tuits, entre ellos uno de ayer del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que señala: "comparto con Societat Civil Catalana el anhelo por fomentar la cohesión y la convivencia entre los ciudadanos en Catalunya".

Estas reacciones se suman a la que ayer, jueves, expresó Ramón Font, el portavoz de USTEC, sindicato mayoritario entre los profesores de la escuela pública en Catalunya. Font advirtió de que no descartan nada para parar "el ataque" a la inmersión lingüística en Catalunya, "la política más exitosa en educación". "Han traspasado una línea roja", dijo Font.

Los críticos con la amenaza del Gobierno consideran, en definitiva, que con esta idea el Gobierno quiere recuperar la idea de "españolizar" a los alumnos catalanes que en 2012 puso sobre el tapete el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert. La LOMCE, la ley de Educación que impulsó Wert, establecía que el castellano no puede ser excluido como lengua escolar y abría la vía a que las familias que quisieran que sus hijos recibieran clase en castellano pudieran matricular a sus en un colegio privado y pasar luego la factura a la Generalitat. Según eldiario.es, en 2016 sólo 150 familias en toda Catalunya se acogieron a esta medida.