El Gobierno andaluz prosigue con su estrategia de modificar la normativa urbanística y ambiental sin un debate público en condiciones mediante disposiciones inmersas en decretos-leyes, un instrumento normativo previsto para casos de urgencia y que el presidente Juanma Moreno y su gabinete vienen utilizando desde hace un año en realidad como un comodín político: van ya 35 en apenas un año y un mes.

En esta ocasión, ha modificado la Ley de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía, conocida como Gica, en una dirección que, según Ecologistas en Acción, supone una "arbitrariedad", es "inconstitucional" y un nuevo "retroceso" que "vulnera normativas estatales y europeas".

En el decreto 3/2021 –preparado para eliminar lo que PP y Ciudadanos llaman "trabas" que contribuyan a "simplificar" los procesos administrativos y que para la oposición esconde la intención de eliminar controles para favorecer a las patronales– convalidado a finales de febrero pasado en el Parlamento por Vox, PP y Ciudadanos, el Ejecutivo andaluz incluye un nuevo apartado en la Gica que reza así: "El Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano sustantivo, en circunstancias excepcionales y mediante acuerdo motivado, podrá excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto".

El gabinete de Moreno, un presidente que cada vez que tiene ocasión reivindica tener sensibilidad ecologista, sostiene que lo que han hecho es limitarse a trasponer a Andalucía la legislación estatal en la materia, que permite al Consejo de Ministros hacer eso mismo, con las mismas palabras, y que prevé además que las CCAA regulen este asunto. 

Sin embargo, la ley estatal recoge algunas cautelas más que no recoge la ley andaluza. Por ejemplo, una muy importante: que se debe "comunicar" a la Comisión Europea antes de autorizar el proyecto las razones por las que se elimina la protección.

Para Ecologistas, la previsión recogida en la ley andaluza es muy preocupante: "La principal diferencia [de la ley estatal] con lo incluido en el nuevo decreto andaluz es que dicha exención debe ser motivada, publicada y cumplir una serie de condicionantes que la ley estatal recoge en varios artículos posteriores que no se han traspuesto en Andalucía. Por ejemplo no puede eximir de evaluación ambiental a los proyectos previstos en espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000, que supone el 30% de la superficie de Andalucía, en aplicación de la Directiva Hábitats".

En el artículo 8 de la Ley 21/2013 estatal de Evaluación Ambiental se pueden ver todas las cláusulas que establece la norma estatal que no recoge la andaluza. 

Recursos ecologistas

La ONG ya ha anunciado que recurrirá los proyectos que la Junta de Andalucía apruebe eximiendo de los trámites de evaluación ambiental de acuerdo a la nueva legislación.

Esta modificación de la Ley Ambiental y su interpretación ha causado también un rifirrafe público reciente entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. En la red social Twitter, la ministra de Transición Ecológica amonestó  al gabinete de Moreno por el cambio en la Gica: "Así no... Confío en una rápida rectificación de la Junta de Andalucía. Sin medio ambiente no hay progreso. Es más, una de las condiciones de acceso a fondos europeos es, precisamente, demostrar que su aplicación no genera daño ambiental". El Gobierno andaluz replicó airado: "Esperamos que sea un lapsus, Teresa Ribera, de lo contrario sería preocupante que una ministra no conociese la normativa aprobada por el Estado. La Junta de Andalucía reproduce la Ley 21/2013. ¡Así no!".

Además, el mismo decreto-ley de Moreno establece que habrá "proyectos financiables total o parcialmente mediante fondos europeos" a los que se aplicará la exención de la evaluación ambiental sin necesidad siquiera de que actúe el Consejo de Gobierno. Así, en la disposición adicional tercera el decreto establece que "se entenderá que concurren circunstancias excepcionales […] en el caso de los proyectos financiados total o parcialmente mediante los fondos europeos cuando se trate de meras modernizaciones o mejoras de instalaciones ya existentes que no supongan construcción de nueva planta, aumento de la superficie afectada o adición de nuevas construcciones ni afección sobre recursos hídricos y entre cuyos requisitos se incorporen para su financiación y aprobación la mejora de las condiciones ambientales, tales como la eficiencia energética o del empleo de recursos naturales, la reducción de su impacto ambiental o la mejora de la sostenibilidad de la instalación ya existente".

Para Ecologistas en Acción, esta previsión supone "una exención, a priori y en bloque, que vulnera normativas estatales y europeas".

Para la ONG, estos cambios son "un nuevo retroceso" después del "decretazo" aprobado por Vox, PP y Cs en plena primera ola de la pandemia y que fue recurrido por la oposición ante el Tribunal Constitucional. Esa norma, según Ecologistas, entre otras cosas, "exime de cumplir requisitos urbanísticos como la formulación de Proyecto de Actuación para ciertas actividades, trámite que permitía a los Ayuntamientos poder controlar la edificación y también la implantación de actividades no primarias  en suelo no urbanizable, mediante la declaración o no, de interés social".